Deuda externa y PJ

Generando mucha expectativa sobre una eventual cercana unificación del peronismo, esta semana Máximo Kirchner dijo: “Estoy convencido de no mantener diferencias ideológicas ni programáticas de fondo” con Axel Kicillof. De ser así, hay un problema porque a comienzos de 2022 Máximo Kirchner renunció a presidir el bloque de diputados del peronismo por su rechazo al acuerdo con el FMI y fue uno de quienes votaron en contra cuando dos de cada tres de los 76 diputados del Frente de Todos votaron a favor del proyecto de ley que autorizaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que consistió en alargar el vencimiento de los pagos de la deuda.

Por entonces, el ya gobernador Axel Kicillof, si bien dijo que se trataba de una deuda dejada “irresponsablemente” por Mauricio Macri, sostuvo que el acuerdo de reprogramación de vencimiento con el FMI busca “evitar una verdadera catástrofe en lo inmediato” y resultaba un “mal menor”.

Varios conocedores de la verdadera relación madre-hijo entre Cristina y Máximo Kirchner sostienen que “Cristina no es Máximo”. Es imaginable pensar que pueda haber en Máximo necesidades de sobreactuar posiciones para ganar legitimidad como heredero político y significante romantizado de una época, pero si bien Cristina Kirchner siempre remarcó la posición pagadora de su gobierno y sus políticas de desendeudamiento, no es tan así con la nueva deuda con el FMI contraída por Macri y en marzo de 2022, cuando hubo que votar el acuerdo de su refinanciación en el Senado que ella como vicepresidente presidía, solo estuvo presente veinte minutos y dejó la conducción de la sesión en las autoridades que podían reemplazarla, en un claro gesto de desconformidad.

Máximo Kirchner rechazó en 2022 la renegociación con el FMI sosteniendo por entonces que la Argentina, sin comprometer su desarrollo, solo podía pagar anualmente un stock total de deuda externa más sus intereses de alrededor de 6 mil millones de dólares anuales, cantidad que es menor incluso que solo los intereses. Por ejemplo, en 2027, los vencimientos externos (FMI, bonos y otros) suman 9 mil millones de intereses y 23 mil millones de capital. Y el total de la deuda externa pública del Estado nacional es de alrededor de 200 mil millones, de los cuales el FMI es solo algo más de la cuarta parte que sumado a otros organismo internacionales llega a la mitad, y la otra mitad es deuda privada con bonistas.

Cristina Kirchner padeció restricciones a su régimen de visitas en prisión domiciliaria tras haber recibido a nueve economistas del peronismo que fueron a discutir un documento de propuestas económicas en noviembre de 2025, cuando algunos de ellos proponían desconocer la parte de la deuda con el FMI que fuera superior a la cuota que como miembro del organismo le hubiese correspondido, lo que sería equivalente a repudiar más de la mitad de la deuda con el FMI. 

La cuota de la Argentina en el FMI es de alrededor de 4 mil millones de dólares, lo que bajo las reglas ordinarias del organismo como máximo podría haber accedido al total aproximado de 20 mil millones de dólares en préstamos, cuando el total actual de la deuda son alrededor de 58 mil millones de dólares (44 mil de Macri y 15 mil de Milei). 

Es cierto que la deuda argentina con el FMI es absolutamente desproporcionada (35% del total de los 191 países que lo integran) y fue votada por su directorio bajo el formato de excepcional access, con componentes claramente políticos coincidiendo las dos veces –Macri primero y Milei después– con la presidencia de Trump, siendo Estados Unidos el país que tiene la mayoría de las acciones del FMI.

Pero no existe ningún antecedente en la historia del FMI  de haber reconocido ilegítimo o nulo uno de sus préstamos o que una parte de sus préstamos debiera dejar de pagarse por haber sido otorgada indebidamente, incluso en el caso de Grecia, donde reconoció errores de diagnóstico y diseño de su programa, pero no condonó parte de la deuda. 

El único ejemplo, pero no aplicable a la Argentina por ser un país de ingresos medios, fue en 1996, cuando el FMI, junto con el Banco Mundial, llevó adelante la iniciativa Países Pobres Muy Endeudados (HIPC en inglés), pero nunca porque los préstamos fueran ilegítimos, sino porque se trataba de naciones muy pobres (todas africanas, y de Latinoamérica solo Bolivia, Nicaragua y Honduras). Para poder compararlo: la deuda de la Argentina con el FMI es el 8% de nuestro Producto Bruto Interno, mientras que la de los Países Pobres Muy Endeudados rondaba el 90% de su muy pequeño PBI.

La cuestión esencial del pago de la deuda de la Argentina con el FMI no está en el monto, como argumentan los economistas peronistas más radicalizados, sino en el cronograma de vencimiento y tasa de interés. Y la única acción lógica en futuras negociaciones –con los mismos argumentos de que el monto del préstamo fue desproporcionado y político– es acordar más plazo y, aunque más difícil, menores intereses, además de mayor libertad de acción para aplicar un plan económico propio que favorezca el desarrollo. 

Simultáneamente, que esos tres objetivos se instrumenten de la forma menos ruidosa posible para no generar desconfianza en los mercados de deuda voluntaria –bonos–, donde la Argentina deberá recurrir para sustituir lo que vaya cancelando al FMI y finalmente no pagar la deuda, sino refinanciarla.

La posición de Kicillof sobre la deuda, como escritor, ministro y gobernador, es técnico-económica y se podría sintetizar en que es una relación de poder, por lo que no es ni buena ni mala en sí misma ya que dependiendo para qué se utilice, en qué condiciones, con qué acreedores y en qué moneda, puede ser una herramienta de desarrollo o un mecanismo de subordinación. Él mismo emitió deuda, tomó préstamos del Banco Mundial y del ID, e intentó volver gradualmente a los mercados de deuda internacionales.

Mientras que la de Cristina Kirchner es una posición política con foco en la soberanía. Y la de Máximo Kirchner, similar a la de su madre, pero menos pragmática y más altisonante. 

Cuando Máximo Kirchner hacía los cálculos de la posibilidad de repago en aquellos 6 mil millones de dólares anuales, la Argentina no tenía el actual desarrollo de Vaca Muerta, la minería y los mejores precios de esas nuevas exportaciones. Ahora, en 2026, propuso una ley que limite el total de la deuda pública en moneda extranjera a dos veces el promedio de las exportaciones de los últimos tres años.

Y entre los 200 mil millones de dólares de deuda externa del Estado nacional, sumados al de las provincias y municipios, se llega a un total consolidado de 240 mil millones, y las exportaciones de 2023 a 2025 arrojan un promedio cercano a los 80 mil millones, en cuyo caso nuestra deuda externa pública actual es tres veces y no dos nuestras exportaciones. Pero este año nuestras exportaciones ya son 100 mil millones y en 2028, cuando sea el primer año del próximo gobierno, alcanzarán 125 mil millones, por lo que hasta Máximo Kirchner tendría que reconocer que el problema no es el tamaño de la deuda, sino mejorar nuestra reputación crediticia para pagar menos intereses.