El próximo 30 de marzo se leerán los fundamentos de la sentencia del juicio de Once, que supuso la condena de 21 personas, entre ellas funcionarios, empresarios y el maquinista. Pero el proceso será largo ya que allí se abre otra etapa: cada una de las partes podrá apelar, y entonces será el turno de Casación de resolver si confirma o rechaza cada apelación. Luego queda el recurso de acudir a la Corte Suprema.
Lo que también se abre ahora, además de la continuación del proceso penal, es la parte civil: las demandas que tanto los familiares de las víctimas como los sobrevivientes tienen derecho a hacer, y por las cuales el Estado nacional deberá asumir en algunos años costos millonarios para el pago de las mismas; ya que ni Ricardo Jaime ni Juan Pablo Schiavi, los dos ex secretarios de Transporte nacional condenados, ni los gerentes de TBA, cuentan con los patrimonios para absorber dichas demandas, y la empresa TBA, de los hermanos Cirigliano, se declaró en quiebra.
Desde la querella de Gregorio Dalbón, las acciones civiles ya se iniciaron hace un año y medio con un pedido de $ 1.200 millones para el resarcimiento de 366 personas, entre sobrevivientes del accidente y la familia de una víctima.
“Nos basamos en el daño moral de cada víctima y en los gastos futuros que va a tener cada una por daño moral, físico y psicológico”, explica el abogado, que apunta también al gremio La Fraternidad, al que pertenece el maquinista Marcos Córdoba, al que el TOC Nº 2 impuso una pena de tres años y seis meses.
Tras el fallo, ahora comienza la etapa de las demandas civiles al Estado nacional
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