Frente a una escalada de ataques de odio y discriminación que encendieron las alarmas a nivel nacional, con episodios recientes en Buenos Aires y agresiones a una pareja en Aguas de Oro, Córdoba, las tensiones sociales vuelven a golpear con fuerza a las poblaciones históricamente vulneradas. En este escenario, Córdoba debate la necesidad imperiosa de herramientas legislativas que frenen la impunidad.

Nadiha Molina, referente histórica de la diversidad en Córdoba, integrante de la organización de la Marcha y participante de espacios como Memoria y Red, analiza el trasfondo de esta violencia estructural, la precariedad que atraviesan las disidencias y el alcance del proyecto de ley antidiscriminatoria que se impulsa en la provincia para cubrir el vacío legal dejado por el cierre de organismos nacionales.

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ara comprender la magnitud de la problemática, Molina advierte de entrada sobre la necesidad de precisiones conceptuales a la hora de comunicar: “No hablemos de homofobia, porque si tendrían fobia no ejercerían la violencia que ejercen. Son ataques odiantes o de odio, porque está todo generado e impulsado por el odio”, define.

Esa matriz violenta no es aislada ni ajena a la provincia. Aunque los casos de agresiones en manada que acaparan la atención mediática nacional suelen suceder en otros puntos del país, “El contexto social es muy violento y nosotras tenemos conocimiento de que sucede. Sucede también en la zona de trabajo sexual aquí en la ciudad de Córdoba y en otros lugares, donde compañeras han sufrido ataques grupales”,señala. Sin embargo, advierte que gran parte de estos hechos quedan invisibilizados: “Lamentablemente siempre estamos tan sumergidos ante la violencia y a veces tan desprotegidas de la justicia que muchos de esos casos no se denuncian”.

Desigualdad estructural: la urgencia de los datos

La violencia extrema que se manifiesta en las calles y en las recientes agresiones en grupo perpetradas contra personas trans no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg sostenido por una profunda desigualdad social. Ante la falta de informes institucionales del disuelto INADI, las cifras más actualizadas y de referencia provienen del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, un espacio articulado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Federación Argentina LGBT+:

  • Transfemicidios y crímenes: De acuerdo con el Observatorio Adriana Zambrano de La Casa del Encuentro, se contabilizaron al menos 9 transfemicidios en el país durante el transcurso del año, en un contexto marcado por la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y la recesión de políticas de inclusión.
  • Aumento histórico de la violencia: Según el informe anual del Observatorio, los crímenes de odio e identitarios crecieron un 62% durante el año 2025, registrándose un total de 227 casos frente a los 140 detectados en 2024. Esta constituye la cifra más alta desde que se inició la serie estadística en 2016.
  • Subregistro de los datos: Las organizaciones enfatizan que estos informes oficiales independientes muestran un piso mínimo, ya que solo contemplan casos judicializados, denunciados ante la Defensoría o que adquieren repercusión en medios de comunicación.

Este entramado de exclusión se traduce en una brecha dramática en la expectativa de vida: mientras la esperanza de vida general en la Argentina ronda los 77 años, para las personas travestis y trans se estima históricamente entre los 35 y 40 años, evidenciando una diferencia alarmante de cuatro décadas que marca quiénes están expuestas a morir prematuramente por la precariedad y la falta de garantías básicas como salud, educación, trabajo y un futuro asegurado.

Impunidad y la falta de respuestas

La desprotección institucional actúa como un engranaje que perpetúa el peligro. Para las identidades trans, disidencias y trabajadoras sexuales, acudir al ámbito judicial no siempre representa una vía de reparación, sino una exposición a revictimizarse en un circuito que da la espalda.

“Si vos denuncias y la justicia no actúa, ¿cuánto demora en actuar? Y esa compañera trabajadora sexual, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder de vuelta estar en la calle ejerciendo? Está expuesta aún peor ante más violencia de esa persona violenta”, reflexiona Molina. A esta desidia se le suman antecedentes difíciles de esclarecer en la provincia, como el caso del fallecimiento de Luciana Nacente, encontrada en una ruta de la zona de Jesús María en circunstancias extrañas, y la estigmatización que sufrió en redes sociales tras haber sido golpeada públicamente, donde la agresión se trasladó del plano físico al digital sin que nadie acudiera a socorrerla.

Para la referente, este escenario “es el resultado de toda esa máquina de generar violencia que viene de autoridades mayores del país. Salen a ejercer toda esa violencia que provoca y que se transmite”. En esa línea, traza un paralelismo histórico doloroso:“Para las nuevas generaciones a veces es algo impensado, pero nosotras, las que tenemos unos años, lo vemos con mucha tristeza: retroceder 15 o 20 años con todas estas situaciones es sumamente duro”.

Ante la desprotección y la inacción estatal, la respuesta se construye desde los territorios. En Córdoba se impulsa activamente un proyecto de ley antidiscriminatoria gestado desde las propias organizaciones sociales. Esta iniciativa busca subsanar el vacío institucional provocado por el cierre del INADI a nivel nacional. “Esta ley provincial viene a cumplir algo parecido a ese rol: tratar de erradicar y prevenir las situaciones de violencia por hechos de discriminación. Busca contrarrestar todo este vacío legal que dejó y que hoy expone a muchas poblaciones que somos parte de la ciudadanía”, detalla Molina.

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El proyecto incorpora mecanismos novedosos de intervención articulados con otros organismos, como el Ente de Fiscalización, con el objetivo de imponer sanciones efectivas que no se limiten al ámbito legal formal. “Busca generar sanciones tanto desde la parte judicial como penas que impliquen pagos de resarcimientos económicos.Como siempre decimos, la sociedad argentina reflexiona rápidamente cuando le meten la mano al bolsillo”, señala. Asimismo, aclara que la herramienta no protege exclusivamente al colectivo LGBTIQ+, sino que fue construida de manera amplia en un consejo consultivo donde participan pueblos originarios, la comunidad judía y otros sectores históricamente vulnerados.

Marcha de noviembre

Con la próxima edición de la marcha provincial en el horizonte, el descontento social y la urgencia de defensa de los derechos conquistados se transforman en el motor principal de la convocatoria. “Es parte ahora también del reclamo: seguir luchando contra la violencia que se sigue imponiendo y que siguen ejerciendo con una impunidad total, arengados por un presidente al que claramente no le interesa ninguno de estos sectores”.

A pesar del desaliento y el retroceso generalizado en materia de derechos humanos y garantías sociales, el compromiso militante se mantiene firme. “El hilo siempre se corta por lo más delgado y lamentablemente somos diferentes poblaciones las que hoy estamos vulneradas. El sistema nos vulneró, no somos vulnerables. Pero ante este retroceso tristísimo, tenemos que reflexionar y aportar nuestro granito de arena para que esto se revierta”.