Una semana después del fallo que abrió un nuevo capítulo en la disputa por Canal 9 y FM Aspen 102.3 en los tribunales de Estados Unidos, la pugna entre el empresario mexicano, naturalizado estadounidense, Remigio Ángel González González, y el argentino Víctor Loréfice Lynch, solo promete escalar. Mientras se agotan las instancias al otro lado del continente, en Argentina ambas partes ya diseñan sus estrategias para ganar el duelo en la opinión pública. Los dos saben que se trata de una batalla en la que política e imagen no están ajenas y lo que resulta en una victoria en el Norte, podría desatar consecuencias legales de este lado del mapa.
González González y Loréfice Lynch podrán hoy no compartir vínculo personal alguno -el fallo judicial ubica el punto de quiebre en febrero de 2018- pero aún tienen algo en común, más allá de la disputa sobre el control de acciones en Belleville Holdings, propietaria del canal y la radio en Argentina: su culto al bajo perfil. Eligen no hablar en público lo que no significa que no se expresen a través de terceros. Y allegados de uno y otro lado comentaron a PERFIL que se manifiestan sorprendidos con la decisión de la Corte del estado de Delaware, donde se constituyó la firma que adquirió, en enero de 2007, el control de las acciones de mano de Inversora de Medios y Comunicaciones, de Daniel Hadad.
El entorno del argentino califica el fallo como extremadamente duro. Lo rechazan y prometen apelarlo. Aseveran que algunos de los extractos de las 130 páginas en inglés se difundieron en estos días en Argentina en un marcado intento por minar su credibilidad. Y entienden que la política no está ausente en este duelo donde medios y afinidades se cruzan cuando Loréfice Lynch apuesta a una expansión en sociedad con el Grupo Octubre, del dirigente sindicalista Víctor Santa María, planes que sostienen. En el medio, hay en juego fuentes laborales que no predominan en el ámbito periodístico nacional.
El fallo podría abrir un capítulo local por un supuesto esquema fraudulento
Del lado de González González, por supuesto, lo niegan. Declaran, con reserva, que la lectura del fallo los favorece para seguir ese litigio a lo largo de las instancias judiciales que restan en el Norte —la revisión del fallo en la misma Corte que se expidió y una eventual apelación ante la Corte Suprema de Delaware—y que, una vez firme la decisión judicial —o anulada la medida cautelar impuesta el 5 de junio pasado en Estados Unidos mientras se extienda el desacuerdo—, retomarán el control en la Argentina. Anticipan que el estadounidense promete invertir en el país como lo hizo en el pasado y que está dispuesto a respetar los acuerdos alcanzados en buena fe. Que no viene a pelearse con nadie, aclaran. Y respetará las fuentes de trabajo.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sigue la disputa como espectadores en un partido de ping-pong, sabiendo que serán los últimos en definir la titularidad de Canal 9 y FM Aspen 102.3. Los abogados de González González hablan de una futura auditoría que determine hasta donde llegan los intereses en juego, una vez que el fallo quede firme. Puertas adentro del organismo regulador arriesgaban, en un comienzo, que la intención del empresario extranjero sería vender su titularidad o parte del paquete accionario para amoldarse al máximo permitido del 30% que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el capital foráneo.
El futuro de Canal 9 podría definirse recién en 2021
No obstante ello, elartículo 25 en el inciso C de la norma reserva un apartado para los países con tratados de inversión recíproca en inversiones con la Argentina, como Estados Unidos. De hecho, hay antecedentes, aceptados por la autoridad regulatoria de dos gobiernos de signo opuesto: Direct TV, durante la administración de Cristina Kirchner, en 2013, y Viacom, con Telefé, en 2017, en la gestión de Cambiemos. González González obtuvo la ciudadanía estadunidense hace dos años por lo que estaría habilitado a retener la titularidad que no podía tener antes.
En su círculo, anticipan que planea cumplir con los trámites que correspondan ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Enacom. No obstante ello, el fallo judicial en Delaware podría abrir un capítulo diferente si las autoridades nacionales leen las maniobras en torno a la titularidad de estos medios como un esquema fraudulento en perjuicio del Estado y no solo en clave de una disputa societaria. Por ahora, en el Enacom, se limitan a observar.
¿Consecuencias legales?
En su resolución del litigio, la denominada Corte de Equidad de Delaware estableció que González González es propietario del 5 por ciento de Belleville Holdings mientras que Televideo —su firma en Estados Unidos—, concentra el 85 por ciento. Lo definió junto con Juan Pablo Alviz como co-gerenciadores de Belleville, aunque rechazó expedirse acerca de la representación legal en Argentina, entendiendo que corresponde a las autoridades locales. También determinó que Loréfice Lynch no tiene control accionario alguno sobre la firma, ni es miembro o gerenciador. A lo largo de sus 130 carillas, es categórica al describir al argentino como el arquitecto de una presunta e intrincada trama de engaños mediante documentos con el único objetivo de quitarle el control legal de la firma a González González en lo que precisa como "una apropiación indebida de la confianza".
No obstante ello, el núcleo duro de la defensa de González González en Estados Unidos a través de su propio testimonio y el de testigos, como su hija Morelia —señalada como secretaria de Belleville Holdings— y la ex directora de Legales de Telearte, Liliana Silvia Casaleggio -cuyo testimonio trataron de impugnar los abogados de Loréfice Lynch-, radica en el diseño de una trama para ocultar el verdadero origen de Belleville al Estado argentino. Una "fachada", lo llama la Corte, cuyos alcances legales, "si esta trama podría ser, de hecho, fraudulenta o incluso criminal bajo la ley argentina", es algo que corresponde resolver a las autoridades de este país más allá de la disputa societaria en Delaware.
"Bajo la política pública fundamental y principios de equidad, la Corte debe evitar ser cómplice de un plan ilícito. Aquí, González y Lynch acordaron identificar a Lynch como miembro del 65% de Belleville, tanto en documentos públicos como privados, en un esquema para eludir las regulaciones argentinas y engañar a los reguladores argentinos", esgrime el fallo. "Las partes debatieron en cuanto a si este acuerdo falso podría ser considerado ilegal en Argentina o si requeriría una acción correctiva por parte de los reguladores argentinos", añadió. De los testimonios y pruebas presentadas, entiende que "las partes coinciden en que necesitaban mantener este acuerdo en forma secreta de los reguladores argentinos porque la falsa estructura de propiedad no hubiera estado en regla con la ley argentina".
La clave, a lo largo de todo el proceso, es la existencia de un contradocumento que los representantes de Loréfice Lynch alegan que nunca se firmó y cuyo original jamás se presentó en la disputa.
En dicho convenio, acorde al testimonio de González González y testigos de su parte que dieron fe de su existencia, se determinaba que toda la operatoria de venta del 65% de Belleville era solo en apariencia. El propio empresario estadounidense reconoció, ante la jueza, que jamás hubiera accedido a firmar ninguno de esos documentos sin la existencia de una salvaguarda: "Antes que nada, queríamos asegurarnos de que la propiedad seguiría siendo nuestra", consta en el fallo.
Además, se especifica que "la idea o el espíritu nunca fue que [Lynch] fuera un accionista. La idea era que, para satisfacer los requerimientos legales de la Argentina, [los documentos] se firmarían pero [González y Televideo] seguirían siendo los dueños". Insiste en que nunca hubo una intención real de transferir la propiedad al empresario argentino. Y enumera otras operatorias similares puestas en práctica en las Bahamas y en Panamá para Belleville Investments y Worldwide Features Inc, respectivamente, a cargo de Loréfice Lynch.
Los abogados de González González se ciñen a la lectura del fallo que apunta a un engaño. Explican que el empresario estadounidense no es un abogado para entender la trama enmascarada en los documentos que le presentaba Loréfice Lynch y que su gerenciamiento era solo a través de terceros, a la distancia. Incluso se admite, a lo largo del texto de la corte, que no leyó con detenimiento lo que firmaba o lo revisó de forma personal.
Por su parte, y pese a creer en la versión de González González por sobre la de Loréfice Lynch, la magistrada no le atribuye una participación tan indirecta "en el gerenciamiento de Belleville desde su gestación". Al contrario, acepta que puede haber delegado en otros pero siempre "tomando las decisiones finales para la compañía". Hasta dónde escala esa responsabilidad frente a la irregularidad respecto a la ley argentina es un sendero que la corte estadounidense no puede transitar.
Un litigio de trece meses
El 14 de mayo de 2019, luego de una serie de movidas cruzadas por ambas partes ante la IGJ, el Enacom y el estado de Delaware, Loréfice Lynch presentó una demanda contra González González, Televideo Services Inc, Alviz y Fernando Contreras por su intento de quitarle el 65% de las acciones que defiende haber adquirido de común acuerdo con el empresario. Sus representantes argumentan que el argentino tributa ante el Estado por esos activos.
Casi treces meses, doce testigos y 163 pruebas documentales después, la Justicia se inclinó, con las salvedades citadas, a favor de González González. "Este caso presenta una de las más duras dicotomía del tipo 'él dijo-él dijo' —indicó—. La evidencia documental, en apariencia, respalda la versión de Lynch. Si uno acepta su historia como verdadera y desacredita el testimonio de numerosos testigos, entonces esos documentos hablan por sí mismos y la disputa sobre la propiedad se resuelve fácilmente".
Sin embargo, las Cortes de Equidad, una rareza aún dentro del denominado Common Law en la actualidad, no se rigen solo por la ley sino también por el criterio del magistrado. Y en este caso, la jueza declaró que el estadounidense González González exhibió una solidez mayor en su planteo sobre la base de su trayectoria y los testimonios. Y que si esos documentos de Loréfice Lynch apuntalan su propiedad es porque fueron creados con ese fin en un intento por acomodar la propiedad de Canal 9 y FM Aspen 102.3 a los requerimientos de la ley, concluyó.
Con la disputa legal aún en marcha, tanto en el entorno de González González como de Loréfice Lynch hablan de meses de litigio por delante. Ninguno de los dos parece dispuesto a renunciar hoy a su demanda. Y el último capítulo de la trama podría terminar de cobrar forma en 2021 en la Argentina.
