No se hagan los rulos con el Cristina 2027

En forma pública, al menos en tres ocasiones Cristina Fernández de Kirchner apeló en su carrera política al uso de la metafóra de “no hacerse los rulos”, que se podría traducir como evitarse ilusiones vanas. Con la presentación de sus abogados ante un comité de la ONU para impugnar el juicio que la condenó a estar presa por corrupción, y sobre todo la inhabilitó en el ejercicio de cargos públicos, pareciera que decidió hacerse la permanente para los propios. Que florezcan mil rizos.

La expresidenta ayudó de alguna manera a este estímulo, a través del voluminoso texto que acompañó la presentación de la denuncia internacional que realizaron sus letrados. Todo para alertar lo mismo de siempre: que en la causa Vialidad la justicia fue parcial, que se soslayó el debido proceso, que es perseguida y que está proscripta. 

Mantiene así la línea argumental de su teoría del “lawfare”, a la que seguramente volverá a echar mano si la sentencian en los Cuadernos de las coimas -juicio que está en pleno desarrollo- y cuando llegue el turno de Hotesur-Los Sauces por lavado familiar.

CFK recurrió en su planteo a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Las razones? Según fuentes judiciales y del derecho consultadas para este texto, ir a la ONU es más veloz para conseguir algún pronunciamiento y, supuestamente, son menos estrictos respecto a las pruebas que se requieren. Es un órgano más político.

Esa decisión conlleva un debate histórico en el equipo que asesora a Cristina: si hay lugar para una defensa meramente jurídica o debe integrarse a lo político.

Más allá de los tiempos y de la política, a quienes vislumbran que con esta denuncia CFK podría ser candidata el año próximo hay que contarles la verdad.

Una de ellas es que las conclusiones de la Comisión de las Naciones Unidas no son vinculantes. Esto es, su obediencia es optativa.

A esa entidad recurrió en su momento el actual presidente de Brasil, Lula, que estuvo condenado y preso como CFK. Por eso el abogado que lideró ese equipo lulista se sumó a la defensa de Cristina, Rafael Valim. Pero son casos distintos: allá el Supremo Tribunal Federal ordenó primero que Lula fuera liberado porque aún le quedaban instancias de apelación pendientes; luego anuló el proceso por irregularidades de los jueces y fiscales que lo investigaron. Nada tuvo que ver la Comisión de DDHH.

Contra la esperanza o el deseo kirchnerista, con la actual conformación de los máximos tribunales del Poder Judicial es impensable que se replique lo de Brasil. Ni la Cámara de Casación Penal -que ratificó la condena del tribunal oral que enjuició a Cristina- ni la Corte Suprema -que denegó un recurso de queja, por lo que quedó confirmado lo de Casación- dan señal alguna de que pudieran volver sobre sus pasos en la sentencia sobre la expresidenta.

Más bien todo lo contrario. Esta misma Corte, cuando aún tenía cinco componentes, rechazó un fallo de la CIDH (la llamada “causa Fontevecchia”) por considerar que los tribunales internacionales no pueden ejercer como instancias de apelación. Imaginen qué pueden hacer con una recomendación de una comisión de la ONU.

La pregunta entonces sería por qué Cristina hace esta movida judicial si sabe que va por vía muerta. Gente que dice hablar con ella, o sobre todo con su hijo Máximo, sostiene que la iniciativa es política.

Creen en el cristinismo que cualquier aval internacional a su postura le devolvería una centralidad en el peronismo que hace tiempo que está en crisis. Sobre todo para ordenar la interna y al díscolo Axel Kicillof.

El gobernador fue uno de los dirigentes peronistas que salió a respaldar la denuncia ante la ONU. A propósito, es curioso que el ex candidato presidencial Sergio Massa y el renovado exalbertista Juan Manuel Olmos sigan guardando silencio sobre las peripecias judiciales de CFK. ¿Tendrá relación con que son los dos peronistas con mayor influencia en el Poder Judicial? Qué malpensados.

Kicillof sí eligió coserse la boca a la hora de referirse a una posible candidatura. En especial cuando uno de los nuevos abogados de Cristina, el español Javier Borrego, indicó que ella podría presentarse a las PASO porque por ahora está inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero no para ser candidata.

Se le podría adjudicar al letrado ibérico un desconocimiento del Código Penal argentino, en cuyo artículo 19 la inhabilitación incluye que no pueda ejercer su derecho electoral. Sin embargo, convendría esquivar los apresuramientos en juzgar lo que expresó Borrego como una burrada o un exabrupto.

Sucede que cerca de la expresidenta se evalúa la posibilidad de que, pese a todas estas restricciones evidentes, su nombre aparezca inscripto como candidata a presidente. En principio en las PASO nacionales que el Gobierno aún no logra cancelar.

Dan por descontado que la justicia se lo impediría, lo que volvería a exponer -en la lógica cristinista- la proscripción que padece su líder. De acuerdo al razonamiento, a ese “beneficio” político de actualizar la centralidad se le suma el previsible temblor que esa decisión traería aparejada en la ya convulsionada interna peronista. Traducción: condicionar la “candidatura natural” de Kicillof.

Semejante sacudón es uno de los motivos que alientan a Milei a esquivar que haya PASO, el sistema que podría ayudar al peronismo a definir sus internas. 

Acaso ese sea el marco conceptual en el que el Presidente, en la extensa lista de antecesores, sólo mencionó a Cristina en su cadena nacional del jueves para presentar el proyecto de reforma al BCRA.

Ahí, Milei la acusó de ser responsable de la “estafa” que significó la última reforma del Central bajo su presidencia y el “robo” que implicó la transferencia de reservas al Tesoro. Está “ahora condenada por delitos de corrupción”, recordó como si hiciera falta. 

El oficialismo recarga su tentación electoral de subirla al ring y volver a apelar al “riesgo kuka”, ante el declive en las encuestas que maneja. Con o sin rulos, ese corte ya se utilizó demasiado, con resultados dispares.