Desestiman una denuncia que buscaba anular indemnizaciones a herederos de víctimas del terrorismo de Estado
El juez federal Daniel Rafecas cerró una causa impulsada en 2019 donde se cuestionaban las reparaciones económicas pagadas en el caso del intento de copamiento de un regimiento militar de Formosa, en 1975. El fallo debilita uno de los ejes discursivos del gobierno de Javier Milei, según se evaluó en la mesa del programa "Desde el canil".
Un caso de revisión de indemnizaciones a herederos de víctimas del terrorismo de Estado fue desestimado por el juez federal Daniel Rafecas. Se trata de una denuncia presentada en 2019 por Jovina Luna, la hermana de Hermindo Luna, uno de los conscriptos que murió en el ataque a un regimiento militar de Formosa en 1975. Impulsada por la organización Justicia y Concordia, la denuncia buscaba que se revean las reparaciones económicas otorgadas a los familiares de los guerrilleros de Montoneros caídos en dicho intento de copamiento. El enfrentamiento armado dejó un saldo de 13 guerrilleros y 9 militares muertos.
Según relató la periodista Luciana Bertoia en "Desde el canil", el fallo representa un golpe judicial a uno de los discursos más repetidos por el oficialismo: el supuesto “curro de los derechos humanos”.
Bertoia opinó que la resolución judicial del juez Rafecas “desarma uno de los núcleos discursivos más importantes del Gobierno”. Recordó además que el año pasado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que iban a auditarse las reparaciones económicas otorgadas a familiares de Montoneros. En aquel momento, el funcionario afirmó que la auditoría era un procedimiento habitual y necesario para revisar presuntas irregularidades.
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Según contó Bertoia en la rueda informativa del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 18, Rafecas, por orden de la Cámara Federal, impulsó la investigación. El juez incluso solicitó un peritaje a Gendarmería para analizar los cuerpos, pero las fotografías existentes no eran lo suficientemente nítidas para determinar si hubo ejecuciones sumarias. Al no poder encontrarse evidencia de las circunstancias en las que los guerrilleros perdieron la vida, "primó el principio de la buena fe", que consiste en que si el Estado no puede probar "que una persona fue asesinada", paga la reparación, proceder que según mencionó la periodista no se limita al asunto sino que es un mecanismo habitual en similares casos de la misma naturaleza.
Se estima que Justicia y Concordia apelará la decisión de Rafecas, por lo que el asunto seguirá dividiendo aguas a las dos márgenes del arco político.
BR / FPT