El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1 con Competencia Electoral dictó este martes 8 de octubre una resolución que prohíbe al gobierno del intendente Nicolás Ducoté, en Pilar, poner en marcha una serie de planes sociales que contemplan la entrega de subsidios. En el fallo, María Romilda Servini de Cubría, jueza federal con competencia electoral, ordena al jefe municipal y a su jefe de Gabinete, Juan Pablo Martignone, “que se abstengan de disponer fondos de la tesorería del municipio (…) para el cumplimiento de los programas establecidos” en una serie de decretos.
La medida se da luego de que, hace unos días, se filtrara un audio que comprometía a Ducoté, a Martignone y a los funcionarios de la gestión de Cambiemos. Se trata de una conversación en la que el jefe comunal define con su equipo la estrategia para intentar revertir el resultado de las PASO, en las que perdió por 15 puntos. En ese extenso audio de 54 minutos, que se publicó en medios locales y al que accedió PERFIL, se lo escucha al jefe municipal planear la distribución de planes sociales a posibles votantes de Juntos por el Cambio y hasta el "arreglo" de fiscales de mesa de cara a las elecciones del 27 de octubre.
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Tras la difusión del mensaje, el apoderado del Frente de Todos, Guido Bordachar, realizó una denuncia ante la Justicia en donde se adjuntó ese material y se mostraron dos mensajes más en donde se ofrecerían "microcréditos u otros bienes a cambio de votar por el actual intendente Nicolás Ducoté”, de acuerdo a los considerandos de Servini de Cubría. En este marco, la magistrada consideró que los programas sociales en marcha podrían “redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos más postergados del Municipio, en razón de que podría atentar contra su derecho a elegir libremente”.
La jueza resolvió, en consecuencia, “disponer orden de restricción, en forma preventiva y previa a la decisión de fondo en autos, al Sr. Intendente del partido de Pilar, Nicolás Ducoté y a su jefe de gabinete, Juan Pablo Martignone, al solo efecto de que se abstengan de disponer de fondos de la Tesorería del Municipio", en referencia al dinero destinado a "los programas establecidos en los decretos 2845/19 (de Asistencia Directa a Estudiantes); 2846/19 (de Fomento del Trabajo); 2847/19 (Programa para Discapacitados); 2848/19 (Programa para el adulto mayor); y 2849/19 (Programa para niños escolarizados)".
De acuerdo a la denuncia, se trata de cuatro programas municipales en los que, entre 3 o 4 veces al año, se puede solicitar un subsidio de entre 3000 y 4000 pesos. "Cada programa tiene límites de pedido por familia. Los requisitos son los mínimos. Estamos tratando que solo traigan el DNI de las personas. Estamos tratando de armar procesos que permitan dar cheques para ir a cobrar en un plazo de entre 5 y 7 días. Tesorería emitirá cheques para que la gente los pase a buscar por la Municipalidad y también para cada uno vamos a emitir un vale que haremos a los encargados de escuelas para que se lo lleven a las familias", se escucha en la conversación privada de Ducoté y Martignone.
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Del audio se desprende con claridad esta frase: "Estamos armando para que en 7 días vos, encargado de mesa, puedas volver con un vale y le digas a la persona ‘andá a la Municipalidad, hay un cheque para vos’. Eso cierra un vínculo muy fuerte si logra cumplir". El intendente admitió, en diálogo con PERFIL, la veracidad de la charla, en la que participan otros miembros de su equipo, pero alertó que el objetivo de la filtración es "ensuciar la campaña". "No incluye el debate completo de lo que fue una reunión después de las PASO donde se plantearon ideas que ninguna fue aplicada hasta el momento", especificó.
No sería esta la primera vez tras las PASO de este tipo de accionar. Según publicó hace poco el diario Ámbito Financiero, el Gobierno habría destinado $650 millones al pago de un subsidio oculto de $5.000 a más de 100 mil desocupados y sólo canalizado a través de municipios y dirigentes locales afines. El pago habría quedado garantizado a través de una resolución subterránea del Ministerio de Producción y Trabajo, que desde entonces habrían comenzado a gestionar candidatos a intendentes y concejales de Juntos por el Cambio en casi todo el país, con especial foco en la provincia de Buenos Aires.
Esta semana, se pudo ver, además, la imagen del intendente del partido bonaerense de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, apareció en la boleta mensual que llega a todas las viviendas del municipio y generó polémica por el uso de este instrumento para la campaña electoral.
A.B./H.B.
