La Legislatura de Córdoba aprobó esta noche con amplio respaldo la nueva ley de promoción industrial impulsada por Martín Llaryora, pero el debate expuso las diferencias políticas al contraponer el modelo del poder libertario con el régimen provincial destinado al sector golpeado por la crisis. Mientras el oficialismo presentó la iniciativa como una herramienta para sostener la industria y el empleo frente al programa económico de Javier Milei, el arco opositor reclamó bajar impuestos, reducir el gasto público y revisar el denominado "costo Córdoba".
El jefe de la bancada oficialista, Facundo Torres Lima, sintetizó la posición del gobierno peronista: “Mientras a nivel nacional se discute cómo ajustar, en Córdoba, con Martín Llaryora, tomamos decisiones concretas para que nuestras industrias puedan invertir, crecer y generar más empleo”.
En esa línea, su par de bancada Leonardo Limia defendió el rol del Estado provincial con su política de incentivos a la industria y cuestionó la orientación económica de Milei, concentrada —según planteó— en la minería y el petróleo, sectores en los que Córdoba tiene menor inserción. “El sector industrial está planteando que el gobierno nacional necesita hacer un cambio de rumbo ante esta situación", advirtió el oficialista en alusión a la crisis económica en el país.
Para el legislador peronista, la nueva ley es una herramienta para sostener los puestos de trabajo y fortalecer la matriz productiva provincial. Sin embargo, también salió al cruce de las críticas opositoras sobre la presión tributaria: “Hay que terminar con esta mentira del costo impositivo de la provincia de Córdoba”, lanzó en su intervención en el recinto.
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El RIGI, el régimen de Llayora y el "Costo Córdoba"
Desde el PRO, Oscar Agost Carreño anticipó el acompañamiento a la iniciativa y valoró las "reglas claras" para atraer inversiones. En su exposición, marcó diferencias con el régimen nacional: reconoció aspectos positivos del RIGI, pero cuestionó que excluya a las pymes y a inversiones importantes para la escala argentina.
“El RIGI lo que tiene de malo es que deja fuera a pymes, pero también a grandes inversiones. Grandes, me refiero a grandes inversiones para la escala argentina, solamente entran las que son enormes”, señaló.
En contraposición, el parlamentario reconoció el alcance del proyecto cordobés respaldado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC). También dejó una advertencia sobre el modelo nacional: “La estabilidad macro tiene que llegar al piso de la fábrica”. Para ilustrarlo, puso como ejemplo a una pyme que necesita comprar una máquina o habilitar un segundo turno: inversiones que, sostuvo, pueden tener un impacto decisivo en el empleo y la economía de una localidad.
En las distintas intervenciones quedó en evidencia que el acompañamiento del PRO, el juecismo y la UCR no significó un cheque en blanco para Llaryora. El legislador del Frente Cívico, Walter Gispert, defendió el rumbo de Milei y reconoció las dificultades del contexto económico, aunque trasladó el foco hacia las responsabilidades del gobierno provincial.
“Nosotros defendemos en las buenas y en las malas el cambio que se está produciendo en Argentina”, afirmó. A renglón seguido, reclamó una reducción de Ingresos Brutos y cuestionó el nivel de gasto de la administración cordobesa. “Lo que nosotros reclamamos es que bajen los impuestos. Las fuerzas de la oposición van a acompañar todas las acciones para bajar los impuestos, pero tienen que bajar el gasto”, acentuó.
El planteo tuvo una derivación política concreta para lo que viene: Gispert condicionó el apoyo del Frente Cívico al Presupuesto 2027 a un recorte del gasto político. “Si no achican el gasto de la política, no les vamos a votar el presupuesto", lanzó.
Por su parte, el radicalismo acompañó la ley, pero advirtió sobre las herramientas que quedaron afuera. Lucas Valiente insistió en un régimen transitorio de sostenibilidad industrial para empresas en procesos preventivos de crisis, con beneficios y extensiones de Ingresos Brutos. “Cuando una industria atraviesa dificultades, no está en juego solamente la continuidad de una empresa. También están en juego los puestos de trabajo, las cadenas proveedoras, el entramado productivo de toda una región”, sostuvo.
La presidenta del bloque, Alejandra Ferrero, también marcó reparos por la eliminación de incentivos a los clústeres industriales, la economía circular, las certificaciones de calidad y el padrinazgo de nuevos emprendimientos. Además, demandó reducir la burocracia y la presión impositiva, limitar la discrecionalidad y garantizar que los beneficios alcancen también a las pymes.
"Los beneficios no pueden concentrarse en las grandes industrias. Deben alcanzar también a las miles de pymes cordobesas que todos los días hacen enormes esfuerzos para sostener su actividad", afirmó la deloredista.
Los rechazos de los extremos
Los cuestionamientos más duros llegaron desde los extremos del arco político, aunque con argumentos diferentes. El liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda rechazó la iniciativa por considerar que beneficia selectivamente a determinados sectores empresarios y cuestionó su constitucionalidad. “Rechazamos el capitalismo de amigos por corrupto e ineficiente”, aseveró.
Desde una visión liberal, el opositor concentró su poder de fuego en la necesidad de una política que apunte "a una rebaja drástica del gasto publico para afrontar una rebaja drástica de impuestos para todos”.
Desde la izquierda, Noelia Agüero también rechazó la norma, pero apuntó tanto contra Milei como contra el modelo laboral cordobés, al cuestionar los despidos de estatales en Nación y la precarización mediante monotributos y becas. “No creemos en la teoría del derrame. Los trabajadores son siempre los que pagan el ajuste”, fustigó. Además, definió la iniciativa como “el complemento del RIGI” y rechazó los beneficios impositivos al empresariado: “Ningún regalo a las empresas que se la llevan en pala”.
Con amplio respaldo legislativo, el gobernador Llaryora consiguió la aprobación del nuevo régimen de promoción industrial. No obstante, la discusión dejó expuesto un contrapunto que excede los incentivos a la inversión. Mientras el oficialismo buscó diferenciar el modelo productivo cordobés del programa de ajuste de Milei, la oposición puso sobre la mesa la presión tributaria y el gasto provincial. "No hay forma de tratar de lograr un beneficio impositivo cuando no hay manera de pagar la fiesta", cuestionó el halcón juecista Walter Nostrala.
Otras iniciativas
A su vez, el pleno legislativo prestó acuerdo a los pliegos de designación de 25 jueces de Paz, dos vocales de cámara y dos jueces de Control y Faltas. También aprobó la modificación de seis radios urbanos del interior provincial: Las Perdices, San Roque, El Tío, Las Higueras, Calchín Oeste y Agua de Oro. El temario incluyó además la sanción de la ley que regula el ejercicio de la profesión de licenciado en producción de bioimágenes en la provincia.