Desde que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) marcó un paso decisivo en 1919, la historia del derecho laboral fue un vaivén entre avances y retrocesos. Hubo conquistas que pusieron límites a la explotación, y también etapas que devolvieron condiciones que creíamos superadas.
Hoy, en Córdoba, esa tensión reaparece con un rostro técnico: el mecanismo de actualización de las indemnizaciones. La ley 27.802 trajo una pauta razonable para juicios nuevos (IPC más 3% anual) y, para los ya iniciados, un piso del 67% del IPC más 3 % anual. Pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el fallo Manzanelli, distorsionó el régimen de la ley para los juicios que ya estaban en trámite.
En los hechos, la indemnización se reduce, por ejemplo, en el caso de un despido con antigüedad de 5 años, termina cobrando en vez de cinco sueldos el equivalente a un sueldo. El TSJ distinguió dentro de los juicios pendientes dos tramos no previstos en la ley: para el tramo anterior al 6 de marzo de 2026 mantuvo el criterio de Serén, y sólo desde esa fecha aplicó el artículo 55 (la Corte aplica el art. 55. a todo el período).
En la práctica, esa interpretación deja sin efecto el piso que el inciso c fijó para juicios en trámite y cuanto más viejo será el juicio, mayor puede ser la pérdida de valor de la indemnización. Uno de los argumentos esgrimidos desde el primer piso del edificio de Tribunales, es que se debe proteger a las empresas de Córdoba.
¿Reducir las indemnizaciones protege a las empresas cordobesas? Los datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ponen en duda ese argumento. Entre septiembre de 2023 y junio de 2026, la cantidad de empleadores cayó un 9,74% en Córdoba, frente al 6,44% en Santa Fe, el 4,81% en Provincia de Buenos Aires y el 2,06% en la Ciudad de Buenos Aires.
En Cabana Opanasiuk, la Corte puso en cuestión el recorte del Tribunal Superior y ordenó dictar nuevas sentencias considerando aplicable el artículo 55 de manera plena, con el límite del 67% del IPC a todos los juicios pendientes. Queda una pregunta sin resolver: ¿por qué dos trabajadores con derecho a la misma indemnización pueden cobrar montos sustancialmente distintos sólo por la fecha en que iniciaron el juicio? Quien esperó años confiando en la justicia debería recibir una indemnización justa.
(*) Director de la sala de derecho individual del trabajo del Colegio de Abogados de Córdoba. Secretario General del Círculo de Abogados y abogadas laboralistas de Córdoba.