El fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, solicitó el sobreseimiento de Virginia Martínez por el delito de falso testimonio, por el que estaba imputada. Es la mujer cuyo nombre y datos personales figuraban en un contrato de la Legislatura de Córdoba, a pesar de que nunca trabajó allí. Su abogado defensor, Gustavo Castellanos, asegura que la mujer no tuvo nada que ver con la Unicameral.
Guillermo Kraisman debe ser juzgado: el Tribunal Superior confirmó el rechazo de la probation
En sus indagatorias, Martínez sostuvo que no conocía a Guillermo Kraisman, el dirigente político que terminó preso cuando intentó cobrar el primer sueldo del contrato a su nombre junto a Luciana Castro en la sucursal General Paz del Banco de Córdoba. La cajera notó diferencias entre la foto del documento y Castro quien se apersonó en ventanilla.
Ambos esperan el juicio oral acusados de defraudación a la administración pública.
Kraisman admitió, en una entrevista con este medio, que los contratos truchos o empleados fantasmas es una modalidad para pagar el “trabajo territorial” Fondos del Estado para la militancia. Y que esos acuerdos los había hecho con la entonces legisladora Nadia Fernández.
¿Mintió?
Cuando fue indagada, Virginia Martínez dijo que no conocía a Kraisman, que nunca había estado en la Legislatura ni tampoco tenía trato con su personal. Esa circunstancia fue valorada en un primer momento como un falso testimonio por el fiscal Mondino.
Cuando concluyó la instrucción, elevó a juicio a Kraisman, Castro y también a Martínez. Por oposición de su abogado, el Juzgado de Control evaluó la resolución y devolvió a la Fiscalía la pesquisa sobre Martínez para profundizar la investigación.
Al cabo de la nueva intervención, Mondino señaló que existe una “duda insuperable” por lo que corresponde solicitar el sobreseimiento. No quedó claro qué relación tenía Virginia Martínez con Kraisman. Incluso el celular de su propiedad que fue secuestrado tenía solo dos semanas de uso y no aportó información relevante.
La “pata legislativa” de la investigación
En paralelo, Mondino continúa el análisis de más de medio centenar de contratos y la normativa vigente sobre quiénes los autorizan, con qué mecanismos con el fin de corroborar si, como sucedió con Virginia Martínez, existieron otros contratados fantasmas.
Hasta el momento ese expediente no tiene imputados. Hace un año se realizó el allanamiento en la Unicameral donde se secuestró información.
El “caso Kraisman” corrió el velo públicamente sobre los más de mil contratados que tiene la Unicameral y que no se conocían, a pesar de que es información pública. Tuvo que intervenir la Justicia para ordenar la publicación de sus nombres.
Al cabo de un año y 10 desde la detención de Kraisman, hasta el momento el episodio queda reducido al intento de cobrar un sueldo perteneciente a un contrato sin funciones legislativas. Los funcionarios que lo habilitaron continúan fuera del radar judicial.