Mujeres y niñas frente a la ley de Glaciares

En estas semanas el tema acerca del futuro de la ley de Glaciares y del ambiente periglacial dominó la discusión pública y alcanzó su máxima intensidad los días de las dos audiencias públicas, la presencial y la online. Esta última no fue tan notoria, pero permitió reiterar los comentarios e información sobre la audiencia presencial. 

Si bien este no es un tema de medio ambiente tan popular, en este caso hubo una amplia movilización por el vínculo con el acceso al agua, un tema muy sensible ya que en muchas zonas del país existen faltantes que afectan desde hace años a la población, faltante que crece y sensibiliza a quienes viven en esas zonas y que son reconocidas por vecinos de otras áreas que temen las afecte pronto. 

A esto se suma que el Senado trató y aprobó la modificación de la ley vigente sin efectuar una consulta a través de una audiencia pública, además de otras formas de participación comunitaria que están indicadas como obligatorias por el Acuerdo de Escazú que Argentina ratificó y que evidentemente no lo cumple. Todo esto y el antecedente de la lucha de los grupos de defensa del ambiente y ecológicos muy desarrollados en el país, sumado a los grupos de población de las zonas con carencias de agua que se sumaron con representantes de pueblos indígenas y población rural, que fue o está ahora siendo desplazada de sus tierras por los negocios y proyectos público/ privados extractivistas y también de ampliación de tierras para cultivos agrícolas masivos y otras similares. 

Estos desplazamientos son en muchos casos ejercidos con violencia generando incluso la criminalización de quienes se oponen y se resisten a desplazarse, violencia que llega a perseguir e incluso agredir y hasta matar a quienes se resisten. Como se registra en otros países de la región, las mujeres predominan entre quienes oponen resistencia a estos desplazamientos, por eso son también las más castigadas. Todo esto generó una respuesta masiva ante la convocatoria de la Cámara de Diputados a participar en una audiencia pública sobre el tema. La inscripción fue abrumadoramente masiva: superó las 100 mil personas. Así, quienes eran responsables de esta: los presidentes de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, optaron por un método de selección muy poco transparente que justificaron en el Acuerdo de Escazú. 

Este fue un grave error, ya que ese acuerdo insiste en la necesidad de garantizar el derecho a participar de toda persona sin ningún tipo de discriminación. 

Fue así como solo alrededor de 200 fueron autorizadas a participar presencialmente y esto generó una reacción negativa por parte de organizaciones y grupos que incluso llegó a que algunos diputados la impugnara. Interesante que a pesar de esta sesgada selección de participantes, la gran mayoría de quienes expusieron se opusieron a la modificación de la ley anterior sancionada en 2010 (ley 26.639) y que entre otras, propone permitir la actividad minera e hidrocarburífera eliminando la protección de glaciares y del ambiente periglacial, dejando las decisiones sobre las actividades mineras e hidrocarburíferas que se permitirían a las provincias, cuando es una responsabilidad indelegable del Estado nacional. 

Todo esto es denunciado por quienes se oponen a la reforma de la ley, como formas de privilegiar los negocios a la preservación ambiental y con criterios diversos que aplicarían las provincias, en un marco de incapacidad de los gobiernos provinciales y el nacional de ejercer funciones de control y de regulación que impidan se afecten estos glaciares y el ambiente periglacial como reservorios de agua dulce. El principal motivo al rechazo lo constituye este peligro en la preservación de un bien básico para la vida como es el agua. 

Las mujeres y niñas claramente se oponen a esta ley. Ellas como custodias y promotoras de la vida defienden resguardar y preservar las fuentes de agua dulce, imprescindible para la vida de seres humanos y del medio ambiente, por lo tanto, esto no se puede vender ni negociar. También reconocen que los glaciares constituyen un reaseguro para preservar la biodiversidad, algo fundamental para asegurar la supervivencia de la vida humana y del medio ambiente. 

Las mujeres jóvenes y adolescentes reclaman el Estado argentino que no cumple la obligación de garantizar el acceso a la información ambiental adecuada que la ley plantea, pero que la actitud negacionista del Gobierno ha eliminado. Otro incumplimiento es no garantizar la participación efectiva de la sociedad en los procesos de toma de decisiones, esto es muy evidente frente a los problemas como la carencia de agua, en esos territorios la no participación de la población es muy grave y la resistencia de los decisores políticos es muy clara.

Respecto a la protección de las personas defensoras de derechos ambientales, se registra un retroceso que eliminó lo poco que se llegó a avanzar, dejando en situación de gran vulnerabilidad a quienes defienden los territorios y el ambiente. El desplazamiento de los territorios aumenta la pobreza de estas comunidades que pierden su capacidad productiva, en general de alimentos para abastecer su propio consumo y para la venta. Esto afecta el desarrollo de la niñez y es un grave flagelo que no es considerado por el gobierno nacional ni los provinciales, a pesar de las reiteradas denuncia y reclamos.

Les tocará a diputadas y diputados opinar y votar. Seguramente los mensajes claros expresados y muchos con muy adecuados fundamentos científicos y tecnológicos no alcanzarán a lograr entender y rechazar esta modificación legal, predominando los intereses económicos.

Es posible que la actual ley vigente si se reglamentara adecuadamente alcanzaría para lograr emprendimientos en casos específicos y permitiría asegurar la capacidad regulatoria y el adecuado control tanto del gobierno nacional como el provincial. Tal vez ante los graves problemas de corrupción y denuncias cruzadas actuales, se postergue su tratamiento. Mientras sería importante que el propio Congreso inicie un diálogo imprescindible en busca de acuerdos mínimos, pero urgentes, algo qye hasta ahora no hizo ni el Senado ni la Cámara de Diputados.