La responsabilidad de nuestras élites económicas

Desde hace décadas, el sistema constitucional argentino padece de defectos graves y difíciles de revertir. De las muchas causas que explican esta situación de virtual “ruptura”, aquí quisiera concentrarme en una de ellas. Voy a referirme, en general, al papel que ha venido jugando en este escenario (una parte relevante de) nuestra intelectualidad económica. De modo más específico, aludiré a un rasgo que distinguió y sigue distinguiendo a esa élite económica: su disposición a sostener el tipo de reforma económica que prefiere, a cualquier precio. En cada época, según diré, dicha élite económica ha aceptado “sacrificarlo todo”, en nombre de su némesis: el subdesarrollo; el sindicalismo combativo; el Estado empresario; la inflación. Para acabar con el gran “enemigo” del momento, ella se ha mostrado dispuesta a pagar cualquier costo. Así, en tiempos diversos, ha aceptado calladamente, sino justificado con suficiencia, dar un golpe de estado; remover del modo en que fuera necesario a los líderes sindicales; concentrar todo el poder en el Presidente; someter al Poder Judicial; limitar los derechos de nacionales o extranjeros; etc. Todo vale, cualquier medida es tolerada, en la medida en que se mantenga el embate contra el “enemigo supremo.” Lo que se pierde en el camino (en distintos tiempos históricos: instituciones, derechos, las libertades más básicas) resultan “nimiedades”, “meros detalles,” que en todo caso preocuparán a sus escandalizados rivales –no a ellos.

Hago un muy breve repaso acerca de la historia reciente de némesis y “costos pagados” por nuestras élites económicas. A mediados del siglo pasado, y por ejemplo, Adalbert Krieger Vasena justificó su intervención como Ministro de dos dictaduras (Aramburu, Onganía) alegando la urgencia de eliminar las rigideces impuestas por el peronismo sobre la economía nacional. Durante el gobierno del general Onganía (1966-1969) se habló, por caso, de la necesidad de “acelerar el desarrollo”, un desarrollo que —conforme a la elite de turno— aparecía bloqueado por administraciones democráticas “lentas,” como la del presidente Illia. A fines de los 70, Juan Alemann —el gran intelectual económico detrás de la última dictadura militar— aludió a otro “costo” que, para la élite del momento, resultaba imprescindible eliminar, para favorecer el progreso. En este caso, el costo era el que imponía el “sindicalismo peronista o clasista”. El 23 de octubre de 1979, en el diario La Prensa, Alemann defendió la política económica de la dictadura afirmando: “Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político, porque todo el poder lo tenían ellos (...) Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina.” Es decir, ciertas medidas económicas consideradas imprescindibles debían imponerse a cualquier precio (entonces, la democracia, derechos fundamentales) de forma tal de “salvar” al país del “cáncer” que lo afectaba. Ya en su vejez, y autocríticamente, Mariano Grondona reconoció haber sido víctima de esa misma disposición economicista. Señaló entonces: “Yo mismo fui víctima de esa ilusión… creía que lo esencial era buscar el desarrollo económico y lo demás vendría por añadidura. ‘Lo demás’ era la educación, las instituciones, la democracia”. En el camino —confiesa— aceptó al “militarismo, leyes de emergencia, decretos, lo que fuese, con tal de acelerar el proceso”.

Por supuesto —y éste es el punto que me interesa subrayar, en este texto— esa operación típica de nuestra élite económica (aceptar el desplazamiento de “todo lo demás”, en nombre de alguna reforma económica considerada impostergable) no quedó confinada al “tiempo de las dictaduras.” Desde ya, que nuestras élites de hoy no promuevan quiebres democráticos resulta un avance fundamental. Pero el hecho es que, desde que recuperamos la democracia, y sin el menor prurito, nuestra intelectualidad económica volvió a dar muestras de su irresponsabilidad pública, dejándonos en claro su disposición a sacrificar instituciones o derechos en pos de los particulares objetivos económicos del momento. Así, en los años 90, y con el objeto de desmantelar para siempre al “Estado omnipresente,” la elite económica impulsó un proceso de privatizaciones que se acompañó de ultrajes institucionales de todo tipo, y cuyas consecuencias todavía padecemos: la concentración de poder sobre el Ejecutivo; presiones sobre prensa y el Poder Judicial (a través de los servicios de inteligencia); una descomunal corrupción (que ya no podía ser controlada judicialmente); etc. Otra vez: para una parte importante de nuestra élite económica, se trataba de “costos a pagar”, tolerables, más bien intrascendentes, frente a la relevancia del cambio económico que ellos propiciaban. 

En la actualidad, la situación parece tanto o más grave que en años anteriores. Los principales miembros del equipo económico anuncian (con una arrogancia que no vale la pena ilustrar) medidas destinadas a combatir a la némesis del momento: la alta inflación. Para lograrlo, sugieren iniciativas de reforma económica grandilocuentes, manifiestamente inconstitucionales, destructivas del empleo, y regresivas en materia de igualdad. En el camino —siempre satisfecha— esa élite económica hace un contundente silencio, si no es que festeja sonriente, los peores excesos del Presidente. Así, cuando insulta a mandatarios extranjeros; cuando busca tomar control del Poder Judicial designando jueces manifiestamente corruptos o adictos; cuando promueve medidas inconstitucionales, para castigar a los extranjeros que hablen mal de la Argentina; cuando se burla de mujeres, discapacitados y homosexuales; cuando utiliza su cargo público para negocios privados; etc. Todo vale, según parece, con el fin de “terminar con la inflación”: costos menores que merecen sin duda pagarse. Lo demás es “jactancia de los intelectuales”

Para terminar, y para que no haya confusiones: todo lo anterior —una crítica a la grave irresponsabilidad de nuestra élite económica, y a su desdén por todo lo que resulte ajeno a la economía— no implica el elogio de ninguna política o discurso alternativo; ni una defensa de los gobiernos, más de derecha o más de izquierda, no mencionados explícitamente en este breve repaso histórico. Lo cierto es que, en estas últimas décadas, hemos tenido gobiernos autoritarios, populistas, improvisados, muy corruptos, que merecieron siempre nuestra resistencia y repudio. En este texto, sin embargo, la idea ha sido la de concentrar la atención en un problema más específico: el pobre aporte de nuestra élite económica a nuestro constitucionalismo democrático -su disposición a sacrificar instituciones o derechos, a cambio de las reformas que en el momento propician. Como vimos, el “enemigo” del caso —la némesis— ha ido cambiando, con el paso del tiempo: eliminar las “rigideces” dejadas por el peronismo; acelerar el tránsito hacia el desarrollo; poner fin al sindicalismo clasista; acabar con el Estado empresario; hoy, “terminar de una vez” con la inflación. En el camino, nuestros economistas lo aceptaron todo, calladamente o como festejantes: la destrucción del Poder Judicial; el vaciamiento de los organismos de control; la burla o la humillación de los más débiles; crímenes cometidos desde el Estado. Nada les parece demasiado: finalmente, otros han hecho cosas peores.

* Abogado, sociólogo y académico, especialista en derechos humanos.