Caso $LIBRA: la Cámara Federal confirmó la exclusión de los inversores querellantes y ratificó un fallo favorable al Gobierno

La Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de Comodoro Py confirmó este viernes el apartamiento de cinco inversores que buscaban ser querellantes en la causa $LIBRA, el expediente que investiga el escandaloso lanzamiento y desplome de la criptomoneda promocionada por Javier Milei en sus redes sociales.

Apenas horas después de que asumieran los nuevos camaristas, luego de la aprobación de sus pliegos por parte del Senado, el fallo lleva las firmas de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quien juró en su cargo definitivo el día anterior.

Con este movimiento, el tribunal respaldó la decisión inicial del juez Marcelo Martínez de Giorgi y le dio un respiro clave al oficialismo al debilitar la hipótesis de una estafa organizada desde las altas esferas del poder.

Los cinco inversores son Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo. Buscaban ser reconocidos como damnificados y tener un rol activo para impulsar la investigación.

A tener en cuenta, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ya había decidido apartarlos después de un planteo realizado por Mauricio Gaspar Novelli, uno de los empresarios vinculados a la operatoria de $LIBRA. Después, los inversores apelaron esa decisión y ahora la Cámara Federal confirmó el criterio del juez de primera instancia.

De acuerdo con los camaristas, los denunciantes no demostraron qué engaño los llevó a comprar el token y lo hicieron dentro de un mercado volátil, sin regulación financiera y con una fuerte exposición al riesgo. Además, sostuvieron que “asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra”.

Para que pueda hablarse de una estafa, explicaron, no alcanza con demostrar que una persona perdió dinero. Es necesario identificar una maniobra engañosa concreta, demostrar que esa maniobra llevó a la víctima a entregar su dinero y establecer una relación directa entre ese engaño y el perjuicio económico.

Qué pasó con la hipótesis de una maniobra organizada

La Cámara afirmó que la posibilidad de que hubiera existido un plan organizado desde sectores vinculados con el Gobierno y desarrolladores de criptoactivos se encuentra “diluida” frente a la prueba incorporada al expediente.

Así, planteó dos escenarios posibles. Uno es el de una maniobra coordinada para provocar que los inversores pusieran su dinero mediante un engaño. El otro es que se haya tratado de una operación realizada en un mercado de alto riesgo, en el que quienes compraron el activo asumieron las posibilidades de una suba y de una caída.

De acuerdo a los camaristas, con la evidencia reunida hasta ahora no se pudo demostrar el primer escenario con el nivel de precisión necesario para reconocer a los inversores como víctimas directas de una estafa.

Por otro lado, los inversores y sus representantes utilizaron distintos términos para describir la operatoria, entre ellos “rug pull”, “insider trading”, “lavado de prestigio” y “calidad simulada”.

La Cámara consideró que esas expresiones pueden describir determinadas prácticas dentro del mundo de las criptomonedas, pero que no alcanzan por sí mismas para demostrar que en este caso existió un delito.

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