Córdoba avanza en la elaboración de una Ley antidiscriminatoria que busca prevenir y erradicar las situaciones de violencia motivadas por la discriminación, establecer mecanismos de intervención y contemplar sanciones para quienes las ejerzan. La iniciativa cobra relevancia en un contexto de ataques contra personas de la comunidad LGBTIQ+ y otros colectivos.
Nadiha Molina, referente histórica de la diversidad en Córdoba, integrante de la organización de la Marcha y participante de espacios como Memoria y Red, analizó el alcance de la propuesta y el escenario actual. "Esta ley viene a cumplir algo parecido al rol de ese Instituto Nacional, que es tratar de erradicar y prevenir las situaciones de violencia por hechos de discriminación”, explicó.
Molina señaló que “esta ley trata el vacío legal que dejó el cierre del Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, que era el organismo responsable de mediar y de prevenir y evitar situaciones de discriminación”, sostuvo.
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Para la referente, la iniciativa debe ofrecer herramientas concretas para proteger a las personas y evitar que las agresiones queden sin respuesta. “Muchas poblaciones, que somos parte de la ciudadanía Argentina y acá puntualmente de la provincia de Córdoba, estamos expuestas y estamos siempre en situaciones de violencia”, advirtió.
Entre los mecanismos que se discuten, mencionó la intervención de distintos organismos y la posibilidad de establecer sanciones. Según explicó, el proyecto contempla “generar sanciones, tanto desde la parte legal, desde la parte judicial, y por el otro lado también penas que impliquen pagar resarcimientos, depende de la situación de discriminación que haya”, detalló.
Molina también destacó que las organizaciones trabajan sobre experiencias y antecedentes de otras jurisdicciones para construir una normativa que responda a las distintas realidades. En ese sentido, mencionó el intercambio con el Instituto de Lucha contra la Discriminación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Estamos haciendo situaciones comparativas para poder generar una ley que sea de avanzada y que realmente dé una respuesta a las diferentes poblaciones y comunidades que se ven afectadas por situaciones de discriminación”, afirmó. Además, remarcó que la propuesta "no está dirigida exclusivamente a la comunidad LGBTIQ+, sino también otras comunidades como pueblos originarios, población judía y demás”, aclaró.
Una ley antes de diciembre
La discusión legislativa sumó un nuevo avance el martes 3, cuando la vicegobernadora Myrian Prunotto participó de otra reunión del Consejo Consultivo contra la Discriminación. El espacio reunió aportes de instituciones, organizaciones y representantes de la sociedad civil para seguir trabajando sobre el proyecto.
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Durante el encuentro, Prunotto anticipó que impulsarán el ingreso formal de la iniciativa a la Legislatura con el objetivo de conseguir su aprobación durante el actual período de sesiones. “Vamos a trabajar para que antes de fin de año contemos con una normativa donde estén reflejadas las voces de las personas que necesitan ser escuchadas y se logre el reconocimiento de sus derechos”, expresó la vicegobernadora
El Consejo Consultivo busca promover la igualdad y el respeto por la diversidad. En su conformación participan representantes de colectivos LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas con condiciones de salud mental, comunidades migrantes, pueblos originarios, entidades religiosas y referentes de la multiculturalidad.
La construcción de la normativa apunta, de esta manera, a incorporar las experiencias de los sectores que atraviesan situaciones de discriminación. Para Molina, ese diálogo amplio resulta fundamental para que la ley no se limite a una declaración de principios, sino que pueda ofrecer respuestas ante las agresiones.