El médico acusado de haber sido quien filtró las fotos del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado comenzará a ser juzgado a partir del 8 de octubre próximo.
El juicio estará a cargo de la magistrada Eva Parcio de Seleme, quien llevará adelante el proceso por las fotos que tomó el médico el 17 de octubre de 2017 durante el examen preliminar del cadáver realizado en la Morgue Judicial.
El médico acusado es de la Policía Federal y su nombre es Werther Aguiar, quien fue autorizado en ese momento por el juzgado, junto con el secretario Leonardo Barzini y al perito de parte de la querella, Alejandro Inchaurregui, para tomar fotografías.
Pocas horas después de lo acontecido dentro de la morgue, las imágenes del cuerpo sin vida de Maldonado habían sido viralizadas por diversas redes sociales, al punto de ser publicadas en medios de comunicación.
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Según los testigos, fue Aguiar quien había mostrado las imágenes en la guardia del hospital primero, y las habría hecho circular a través de WhatsApp después. De esta forma, el médico quedó imputado por el presunto incumplimiento de la obligación legal de guardar secretos derivada de su doble función de médico y funcionario policial.
Otra prueba contundente es la que surge del video de la autopsia donde se lo ve a Aguiar tomar fotografías y desde ángulos que luego coinciden con aquellas imágenes divulgadas. A la vez, cuando se le intentó secuestrar su teléfono en su momento, Aguiar entregó otro aparato, distinto al que había utilizado, y que era de su hijo menor de edad.
Para la fiscalía, el derecho a la intimidad "quedó vulnerado en el momento que las fotografías del cuerpo fueron exhibidas a personas que no habían participado del examen del cadáver", y sobre todo cuando esas imágenes "tomaron estado público como consecuencia de la difusión generalizada que posibilitó el imputado una vez que las envió a sus contactos de la red de mensajería".
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El 6 de septiembre pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la investigación para determinar las causas que derivaron en la muerte del artesano en el marco de un operativo de represión contra una protesta mapuche por parte de Gendarmería Nacional.
Al respecto, los camaristas consideraron que "se investigó una única hipótesis delictiva sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión de personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río (Chubut) con Maldonado".
En las 15 páginas que tiene el documento judicial al que accedió la agencia NA, el tribunal patagónico revocó la resolución del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, aunque descartó que se haya producido una desaparición forzada del joven tatuador, primera hipótesis de la familia y las agrupaciones de derechos humanos.
Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 luego de un procedimiento realizado por Gendarmería para desalojar la ruta 40 de una protesta mapuche en la comunidad denominada Pu Lof en Resistencia Cushamen, y su cuerpo apareció 77 días más tarde en el río Chubut.
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En primer término, la Cámara revocó el sobreseimiento del gendarme Echazú, dado que como hipótesis los camaristas establecieron la posibilidad que Maldonado fuera abandonado por personal de la fuerza de seguridad cuando había ingresado a las aguas del Río Chubut.
En su fallo, el Tribunal descarta la sospecha de que Maldonado haya sido capturado por Gendarmería en el operativo para desalojar la ruta o bien que fue golpeado, ya que existen "inconsistencias de dichas versiones, así como la ausencia de pruebas en datos objetivos".
Ello se desvanece "en tanto sostenerla implicaría no sólo considerar que Maldonado fue golpeado y sacado del predio, si no que luego fue llevado nuevamente hasta el Pu Lof sin que, pese al estado de alerta reinante, alguien lo advirtiera, para luego depositar su cuerpo ya sin vida en el río o darle muerte en el mismo".
Incluso, al valorar la autopsia que dice que la muerte fue asfixia por sumersión sumado a las bajas temperaturas, para los jueces es "indudable que tal resultado permitió disipar aquella versión que colocaba a Gendarmería como interviniente directo en el hecho".
"Una de las pruebas científicas más relevantes para el diagnóstico de muerte por sumersión, es la identificación de diatomeas, algas unicelulares eucariotas, en las cavidades cardíacas y órganos de la víctima", concluyó el Tribunal.
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"La autopsia reveló datos concretos que contribuyen a desestimar la intervención directa de terceras personas en la muerte de Maldonado. Sus ropas no presentaban desgarros, roturas, ni signos de arrastre, erigiéndose en un dato relevante la ausencia de lesiones externas, ni signos compatibles con medidas de sujeción", sostuvo la Cámara.
No obstante, la Cámara le ordena al juez una batería de medidas como ser una aproximación más exacta al día en que murió Maldonado, que se evalúen si las lesiones en la cabeza que presentaba el cuerpo podría ser producto de un depredador de la zona, el por qué de la presencia de polen en sus ropas cuando todo hace pensar que no permanecen ante la corriente de agua y el viento, y hasta cuánto tiempo estuvo sumergido un bastón metálico retráctil y billetes que se encontraron entre las pertenencias del joven.
La Cámara también ordenó una reconstrucción virtual de los hechos con presencia de todas las partes y volver a citar como testigo al mapuche Lucas Pilquiman, el último que lo vio con vida a Maldonado ese 1 de agosto de 2017.
MS/ CP
