La erosión global de los estándares democráticos

Al examinar los veinte años de transformación analizados por el Índice de Transformación de la Bertelsmann Stiftung (BTI), que analiza y evalúa de forma periódica la calidad de la democracia, el desempeño económico y la gobernanza a nivel mundial, se observa que los referentes normativos de la democracia y la economía de mercado han seguido perdiendo terreno. Impulsadas principalmente por el objetivo de mantenerse en el poder, las élites políticas electas han erosionado gradualmente las instituciones democráticas fundamentales, mientras que los niveles de represión bajo regímenes autoritarios han continuado en aumento. El fracaso de las élites y los abusos de poder, la presión de múltiples crisis y la consiguiente demanda de mayor seguridad, así como un entorno internacional que tiende a estabilizar las autocracias, están contribuyendo a la regresión democrática.

Como resultado, la proporción global entre democracias y autocracias se ha invertido: mientras que el 55% de los países analizados en el BTI 2006 eran democracias, en la actualidad el 56% están gobernados por regímenes autocráticos. Dos tercios de estas autocracias corresponden a dictaduras altamente represivas o a Estados fallidos. La proporción de autocracias de línea dura ha alcanzado un nuevo máximo del 38% del total de países analizados. Asimismo, dos tercios de los países evaluados desde 2006 son hoy menos democráticos que hace veinte años.

Aumentan las autocracias más represivas. Una vez más, el BTI 2026 ofrece una visión integral de los procesos de transformación social, desde las elecciones, los derechos de participación política y el Estado de derecho hasta la eficacia y la orientación al consenso de la gobernanza, así como el desarrollo económico y social.

Muchos de los numerosos comicios celebrados durante el período de evaluación estuvieron marcados por la manipulación y la distorsión de las condiciones de competencia, aunque también se produjeron transiciones pacíficas de poder. Las protestas contra el fraude electoral pueden abrir oportunidades para el cambio político.

En 80 de los 137 países analizados se celebraron elecciones nacionales en 2023 y 2024, con más de dos mil millones de personas con derecho a voto llamadas a las urnas. Sin embargo, en muchos casos, los votantes no tuvieron una opción real sobre quién debía gobernarlos. En el 54% de los países evaluados por el BTI las elecciones no cumplen los estándares democráticos mínimos y no pueden considerarse libres ni justas.

Los golpes militares y las tomas de poder inconstitucionales condujeron a la suspensión de procesos electorales. En otros contextos, las elecciones funcionan como rituales controlados de legitimación, con fuerzas de oposición que fueron sistemáticamente excluidas. Los ejemplos van desde la inhabilitación de opositores políticos hasta la extensión del poder mediante reformas constitucionales o la transferencia dinástica del poder.

Al mismo tiempo, los intentos autoritarios de controlar los procesos electorales han encontrado resistencia. En Madagascar, Mozambique, Tanzania y Venezuela, las protestas masivas, aunque fueron reprimidas, fortalecieron la movilización política más allá del momento electoral. En Georgia y Serbia, donde los partidos gobernantes han capturado progresivamente el Estado y debilitado las instituciones democráticas y constitucionales durante años, las elecciones dejaron de cumplir los estándares mínimos debido a graves irregularidades. Ambos países, tras prolongadas protestas contra la autocratización y el nepotismo, son ahora clasificados como autocracias en el BTI.

No obstante, también existen señales de resiliencia democrática y de cambio político. En Senegal, el Tribunal Constitucional hizo cumplir la celebración de elecciones presidenciales en los plazos previstos, en contra de la voluntad del gobierno en funciones. En Sri Lanka, las protestas y las elecciones posteriores condujeron a un cambio democrático de poder. Brasil, Letonia y Taiwán reforzaron la integridad electoral mediante medidas contra la desinformación y la injerencia extranjera. En Moldavia, la presidenta proeuropea, Maia Sandu, resistió importantes intentos externos de influir en el proceso electoral. Botsuana experimentó un cambio de gobierno histórico y pacífico. En India y Sudáfrica, los partidos dominantes perdieron sus mayorías.

El endurecimiento autocrático. Los derechos de participación política y el Estado de derecho están claramente en retroceso a nivel mundial, y la libertad de expresión y de prensa vuelven a estar especialmente bajo presión. En muchos países, la sociedad civil está articulando formas de resistencia frente a la erosión de la democracia.

La erosión de la libertad de expresión y de prensa, así como de los derechos de asociación y de reunión, ha continuado durante la última década. Mientras que en 2016 solo una cuarta parte de los países restringía los derechos fundamentales de participación política, en el BTI 2026 esta proporción ha aumentado a alrededor del 40%. El marcado retroceso en la libertad de expresión y de prensa se debe al incremento de la represión contra periodistas, a la adopción de leyes restrictivas sobre “noticias falsas” o difamación, al control estatal de los mercados mediáticos, a la vigilancia digital y a los cortes de internet. En consecuencia, el espacio para el debate abierto y la participación política se ha reducido a nivel global.

Al mismo tiempo, el Estado de derecho se ha visto gravemente erosionado en los últimos diez años. La separación de poderes está siendo sistemáticamente debilitada o eliminada, ya sea de forma abrupta mediante golpes militares, o de manera gradual a través del debilitamiento deliberado de los órganos de control y de la rendición de cuentas horizontal. En numerosos países, el Poder Judicial, los parlamentos y las autoridades de supervisión han sido despojados de sus competencias, a menudo bajo el pretexto de una mayor eficiencia gubernamental. En la práctica, la concentración del poder suele ir acompañada de una disminución de la rendición de cuentas y de un aumento de los abusos de poder.

Un análisis de los países que se han vuelto más autoritarios en los últimos años muestra que los incrementos en el poder ejecutivo son más fáciles de consolidar que de revertir. Países como Brasil y Polonia, que han logrado iniciar procesos de redemocratización y han obtenido avances políticos significativos, aún no han conseguido recuperar plenamente el nivel de Estado de derecho previo a la autocratización. Los actores y marcos normativos instaurados por gobiernos anteriores obstaculizan las reformas, la polarización social incrementa tanto las expectativas de los partidarios como la resistencia de los opositores, y existe una fuerte tentación de utilizar la concentración de poder ejecutivo ya existente para fines propios, incluso cuando el objetivo declarado es desmontar el legado autoritario.

La disminución del compromiso de las élites políticas con las instituciones democráticas se refleja en una creciente crisis de confianza entre la población. Aunque la adhesión normativa a la democracia sigue siendo alta en muchos casos, aumenta el descontento con su funcionamiento práctico. La brecha creciente entre el ideal democrático y la realidad institucional abre espacio para que fuerzas populistas y autoritarias debiliten aún más los procesos democráticos en nombre de una supuesta “verdadera democracia”.

A pesar de las importantes restricciones a la participación y al Estado de derecho, la disposición a protestar contra la manipulación electoral, la corrupción, la mala gestión o nuevas limitaciones sigue siendo notablemente alta a nivel mundial. Muchos gobiernos responden con una mayor represión, de modo que la erosión de los estándares democráticos y la violencia estatal se refuerzan mutuamente. Aunque las protestas no siempre logran derribar gobiernos, sí abren nuevas ventanas de oportunidad para el cambio político.

Déficits de eficiencia bajo regímenes autocráticos. La promesa autoritaria de eficiencia sigue siendo en gran medida un mito frente a la extendida corrupción, la falta de transparencia y las limitadas capacidades de implementación. Los avances en materia de reformas se han producido principalmente en países gobernados democráticamente.

El BTI 2026 vuelve a confirmar la estrecha relación entre el estado de la transformación política y la eficiencia gubernamental en la gestión de recursos, la coordinación de políticas y las políticas anticorrupción. Los gobiernos que han logrado avances significativos en la transformación política también han mejorado de forma notable la eficiencia en el uso de los recursos, como es el caso de Bangladesh bajo el gobierno de transición liderado por Muhammad Yunus, o de Polonia bajo el gobierno de Donald Tusk, donde se han impulsado reformas para combatir la corrupción y despolitizar la administración.

En contraste, las autocracias presentan sus déficits más evidentes en materia de lucha contra la corrupción: en más de cien países, la corrupción no se aborda adecuadamente, y dos tercios de estos son autocracias. La tan mencionada promesa de eficiencia autoritaria resulta ser, en la práctica, un mito. Ejemplos como El Salvador, Serbia y Turquía muestran que, si bien la concentración del poder puede garantizar el control, a menudo genera nuevas redes clientelares y socava la rendición de cuentas.

Aunque los sistemas altamente jerárquicos pueden ofrecer ciertas ventajas de coordinación a corto plazo, como en Ruanda o Arabia Saudita, esto suele producirse a costa de un uso eficiente y transparente de los recursos. Cuando la lealtad pesa más que el rendimiento, se fomentan el despilfarro, la opacidad y el clientelismo. En consecuencia, solo ocho de las 77 autocracias igualan o superan el nivel medio de eficiencia de los gobiernos democráticos.

El grado en que los regímenes autoritarios se orientan al bien común también se refleja en el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Si bien las autocracias han ampliado su monopolio sobre el uso de la fuerza en algunos ámbitos, a menudo descuidan servicios básicos como la infraestructura, la educación y la atención sanitaria. Al mismo tiempo, algunas democracias, especialmente aquellas que atraviesan retrocesos políticos, también están experimentando un deterioro en la calidad de los servicios públicos.

Países como Chile, Estonia, Corea del Sur y Taiwán, que mantienen estructuras administrativas consistentemente eficientes, se destacan como ejemplos positivos. No obstante, en términos generales, los gobiernos operan bajo crecientes presiones estructurales, que van desde la pobreza y el endeudamiento excesivo hasta los efectos del cambio climático. Aunque cincuenta gobiernos han mejorado recientemente su capacidad para formular políticas en ámbitos específicos, la disposición de implementación sigue siendo limitada en muchos contextos: más de la mitad de los gobiernos aún no logra aplicar eficazmente la mayoría de sus propias prioridades de reforma.

La polarización social. El consenso político en torno a la democracia y la economía de mercado sigue debilitándose, acompañado de una creciente polarización, una menor consulta pública, un deterioro de la gestión de conflictos y una disminución de la cooperación internacional. En un número creciente de países, la capacidad política se está alejando cada vez más de los ideales de la democracia y la economía de mercado.

El consenso entre las élites políticas ha disminuido de forma sostenida desde mediados de la década de 2010. Además, la reducción de la capacidad para resolver problemas, los bloqueos institucionales, una gestión inadecuada de las crisis y el aumento de la desigualdad están debilitando aún más dicho consenso.

Las narrativas autoritarias aprovechan estas debilidades para promover el capitalismo dominado por el Estado y el control jerárquico como alternativas más eficientes, mientras que China y Rusia se posicionan como socios estabilizadores en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Al mismo tiempo, las fuerzas populistas están erosionando componentes normativos fundamentales de la gobernanza democrática, como el pluralismo, la apertura y la protección de las minorías. Los procedimientos formales se mantienen, pero se utilizan cada vez más de forma instrumental, mientras que las élites políticas y económicas se centran crecientemente en asegurar el poder y en consolidar redes clientelares.

Con la erosión del consenso, también disminuye la disposición a involucrar de manera sistemática a la sociedad civil. La consulta pública sigue siendo uno de los indicadores de gobernanza más débiles en el BTI 2026 y se deteriora especialmente allí donde el consenso entre los actores relevantes sobre la democracia y la economía de mercado se ha debilitado. Ejemplos como Perú y Rumanía muestran cómo contextos disfuncionales o altamente polarizados socavan la capacidad de respuesta de la gobernanza.

La reducción en el aprovechamiento del potencial de la sociedad civil para la cooperación y el diálogo contribuye a un aumento de la polarización y de la intensidad de los conflictos, lo que a su vez restringe aún más la participación de la sociedad civil. En los últimos veinte años, el número de países con baja intensidad de conflicto se ha reducido a la mitad, ya que cada vez más gobiernos no están dispuestos o no son capaces de desactivar conflictos de carácter étnico, religioso o político, y en muchos casos los intensifican activamente.

El vínculo con la autocratización es claro: en la mayoría de los países que han experimentado retrocesos significativos en su transformación política, la gestión de conflictos también se ha deteriorado. Estas dinámicas políticas internas se están trasladando cada vez más al ámbito internacional. La cooperación regional sigue registrando niveles relativamente altos, pero ha disminuido de forma considerable debido al aislamiento de regímenes sancionados y a la retirada de, o el incumplimiento de, organizaciones regionales. Al mismo tiempo, la credibilidad y el cumplimiento de los tratados por parte de muchos Estados influyentes, incluidos numerosos miembros del G20 y de los Brics, están disminuyendo, lo que ensombrece aún más las perspectivas de una cooperación bilateral y multilateral efectiva.

Desarrollo económico inestable

El BTI 2026 indica una ligera recuperación de los indicadores macroeconómicos, como la estabilidad monetaria y fiscal y el desempeño económico. Sin embargo, esta mejora rara vez refleja una transformación real hacia economías de mercado con integración social.

Los modelos de crecimiento de muchas economías han alcanzado sus límites en un entorno económico global volátil. Además, la baja productividad, la expansión de los sectores informales, el despilfarro de recursos y una gobernanza económica deficiente han contribuido a frenar la recuperación económica tras la pandemia de covid-19 y el posterior repunte inflacionario. Alrededor de la mitad de las economías analizadas presentan un nivel de transformación económica inferior al de 2020.

La estabilidad macroeconómica y el desempeño económico no dependen exclusivamente del sistema político. Mientras que en Europa central, oriental y sudoriental democracias como Polonia y Eslovenia han mantenido una estabilidad económica a largo plazo, algunos países de Europa oriental y Asia central se están beneficiando económicamente de la guerra en Ucrania o de desvíos comerciales derivados de las sanciones contra Rusia. En conjunto, sin embargo, la transformación económica sostenible en muchos contextos sigue siendo frágil si no se sustenta en la seguridad jurídica, normas de competencia fiables e instituciones inclusivas.

La recuperación macroeconómica a corto plazo de muchos países, basada en mejoras en la estabilidad monetaria y fiscal, no se traduce en avances estructurales. La desigualdad social, el clientelismo y la exclusión económica se ven alimentados por políticas centradas principalmente en la austeridad, lo que agrava las tensiones sociales y el potencial de protesta. Un ejemplo ilustrativo es Argentina: el gobierno de Milei logró reducir rápidamente la inflación mediante una devaluación de la moneda, pero al mismo tiempo, la situación socioeconómica de amplios sectores de la población se vio gravemente afectada por profundos recortes en el gasto social.

Participación limitada y exclusión estructural. En muchos países, el establecimiento de una economía de mercado funcional e inclusiva ha dejado de ser una prioridad. En particular, en las autocracias, los retrocesos políticos van acompañados de una ruptura del consenso en materia de política económica: el Estado y la economía se entrelazan cada vez más en redes clientelares que socavan la competencia libre y justa, debilitan los derechos de propiedad y refuerzan la desigualdad social. El promedio global en cuanto a marcos regulatorios sigue siendo poco alentador. La organización del mercado, la política de competencia, la empresa privada, los derechos de propiedad y la igualdad de oportunidades han mostrado escasos avances en los últimos diez años. Estas debilidades son especialmente pronunciadas en África subsahariana, donde solo unos pocos países, como Botsuana, Mauricio y Sudáfrica, se destacan como ejemplos positivos.

Existen claras diferencias entre democracias y autocracias: de los 52 países con regímenes económicos no libres ni justos, solo tres son Estados gobernados democráticamente, a saber: Nepal, Sierra Leona y Timor-Leste. La gran mayoría de las democracias ha establecido al menos normas básicas de competencia. 

La discriminación estructural en el acceso a la educación, el empleo y los cargos públicos persiste a pesar de la existencia de normas formales contra la discriminación. A largo plazo, solo unos pocos países democráticos, como Albania, Chile y Moldavia, han logrado avances en ámbitos como la paridad de género y la representación política.

En términos generales, el promedio global de la calidad de los sistemas de bienestar se ha mantenido estancado en un nivel moderado durante dos décadas: en 59 países, los sistemas de seguridad social son rudimentarios y amplios sectores de la población están en riesgo de pobreza, especialmente en África subsahariana. La debilidad de las redes de protección social agrava la pobreza y la exclusión, socava la participación socioeconómica y aumenta la fragilidad política a largo plazo, como muestran los casos de Bangladesh, Madagascar y Nepal, donde las tensiones sociales contribuyeron a protestas masivas y a crisis políticas.

También se han registrado escasos avances a nivel global en materia de desarrollo socioeconómico, lo que implica que la desigualdad estructural a menudo permanece arraigada en niveles previamente alcanzados. Bolivia, Botsuana, Ghana, India y otros 15 países se sitúan actualmente en el promedio global de 4,04 puntos, conformando un grupo de países donde la desigualdad y la pobreza son pronunciadas a pesar de, en algunos casos, importantes esfuerzos gubernamentales. 

En muchas regiones, la sostenibilidad ecológica queda subordinada a los objetivos de crecimiento económico. Las medidas de consolidación fiscal suelen adoptarse a expensas del gasto en bienestar, educación y sostenibilidad. La falta de priorización de políticas sociales y sostenibles obstaculiza así avances claves en los procesos de transformación.

Conclusión: un panorama de crecientes tendencias autoritarias. En conjunto, los hallazgos dibujan un panorama de crecientes tendencias autoritarias, un debilitamiento del Estado de derecho, un estancamiento de la transformación socioeconómica y formas de gobernanza menos orientadas al consenso y a la inclusión. Sin embargo, incluso allí donde los estándares democráticos están bajo presión, la resistencia social frente a la represión, la corrupción y los abusos de poder sigue siendo notablemente activa. Las protestas, la resistencia institucional, la participación de la sociedad civil y los avances selectivos en materia de reformas demuestran que la demanda de participación, rendición de cuentas y competencia justa en ningún caso ha desaparecido. Especialmente en un orden internacional cada vez más frágil, esta persistencia y resiliencia ofrecen un potencial significativo para impulsar reformas y una renovación democrática.

*Sabine Donner y Hauke Hartmann son expertos sénior, y Sebastian Plate es director de Proyecto en la Bertelsmann Stiftung.

Traducción de Amani Horton y Dorothea Krueger para Cadal (www.cadal.org).