El testimonio de un desafío al silencio nazi

En 1960, un decreto archivó las investigaciones sobre las masacres nazis cometidas en Italia y sostuvo que no había elementos para identificar a los responsables. Décadas más tarde, el fiscal militar Marco De Paolis desafió el silencio y reabrió los casos que muchos querían que permanecieran cerrados. El resultado fue una investigación sin precedentes que condujo a cientos de juicios contra criminales de guerra en Italia, Alemania y Austria. 

Cazador de nazis, de Marco De Paolis (Editorial El Ateneo), es el testimonio íntimo de esa búsqueda. 

De Paolis presentará su creación mañana de 19 a 20 en la Feria del Libro, en el stand 823. La obra, además, podrá conseguirse en el stand 916 de Editorial El Ateneo.

A continuación, el comienzo del libro: 

Prefacio

Justicia y verdad. Este libro del fiscal general militar Marco De Paolis es importante por los temas que afronta –los crímenes nazifascistas cometidos contra la población civil en Italia y en el exterior–, pero más todavía porque echa luz sobre episodios brutales ignorados durante décadas y escondidos en el “armario de la vergüenza”. En el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, Alemania debía ser reintegrada rápidamente al bloque occidental, inmerso en la confrontación con el bloque soviético: llevarla al banquillo de los acusados, aunque fuera por horribles masacres de civiles, se consideraba inoportuno en términos de realpolitik. 

Del mismo modo, recordar las complicidades de los republicanos de Saló (miembros y simpatizantes de la República Social Italiana (1943-1945), régimen fascista instaurado en el norte de Italia bajo control nazi tras la caída de Mussolini. Colaboraron activamente en la represión de la resistencia y en crímenes contra la población civil) en los crímenes más atroces contra la población italiana generaba no poca incomodidad. El lema manzoniano “sosegar, cortar, cortar, sosegar” (la expresión proviene de la novela I promessi sposi, de Alessandro Manzoni, y alude, de forma irónica, a la estrategia de silenciar o suprimir conflictos comprometidos sin afrontarlos abiertamente)  se convirtió así en la regla en el contexto de la Guerra Fría. 

Finalmente, el “siglo breve” terminó y, aunque con retraso, el armario fue “descubierto” y abierto. Desde entonces fue posible reorientar no solo la divulgación histórica, sino también la actividad judicial hacia exigencias de verdad y justicia que, en realidad, deberían ser normales e imprescriptibles. En ese nuevo clima, la Fiscalía General Militar tuvo la posibilidad de abrir los expedientes de una infinidad de masacres cometidas en nuestro territorio por el invasor nazi y los colaboracionistas fascistas, e iniciar así un proceso de reconocimiento del derecho a la justicia para un gran número de víctimas civiles.

El libro del doctor De Paolis tiene el mérito de reconstruir todo esto con rigor y pasión civil: la verdad histórica, la lista de masacres y hechos sangrientos, los distintos tipos de resistencia para la averiguación de la verdad, las responsabilidades penales de militares y civiles. El valor de un trabajo semejante se encuentra precisamente en el nexo que logra establecer entre la actividad judicial, la determinación de los hechos y la restitución de justicia y dignidad a las víctimas. Se trata, de la mejor manera posible, de contribuir a que nuestra opinión pública finalmente sea consciente y partícipe de una de las páginas más oscuras de nuestra vida nacional.

Prefacio escrito por Liliana Segre

Capítulo 1

Antes de que todo comience.

Fiscal en La Spezia. 20 de febrero de 2002. Soy juez de instrucción del tribunal militar de La Spezia y me designan para desempeñar el cargo de fiscal militar de la República ante el mismo tribunal. Tengo cuarenta y dos años y soy magistrado militar desde hace catorce. El juez de instrucción, conviene explicar, puede hacer muy pocas investigaciones. Mejor dicho, realmente no hace ninguna. Su tarea, por decirlo con palabras sencillas, es aprobar o no lo que hace y dice la fiscalía de la República: evaluar en forma preliminar si es justo y correcto que una investigación siga adelante o no. Hasta esa mañana habían llegado a mi escritorio 122 expedientes relativos a crímenes de guerra cometidos en Italia durante la Segunda Guerra Mundial por militares alemanes. Eran poco más de la mitad de aquellos que, entre 1994 y 1995, habían sido enviados desde Roma hasta La Spezia por motivos de competencia, y que la fiscalía había transmitido a mi oficina pidiendo que fueran archivados sobre la base de los motivos clásicos: muerte del presunto culpable o su no identificación.

En casi ocho años la fiscalía a la que yo pertenecía no había profundizado las investigaciones que formalmente había iniciado, y se había limitado a solicitar que fueran archivados los casos donde no hubiera presuntos responsables todavía vivos. Desde mi escritorio de juez de instrucción, yo no había tenido más remedio que aprobarlo. En verdad, todavía no me quedaba del todo claro por qué esos expedientes habían reaparecido sesenta años después de los hechos. Sobre los casos sabía casi todo por lo que habían escrito los diarios. En 1994, durante las investigaciones que siguieron a la imprevista captura de Priebke, prófugo desde el fin de la guerra, se habían encontrado casualmente –o al menos así se decía– cientos de expedientes sobre crímenes cometidos por los nazifascistas después del 8 de septiembre de 1943. Guardados desde 1960 en un armario del Palazzo Cesi en Roma, sede de la Fiscalía General Militar. Con el tiempo descubriría que las cosas no fueron tal como las contaban los diarios, pero esa era la versión que circulaba, y Franco Giustolisi –un periodista con quien luego tendría mucho trato y de quien me haría amigo– ya había acuñado una definición que tendría éxito: el “armario de la vergüenza”. Vergüenza porque esos expedientes, con los que se debería haber perseguido a los asesinos de miles de italianos, habían sido escondidos; vergüenza porque así se les había negado justicia a las víctimas.

¡Esa mañana del 20 de febrero de 2002, los dos fiscales militares adjuntos de La Spezia, Gioacchino Tornatore y Marco Cocco, entran en mi oficina y me dicen que, dado que estoy por convertirme en fiscal de la República, y por lo tanto en su jefe, hay algunas cosas que debería saber de inmediato, incluso antes de asumir. 

Se trata de aquellos expedientes sobre crímenes de guerra, sobre las masacres de civiles cometidas entre 1944 y 1945 en las regiones de competencia de nuestro tribunal: Toscana, Emilia Romaña, las 

Marcas y, por supuesto, la provincia de La Spezia. 

No todos carecen de responsables, me informan. En el caso de las masacres más importantes, hay listados enteros de oficiales y suboficiales alemanes señalados como presuntos culpables. Esas listas, me explican, son resultado de las averiguaciones llevadas a cabo durante la guerra e, inmediatamente después, por investigadores estadounidenses e ingleses, y por los carabineros italianos.

—Pero estarán todos muertos –replico, sin pensarlo demasiado–. Ustedes lo saben bien, vieron las actas, vienen de sus oficinas. Ambos vacilan algunos segundos y luego, tras mirarse un instante, con un tono más grave y no carente de incomodidad, me responden: —Resulta que no es del todo así. Sabemos que algunos viven. Y los expedientes abiertos aquí en la fiscalía son más de noventa.

Esta historia comienza en ese preciso momento. Para mí, fue como un mazazo. Recuerdo que me apoyé en el respaldo del sillón y, con los brazos en los apoyabrazos, intenté relajar todos los músculos. Luego, un estremecimiento a lo largo de la espalda. Había comprendido que lo que me esperaba no era una tarea corriente. Mis jóvenes colegas estaban diciendo que llegarían a mi escritorio de fiscal cartapacios pesados como rocas, que contenían las historias de miles de personas asesinadas por los nazis. Y los nombres de sus asesinos.

Lo que hay que saber, lo que hay que hacer En ese mismo momento quiero enterarme de los detalles. Tornatore, que dirige la oficina desde hace casi dos años, y Cocco me informan sobre lo realizado desde que el fiscal anterior dejara el cargo.

Como primera acción, el 13 de junio de 2000 se inscribió en el registro de los investigados a los presuntos responsables de una de las masacres más brutales cometidas por los nazis en Italia, la de Santa Ana de Stazzema. Cientos de mujeres y niños fueron asesinados allí por un batallón de las SS que subió a una montaña de Alta Versilia una mañana de agosto de 1944. 

A principios de 2001 se había tomado otra importante iniciativa. Tras el reconocimiento de los expedientes que seguían en la fiscalía, se había encargado una asesoría técnica a Carlo Gentile, el historiador que había estudiado más que nadie las atrocidades cometidas por los alemanes durante la ocupación de nuestro país. Gentile ya había trabajado con la fiscalía militar de Turín en el juicio contra Siegfried Engel, el exoficial de las SS condenado a cadena perpetua por las masacres cometidas en Piamonte y Liguria. La Fiscalía Militar de La Spezia le había pedido analizar algunos de los crímenes más graves cometidos por los nazis y los fascistas: desde Santa Ana de Stazzema hasta Civitella in Val di Chiana, donde el 29 de junio de 1944 fuerzas de la división de paracaidistas Hermann Göring habían asesinado a más de doscientas personas. El informe había sido entregado pocas semanas antes, el 26 de enero de 2002, y ahora era necesario proceder.

¿Pero cómo? En estas páginas encontrarán, también, un pequeño manual sobre el funcionamiento de una investigación judicial. Algunas partes son imprescindibles, otras optativas, pero resultan fundamentales para comprender cómo desde el escritorio de una fiscalía se llega, después de meses y años, a un proceso y una sentencia. Para nosotros, el primer paso debía ser el que se realiza en toda investigación sobre ciudadanos extranjeros: preparar y enviar las rogatorias internacionales, es decir, las solicitudes de asistencia judicial a las fiscalías de otros países –en nuestro caso, las alemanas y austríacas– para obtener información y llevar a cabo actos procesales, como un interrogatorio. Era oportuno, dada la importancia de las investigaciones, que las firmara un fiscal en pleno ejercicio de sus poderes: por lo tanto, acordamos que esperaríamos a mi asunción formal. Así tendría tiempo para documentarme, profundizar en el contexto de los hechos y prepararme para una serie de investigaciones que desde el principio comprendí, por cómo se me habían planteado, que serían  muy complejas.

Lo digo enseguida: tenía muchas dudas, sería deshonesto negarlo. Durante las siguientes noches, inevitablemente, se me iba el pensamiento hacia aquella inesperada reunión con mis dos adjuntos, a sus palabras, a las conclusiones de Carlo Gentile que me habían anticipado. Estaba a punto de proyectarme hacia una dimensión distinta a la del magistrado militar que hasta ese día se había ocupado, sobre todo, de hechos leves y ordinarios, de delitos cometidos en tiempos de paz con conscripción obligatoria, como la deserción o el abandono del puesto. Tendría que investigar acontecimientos ocurridos sesenta años antes, catapultarme al clima de guerra, reconstruir hechos que estaban en los libros de historia. A lo largo de aquellos días me pregunté varias veces si era justo afrontar semejantes cuestiones, si no  existía el riesgo de encontrarse juzgando no a los hombres, sino a la historia. La respuesta solo podía ser una, aunque se me hizo clara, en toda su sencillez, más adelante. Una autoridad judicial debe obedecer la ley, y la ley establece que la acción penal –es decir, la acción de la cual yo, como fiscal, me convertiría en titular– es obligatoria. Por lo tanto, si estaban dadas las condiciones, no me correspondía decidir si es justo o no proceder: debía hacerlo y punto. Hasta donde sabía en ese momento, en el caso de las masacres estaban dadas todas las condiciones. El delito –violencia con homicidio, junto con las agravantes previsibles (motivos abyectos o fútiles, crueldad, premeditación)– es imprescriptible: si los responsables viven, pueden y deben ser perseguidos. Y los presuntos culpables estaban vivos, como surgía del informe elaborado por Gentile y como verificaríamos con las rogatorias. Por lo tanto, no tenía elección: no podía sino seguir adelante. Me lo imponía la ley, es cierto, pero eso no era todo. Me quedaba claro que tenía una obligación moral, un doble imperativo ético: saldar una deuda con miles de familiares de víctimas inocentes por la falta de justicia. Y, además, saldar la cuenta con los responsables, con los asesinos, dándoles un nombre a los culpables. Buscar, encontrar y llevar ante el banquillo de los acusados a los autores de atrocidades inauditas, declarar su culpabilidad con el sello de la Justicia.

Una visita decisiva. Lo que todavía no me resultaba claro, sin embargo, era el impacto mediático –por usar una frase hecha– que tendría la investigación. Me estaba preparando mentalmente para averiguaciones largas y trabajosas, pero lejos de la atención pública y no bajo los reflectores, como había sido antes con el caso Priebke. Pronto comprendería que me equivocaba. En marzo de 2002 me llama un periodista alemán que desde hace años vive y trabaja en Italia, Udo Gümpel, corresponsal en nuestro país de ARD, el principal canal televisivo público. Me informa que ubicó y entrevistó a algunos de los responsables de las masacres de quienes debería ocuparme, seis para ser precisos: dos estaban en Santa Ana de Stazzema y cuatro en Marzabotto. Ahora quería entrevistarme también a mí. Pocos días después, el periodista irrumpe en la fiscalía con toda su vitalidad y energía. Yo, que nunca había estado frente a una cámara, estoy aturdido, me siento como proyectado hacia otra dimensión y comprendo –mientras montan luces y maquinarias– que mi trabajo está cambiando. Frente a Gümpel me comprometo por primera vez a hacer todo lo posible para identificar a los responsables de las masacres y llevarlos frente a una corte militar. Además, porque los hombres ubicados por el periodista no negaron su presencia en el lugar de las masacres.

Terminada la entrevista, Gümpel me cuenta cómo y por qué había empezado a ocuparse de las masacres nazis. Había sido una compañera suya de la escuela secundaria, Christiane Kohl, también periodista, quien le habló por primera vez de Santa Ana de Stazzema. Le había contado que a fines de los noventa fue a La Spezia para informarse con mi predecesor, Gianni Ballo, sobre las investigaciones relativas a la masacre. Pero quedó decepcionada, muy decepcionada, me cuenta Gümpel. El fiscal le había respondido con una sonrisita, afirmando que no había nada más que hacer porque los presuntos responsables estaban todos muertos. Pero ¿cómo es posible –se había desahogado luego Christiane con su viejo amigo Udo–, si todavía debe de haber miles de ex-SS vivitos y coleando, poco mayores de setenta años, que el fiscal me diga que están todos muertos? ¿Todos se enfermaron antes de tiempo? ¿Tan mal estaban de salud? Y para demostrar que mi predecesor se equivocaba, había realizado ella misma una primera entrevista, que luego se sumaría a la emisión que estaba preparando Gümpel: había ido a buscar al ex SS Horst Eggert.

Mientras tanto, mi nombramiento oficial como fiscal militar de la República de La Spezia se hace efectivo: es el 22 de abril de 2002, una fecha que no olvidaré. Hasta ese día solo había actuado como juez, nunca había dirigido investigaciones (...).

Con 256 páginas, el libro recorre la experiencia de enfrentarse a “un dolor tan inmenso” y la convicción profunda de que el dolor  –y la memoria– no prescriben.