En la Legislatura bonaerense se debate el proyecto que crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). Bajo el discurso de la integración, propone una lógica perjudicial para los municipios: nuestras obligaciones quedarían establecidas por ley, mientras que los recursos dependerían del presupuesto de cada año y de la reglamentación del Ejecutivo. En un contexto de recortes nacionales en medicamentos y cuestionamientos a las tasas municipales, creo que la Legislatura no debería aprobarlo sin cambios. 

Comparto el objetivo de terminar con la fragmentación entre los sectores público, privado y de la seguridad social y ordenarlos bajo la coordinación del Ministerio de Salud. Pero la integración debe contar con los recursos necesarios para sostenerla, que no están contemplados. Eso pone en riesgo la sostenibilidad económico-financiera de las comunas.

El proyecto concentra en La Plata la planificación, las reglas y el manejo de los fondos a través de un Fondo Provincial de Salud y de Consejos Regionales, mientras deja a los municipios la atención directa de los vecinos y el costo de sostenerla. En resumen, la Provincia decide y el municipio paga. 

Este debate llega en un momento crítico para la salud pública. El Programa Remediar, que desde 2002 abastecía de medicamentos esenciales a los centros de atención primaria, tuvo en 2026 un presupuesto 72% menor, en términos reales, que en 2023. Además, la Nación redujo su listado a sólo seis principios activos. En territorio bonaerense, entre 2023 y 2026, los botiquines distribuidos cayeron de 5.142 a 2.110 y las unidades entregadas, de 10,5 a 4,6 millones: una reducción del 55%. 

Entre octubre de 2024 y febrero de 2025, Nación dejó a los centros de salud sin provisión medicamentos de uso cotidiano y tratamientos para enfermedades como la diabetes, el asma y los problemas de tiroides. En todo el país, los tratamientos cubiertos por Remediar cayeron cerca de un 51% en 2025 respecto de 2024. La Provincia debió cubrir parte de ese vacío con recursos propios, pero ese esfuerzo no alcanza. Lo que Nación abandona termina llegando a la ventanilla municipal. 

Los municipios enfrentamos así una contradicción: debemos comprar los medicamentos que Nación dejó de enviar, mientras el mismo Gobierno cuestiona las tasas con las que financiamos esa cobertura. A esto se suma un proyecto provincial que pretende asignarnos nuevas responsabilidades sin garantizar su financiamiento. 

A la retirada de Nación se suma que la demanda no deja de crecer. En Tigre, las atenciones del sistema municipal pasaron de 980.000 en 2018 a 2,3 millones proyectadas para 2026: un crecimiento superior al 135%. El desempleo, la pérdida de cobertura de obras sociales y la crisis del PAMI llevan cada vez más trabajadores, jubilados y pensionados a nuestro sistema de salud. A esto se agrega la provisión de medicamentos para tratamientos crónicos que no admiten interrupciones y que los municipios terminamos cubriendo con fondos propios. 

Los municipios somos la primera puerta del sistema sanitario y el Estado que el vecino tiene más cerca. Cada programa nacional que se recorta se convierte en una demanda en la salita o en la guardia del hospital municipal. No podemos seguir absorbiendo esos costos ni asumir nuevas obligaciones sin recursos. 

Lo que dice el proyecto

Hay cinco aspectos que requieren revisión: 

• Responsabilidad sin fondos (art. 9): asigna a los municipios la responsabilidad primaria de prevención, promoción y atención, sin establecer financiamiento obligatorio. 

• El recupero, en riesgo (arts. 59, 67 y 68): los ingresos que los hospitales municipales reciben de obras sociales y prepagas podrían pasar al Fondo Provincial de Salud. 

• Personal con fecha de vencimiento (art. 68 inc. c): si la Provincia interrumpe sus aportes, salarios, cargas sociales y obligaciones laborales quedan a cargo del municipio. 

• Consejos que bajan línea (arts. 22 a 25): los Consejos Regionales fijarán lineamientos para los municipios sin precisar suficientemente sus mecanismos de conducción y votación. 

• Adhesión condicionada (arts. 36, 43, 59 y 71): aunque sumarse a la Red es formalmente voluntario, la adhesión condiciona el acceso prioritario a fondos y establece restricciones salariales. 

No discutimos la integración, que es necesaria. Discutimos la asimetría: las obligaciones quedarían escritas en la ley y los recursos, sujetos a la buena voluntad de cada año. Integrar no es trasladar. Lo que proponemos La Legislatura no debería aprobar el proyecto sin modificaciones. 

Lo que Proponemos:

• Que el recupero municipal sea intangible y de libre disponibilidad. 

• Que el 50% del Fondo Provincial de Salud se coparticipe automáticamente a los municipios. 

• Que se establezca un piso del 2% de Rentas Generales para el Fondo. 

• Que se suspendan las nuevas obligaciones municipales hasta garantizar su financiamiento. 

• Que se convoque a una mesa de trabajo con intendentes y secretarios de Salud antes del tratamiento legislativo. 

Todavía estamos a tiempo. Es un proyecto, no una ley. La Legislatura tiene la oportunidad de corregirlo para que la salud de proximidad no termine pagando el ajuste de Nación y los costos de la Provincia.

Por Julio Zamora