Victoria Villarruel habló del "curro de los derechos humanos" y celebró la revisión de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado

La vicepresidente Victoria Villarruel defendió este martes la decisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de revisar los pagos de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar, luego de que se detectaran irregularidades en los trámites. En ese sentido, la funcionaria pidió "auditar el curro de los derechos humanos".

"Lo dije en campaña. Hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones", señaló Villarruel a través de su cuenta de X (antes Twitter). “Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del Presidente”, completó.

El Gobierno anunció que detendrán el pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado

Al respecto, la publicación de la funcionaria fue citando un mensaje que había emitido en campaña, donde también instaba a una revisión de dichas indemnizaciones. "Numerosas indemnizaciones se otorgaron a desaparecidos y familiares que requieren una revisión valiente por parte del Estado. Roberto Haymal montonero, fue asesinado por los mismos montoneros sin embargo cobró indemnización (sic). El dolor no habilita al fraude", escribió en marzo del año pasado.

El Gobierno anunció este lunes que detendrá el pago de indemnizaciones a personas que denunciaron ser víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura, con el fin de realizar una auditoría y detectar “casos con irregularidades”. Cúneo Libarona, quien anunció la medida, definió la situación de la reparación como un “festival de pagos” y denunció que “no podrían haber ocurrido sin una ayuda política”.

“El ministro Mariano Cúneo Libarona dispuso -según resolución Nº RS-2024-40979055-APN-MJ- la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. El Ministerio determinó llevar a cabo dicha auditoría debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, explica el comunicado de prensa publicado en redes por el funcionario.

Entre los fundamentos, el texto indica que la decisión de auditar “todos los pedidos” surge a partir del fallo dictado en la causa “‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal".

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"En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional”, informó el Ejecutivo.

El ministro anunció que “a su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”. “El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, resolvió.

Las compensaciones económicas y pensiones que otorgó hasta ayer el Estado a las víctimas de la última dictadura militar están previstas por seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013. Las indemnizaciones se aplican cuando un denunciante inicia un juicio contra el Estado y prueba el daño en una causa judicial. Sin embargo, el Gobierno sostiene que muchos de los fallos pueden haber sido obtenidos a través de documentación falsa.

Quienes pueden solicitar una reparación son, entre otros, las personas que sufrieron desaparición forzada, los familiares de los muertos por el accionar del terrorismo de Estado, y las personas nacidas durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidas, siempre que se tratase de una detención y desaparición por razones políticas.

Ya en campaña, Villarruel había dejado entrever su deseo de auditar las indemnizaciones mencionadas. Sumado a esto, hace dos años, el juez Ariel Lijo (elegido por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema) investigaba a uruguayos que hubieran sido beneficiados por la Justicia argentina.

Los análisis sobre irregularidades anteriores

Sin embargo, esta gestión no es la primera en analizar la situación irregular, ya que el exsecretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla Corti, se había presentado como querellante en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos de falsos familiares de desaparecidos. Como resultado de ese juicio, cinco personas fueron procesadas como integrantes de una organización criminal que brindaba falso testimonio y estafaba a la administración pública.

En ese sentido, el exfuncionario le contestó al actual ministro de Justicia a través de su cuenta de X e indicó que "estaría bueno que aclare que la denuncia a estos delincuentes" la realizó él, "es decir nosotros los descubrimos". Al respecto, consideró que se trató de una operación "muy berreta" para desprestigiar su gestión bajo la presidencia de Alberto Fernández.

"Claramente es una estrategia para no dar respuestas a los expedientes actuales, dilatar las obligaciones del estado, no reconocer a las víctimas del terrorismo de estado y cubrir un manto de sospecha a nuestra gestión. Muy berreta ya que hay documentación que prueba que nosotros denunciamos y desbaratamos estos tranfugas", concluyó Pietragalla Corti.

MB CP