La universidad es un ámbito que nos interesa especialmente para el análisis sobre violencia de género, espacio donde se ubica el Programa contra la Violencia de Género (PcVG), actualmente Dirección de Género y Diversidad Sexual, de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). En tanto que al PcVG le preocupan las y los estudiantes en su integralidad, nos ocupamos de cualquier situación de violencia de género que puedan padecer las mujeres y cualquier hecho de discriminación que pueda sucederle a la población estudial.
El Campus de la Unsam es un predio cercano a la General Paz, una autopista que divide a la Ciudad de Buenos Aires de distintos partidos de lo que se conoce como Gran Buenos Aires, entre ellos el Partido de General San Martín. Nos interesaba conocer la percepción que tienen los/as estudiantes sobre el nivel de seguridad que les otorga el predio –que se encuentra en una zona no céntrica y con gran cantidad de espacios deshabitados y zonas no residenciales en sus inmediaciones– y la institución en sí misma, en relación con la violencia de género. La idea de que la universidad es un lugar que hace sentir “seguras” a las personas, en relación con la violencia de género no es compartida por los/as estudiantes. Donde hay una mayor concentración de acuerdo es en “Algo de acuerdo” con un 33%. Si a esto le sumamos otros grados de acuerdo alcanza un total de 58%. Luego hay un 16% que no está de acuerdo ni en desacuerdo y un 18% que está “Poco de acuerdo” sumado a un 4% que no está “Nada de acuerdo”. Es decir, no hay una opinión compartida de que la universidad sea un lugar seguro. (Gráfico 1).
Estudio. El Programa contra la Violencia de Género (PcVG), a partir de cursos de capacitación, materias de grado y campañas de sensibilización sobre la temática, trabaja en pos del bienestar general y en contra de las situaciones de violencia de género o de cualquier otro tipo. Esto es reconocido por la población estudiantil; el PcVG es un espacio conocido por los/las estudiantes en un 45% de los casos. Si bien aún falta un mayor trabajo de posicionamiento institucional –entendido como una mayor sensibilización de todos los claustros y trabajo en clave feminista–, a través de los resultados de la encuesta podemos observar que su desempeño, en tanto espacio de ayuda ante situaciones de violencia de género y por orientación sexual, es ponderado positivamente por las/los estudiantes.
Frente a la posibilidad de responder a más de una opción, el PcVG aparece como el espacio predilecto, al cual le solicitarían ayuda o consejo frente a situaciones de discriminación, hostigamiento o abuso de género dentro de la universidad en un 54%. Las otras dos instancias a las cuales concurrirían por ayuda o consejo son vínculos afectivos cercanos, amigos, en primer lugar, y familia, en segundo lugar. (Gráfico 2.)
Esto permite pensar dos cuestiones, por un lado, que el PcVG se ha posicionado en cuatro años de incesante trabajo –aunque aún falta que sea conocido en mayor medida por toda la población estudiantil– como un espacio efectivo para hacer frente a las denuncias y dar contención dentro de la institución. Por el otro, la creación del PcVG y el hecho de que los/as estudiantes lo reconozcan y consideren como un ámbito óptimo para acercar sus inquietudes y denuncias sobre abuso y acoso a causa de género y orientación sexual, en detrimento de hacerlo con sus vínculos afectivos directos (compañeros y familiares), nos habla de que la sexualidad ya no es vista como un tema privado sino que, tal como explica el investigador del Conicet, Rafael Blanco, se ha instalado dentro del imaginario colectivo de la universidad que la vida universitaria se conforma en sus lazos cotidianos entre sujetos racializados, genéricos y sexuados. En otras palabras, hubo un corrimiento de la dicotomía público y privada, en términos de la perspectiva liberal.
Solución. Por último, con respecto a lo que debería hacer la Unsam frente a una situación de violencia de género en la que se encuentre involucrada alguna persona de la universidad se realizó una pregunta abierta. El mayor porcentaje estableció “la contención de la víctima”.
En términos generales los porcentajes apuntaron a la intervención de la universidad y al trabajo con quien padeció violencia.
Respecto a qué debe hacer la universidad con quien discriminó y/o abusó por género u orientación sexual, lo que aparece mayormente es la toma de medidas punitivas en un 79%: expulsión 24%, sanción o suspensión 13%, denuncia pública y/o judicial 8%, expulsión o sanción acompañada de exposición pública o judicial 9% y un 25% hizo referencia a la aplicación de sanciones, pero teniendo en cuenta la dimensión de los hechos. Quienes apostaron a la toma de medidas pedagógicas y/o psicológicas con la persona que perpetró violencia fueron solo un 7% y quienes opinaron que se debían tomar medidas pedagógicas/psicológicas y punitivas para con esa persona representaron un 8%.
Es decir, lo que prima es un discurso punitivista en torno a quien discrimina y/o abusa por género y se descartan opciones pedagógicas y psicológicas con esa persona, aun cuando se reconoce que la causa principal de la violencia es cultural. Este dato amerita nuevos interrogantes respecto a cómo y qué se está formando como opinión pública en relación con la violencia de género.
Asimismo, se desconoce que en tanto que la violencia es una práctica extendida culturalmente, el modo de resolución, desde nuestra perspectiva, es a partir de estrategias educacionales y de un cambio cultural.
*Autora de Pensar (nos) desde adentro. Representaciones sociales y experiencias de violencia de género, Unsam Edita.
