Al igual que los rieles de los tranvías, los vagones de madera de la línea A de subtes y los colectivos, los adoquines representan un inconfundible símbolo de porteñidad. Sin embargo, todo parece indicar que tienen sus horas contadas: en los próximos días, el Gobierno de la Ciudad estaría en condiciones de presentar en la Legislatura un proyecto de ley que tendrá como eje el retiro paulatino de los adoquines de unas 5 mil cuadras –el 21% del total de la Ciudad– porteñas. La tarea recaería sobre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Pero más allá de su valor nostálgico, los adoquines son patrimonio cultural de la Ciudad, según establece la Ley 4.806/13. Según pudo averiguar PERFIL, el futuro proyecto buscaría “dar mayor poder de decisión” al Ejecutivo para determinar si una calle debe ser asfaltada o no.
Entre las razones que se barajan para impulsar esta iniciativa, distintas fuentes coinciden en destacar la cantidad de parches que presentan algunas calles adoquinadas y la reducción de costos que implica asfaltar una calle, en lugar de reemplazarlos o repararlos: reparar una calle adoquinada sería nueve veces más caro que desparramar asfalto sobre la superficie, aseguran fuentes del sector. Otro problema que surge es la falta de artesanos especializados o de operarios que sepan cómo colocarlos.
El futuro proyecto de ley contemplaría también un posible destino para los adoquines removidos, ya que la ley vigente no lo especifica. Si bien algunos de ellos ya se reubicaron en plazas y espacios públicos de los barrios Cildáñez y Fátima, en el sur porteño; y en algunas calles de las villas 21-24 y la 31, según varias denuncias de organizaciones vecinales, muchos otros fueron comercializados a través de internet o utilizados en barrios cerrados del conurbano bonaerense.
Alerta. Expertos señalan que, además del valor patrimonial, los adoquines son de gran utilidad para drenar el agua de la lluvia, son reductores naturales de velocidad de los autos y, durante las noches de verano, disminuyen las temperaturas, lo que permite ahorrar energía.
Varios entes y legisladores de la oposición aseguran que la Ciudad resta protección al patrimonio histórico comunal: “Cambiaron la protección a pasajes, cortadas y pequeñas calles (vías terciarias), y las comunas nunca hicieron el inventario que marca la ley”, señala Gustavo Vera, legislador por Bien Común, que pone dos ejemplos concretos: el pasaje 5 de Julio, junto a la iglesia de Santo Domingo, en Montserrat; y San Ireneo, en Caballito, que también es eje de otra polémica con vecinos (ver aparte). “En Montserrat quitaron la arena que existía debajo de los adoquines para poner una cama de cemento. No sólo es un cambio patrimonial, sino que afecta al medio ambiente, ya que disminuye la capacidad de escurrimiento del agua. En San Ireneo, por ejemplo, taparon con asfalto los adoquines. Presentamos un amparo que frenó la obra un tiempo, pero la Justicia dio marcha atrás y la obra siguió”, indica Vera.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, por su parte, señalan que las calles empedradas “siempre fueron un problema para la gestión del PRO en la Ciudad”. Para Jonatan Baldiviezo, titular de la ONG, “no resulta extraño que también se estén retirando los granitos que forman los cordones de las veredas”, que son reemplazados por cemento. “Primero, se toparon con la Ley 65, que protegía las calles adoquinadas que alimentaban a las avenidas principales, con lo que una gran cantidad de arterias ya estaban protegidas. Con la ley siguiente se determinó que la protección alcanza también calles cortas, pasajes y cortadas, con lo que el alcance disminuyó drásticamente”, agrega Baldiviezo.
“Llama la atención la forma de actuar del gobierno, ignorando a las comunas; además de interponer cuestiones de costo o rapidez en las obras sobre las patrimoniales o de cuidado del medioambiente. La Ciudad cada vez está más estandarizada: las calles, plazas, parecen todas iguales. Los barrios van perdiendo identidad”, afirma, contundente, Luis Cúneo, ex integrante de la Junta Comunal 15 y amparista del decreto que logró implementar la Ley 4.806.
El asfalto sumó una polémica al pasaje San Ireneo
Además de la polémica que se generó en torno a la construcción de un complejo edilicio en el pasaje San Ireneo y Rosario, donde antes funcionaba el colegio Santa Rosa, en pleno Caballito, los vecinos no salieron de su asombro cuando vieron que los clásicos adoquines del pasaje fueron tapados por asfalto.
Con un tercio de la superficie de la calle asfaltada, Gustavo Vera (Bien Común) presentó una medida cautelar para frenar las obras. Si bien al principio el juez Víctor Trionfetti falló a favor del amparo a principios de marzo de este año y ordenó “la inmediata suspensión de toda obra vinculada con la remoción, retiro o sustitución de adoquines en toda la traza dela calle”, unos días después la Justicia porteña resolvió no hacer lugar a la cautelar.
El nuevo fallo del Juez Martín Converset, titular del juzgado N° 5 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, rechazó la medida solicitada por Vera por entender que no se acreditó que el pasaje figure en el catálogo definitivo de calles construidas con adoquinado granítico que se encuentren protegidas por su valor patrimonial. Actualmente el pasaje se encuentra asfaltado en su totalidad.
