EN EMERGENCIA

Diálisis: peligra la atención de un servicio del que dependen más de 30 mil pacientes

Todas las semanas 10 mil pacientes del PAMI reciben el servicio de diálisis. Sus afiliados concentran gran porcentaje de los centros de atención habilitados, aunque en total son más de 30 mil los argentinos que requieren de este tratamiento. Titulares de instituciones denuncian que el PAMI les quitó 8% de ingresos y desde hace 18 meses reclaman un incremento acorde a la inflación. Para seguir muchos se endeudaron y algunos ya cerraron sus puertas. La situación es más complicada en el interior del país.

Dialisis. Foto: Unsplash X @idibaps

Más de 10 mil pacientes del PAMI dependen exclusivamente de esta obra social para dializarse todas las semanas. El número surge de la información que el propio instituto publica. Una gran proporción del total de los centros que ofrecen el servicio en el país (499 activos, de acuerdo con el último dato del registro nacional) están en crisis por la falta de actualización del pago a las prestaciones y por una nueva resolución que terminó quitándoles un 8% de sus ingresos, denuncian.

Algunos cerraron sus puertas, otros se endeudaron para pagar a los proveedores y los demás resisten como pueden, aunque advierten en diálogo con este medio que pueden cada vez menos.

“Este año el PAMI sacó una resolución en la que nos quitan el 8% de un ítem que nos pagaban por calidad, que era más o menos ese valor de la prestación”, explicó a PERFIL Rolando Barbieri, presidente de la Confederación de Diálisis de la República Argentina (Cadra). Pero ese problema es de larga data: “Empezamos a reclamar una mejora a fines del año pasado por un atraso arancelario de dieciocho meses”, agregó.

La Confederación nuclea a cerca de 190 centros del país donde se atienden más de 4.700 pacientes. “Los centros más endebles en esta situación son los de interior del país, los más alejados de las capitales”, explicó Barbieri, ya que entre otras cosas el servicio de diálisis incluye el traslado desde la casa al lugar de tratamiento y el de regreso. Aunque aclaró que no se ha tomado ninguna resolución sobre suspender las actividades ya que se trata de un servicio vital, “algunos centros en Jujuy nos han comentado que si los aranceles no cambian va a ser muy difícil que se puedan sostener”.

El impacto en los costos

Las prestaciones no incluyen únicamente las horas durante las que una persona debe recibir el tratamiento. Además del traslado tienen que contratar cirujanos vasculares, servicio de laboratorio y de refrigerio para los pacientes. “En estos dieciocho meses esos servicios nos han aumentado y eso ha impactado directamente en la salud financiera de estos lugares”, finalizó.

Alfredo Casaliba es presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires y afirmó que la situación no afecta únicamente a los afiliados del PAMI sino a todos los pacientes. “El PAMI sustenta de manera fuertísima todo lo que es diálisis en prácticamente todo el país, ya que tiene cerca del 40% de los pacientes”. Si la crisis se profundiza y los centros cierran, cerrarán para todos, advirtió. En total, según el último dato oficial, se trata de 31.745 personas.
Los salarios también se actualizaron a un ritmo diferente de los montos que abona el PAMI. “Cada 2,5 pacientes tenemos un empleo directo”, agregó Casaliba. “El servicio es intensivo en uso de personal, electricidad y agua. Se trabaja todos los días, incluso los feriados”, detalló. En este contexto “muchos centros se endeudaron para pagar salarios”, comentó. “No es un servicio que se pueda postergar, tenemos que seguir dializando a los pacientes”: no hacerlo puede provocar “serios problemas” en la salud.

El especialista aseguró que a esto se suma un retraso en los pagos en el caso específico de la provincia de Buenos Aires, que es donde las instituciones que representa tienen injerencia. “Estamos atrasados alrededor de ocho meses”, especificó Casaliba, que recordó que, si bien los retrasos y las crisis son de larga data, en este momento la situación se agravó por la falta de respuestas oficiales del PAMI. “Esto nos ha pasado varias veces a través del tiempo, porque siempre hemos tenido problemas”. Pero ahora, afirmó, “a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho para comunicarnos y discutir cómo podemos afrontar esta crisis haciendo de ambas partes un esfuerzo, no hemos tenido ninguna respuesta”.

Desde el PAMI tampoco respondieron a la solicitud de PERFIL de una posición sobre este asunto que aqueja a cientos de centros de diálisis y que, si no mejora, compromete la salud de todos los pacientes.

Como centros, los más afectados son los del interior. Y como pacientes, los de menores recursos. “Se les dan colaciones y en muchos casos un refuerzo alimentario, porque la mayoría pertenece a un grupo de población más necesitada”, explicó el especialista. “Hay gente que quizás la única comida que tiene en la semana es la que recibe las tres veces que viene al centro de diálisis. En esos casos se les da comida adicional que pueden hacer en sus hogares”, concluyó.

Una crisis en distintos frentes

Además de los centros de diálisis, clínicas, sanatorios y hospitales privados de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza realizaron hace unas semanas un paro de 48 horas en reclamo por “el retraso arancelario y la mora en los pagos por parte de la obra social de los jubilados”, informaron en un comunicado desde la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress).  “Los prestadores privados advierten que su situación financiera es de extrema fragilidad y que, de no regularizarse la situación en el corto plazo, la atención de millones de jubilados entra en situación de riesgo”, expresaron.

Ante esta crisis son varios los legisladores que presentaron proyectos para declarar la emergencia –como la de Discapacidad que se busca prorrogar–. Entre los más recientes está el del diputado Pablo Tolero, que presentó un pedido para dictar la emergencia “sanitaria, salarial, prestacional y financiera del PAMI” por un plazo prorrogable de doce meses y que acompaña otro del senador Martín Ignacio Soria.

El problema en las finanzas del organismo también tuvo su impacto en el recambio de autoridades. Según contó en una nota PERFIL, Juan Cruz Montero dejó la coordinación ejecutiva de la obra social y fue reemplazado por Verónica Pérez, una funcionaria que llegó a las oficinas “acompañada por Santiago Caputo”.