Ian Moche, Milei y la balanza de la Justicia

Antes de que lo echaran de Twitter y Facebook por “incitación a la violencia”, la Justicia de los Estados Unidos ya le había puesto límites a Donald Trump en el uso de las redes sociales. En julio de 2019, durante su primera presidencia, un tribunal de apelaciones de Nueva York determinó que Trump había estado violando la Constitución, particularmente su primera enmienda de 1791, que protege el derecho a la libertad de expresión, cuando bloqueó comentarios críticos en su cuenta @realDonaldTrump. 

La defensa de Trump, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia argumentaron entonces que esa cuenta del presidente norteamericano se trataba de un “perfil privado” y que Trump podía hacer con ella lo que deseara. A lo que el tribunal, con el voto unánime de sus tres miembros, respondió que desde la cuenta @realDonaldTrump Trump actuaba indudablemente como presidente. “El presidente y sus ayudantes han caracterizado repetidamente la cuenta como oficial. La Casa Blanca ha descrito la cuenta como una de las formas en que el presidente se comunica con el pueblo estadounidense. (...) El presidente usa la cuenta para anunciar asuntos de política oficial, y su personal maneja algunos aspectos de la cuenta. Por lo tanto, concluimos que la evidencia sobre la naturaleza oficial de la cuenta es abrumadora”, afirmó el tribunal.

En abril de 2021 el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que lo archivó sin llegar a una conclusión sobre la cuestión de fondo. La cuenta @realDonaldTrump ya no existía y Trump ya no era presidente, por lo que el conflicto se volvió abstracto.

Milei y la épica del derrotado

Este lunes el juez federal de La Plata Alberto Recondo decidió que el presidente Javier Milei no deberá eliminar un posteo desde su cuenta @JMilei en X, antes Twitter, en la que apuntó contra Ian Moche, el chico de 12 años con autismo, activista por los derechos de las personas con discapacidades. Moche había sido objeto de una campaña de agravios de trolls oficialistas y recurrió a la Justicia para que el presidente borre su tuit, que terminó siendo parte de esa campaña. El posteo de Milei apuntaba a una entrevista que el chico le concedió al periodista Paulino Rodrigues en LN+: “Pautino (sic) siempre del lado del mal, del lado de los kukas”, dice el mensaje del presidente, con una imagen de Ian Moche.

Algunas consideraciones del fallo del juez son curiosas, por decir lo menos. Recondo:

• Descalificó la acusación de que el posteo de Milei se tratara de una acción agraviante contra Ian Moche (¿“El presidente agredió al menor? No encuentro que en el caso corresponda razonablemente conceptuar como un ataque a la honra y reputación del menor”.)
• Dijo que era una crítica al periodista que lo entrevistó (“Que se haya criticado a un periodista que entrevistó a un niño no implica que se haya criticado al niño entrevistado por un periodista”.)
• Sostuvo que la manifestación del presidente era un “reposteo” y no una “adhesión total” al contenido del tuit original (“En cuanto al reposteo del presidente, esa acción no implica de manera automática la adhesión total con el contenido o equiparándola a la coautoría. Ese criterio llevaría a cualquier usuario a ser absoluto responsable de expresiones ajenas”).

Finalmente, el juez aseguró que el mensaje fue "realizado desde la cuenta privada personal del señor Javier Milei" y no debe ser interpretado como "acto estatal, revestido de la investidura pública". "El funcionario puede no hablar en el ejercicio de sus responsabilidades oficiales, sino hablar con su propia voz. La libertad de expresión protege al funcionario público cuando habla como ciudadano, incluso sobre cuestiones de interés público”.

Recondo le otorgó la razón al presidente en todo cuanto pudo. La semana pasada, en un escrito en respuesta a un pedido de explicaciones del juez sobre el posteo, Milei había argumentado que la cuenta @JMilei es personal, que sus expresiones no pueden ser tomadas como las del presidente y que solo configuran una “opinión crítica” sobre el trabajo de un periodista. “No es un acto estatal, es una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, había sido el reclamo del presidente.

Apelación

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que representa a Ian Moche, anticipó que apelará la decisión de Recondo ante la Cámara Federal de La Plata. “El juez aceptó que Milei actuaba como presidente, sino la causa tendría que haber ido a la justicia civil. El juez nunca debió haberse declarado competente. El fallo es nulo porque el juez está resolviendo algo sobre lo que no es competente”, dijo Gil Dominguez a PERFIL.

En efecto, el 15 de julio pasado el juez hizo lugar a un pedido del fiscal Julio Gutiérrez Eguía y coincidió con él en que su juzgado era competente para intervenir en el caso Moche. En el mismo pedido el fiscal sostuvo que la cuenta @JMilei es una cuenta oficial verificada por X con tilde gris (que para la red social identifica “individuos del Gobierno nivel nacional: jefes de Estado, presidentes, monarcas y primeros ministros, entre otros). 

La opinión del juez Recondo sobre cuál es el verdadero carácter de la cuenta desde la que hizo su posteo es una cuestión crucial para Milei. Resulta un precedente para la causa que investiga el presunto fraude con la criptomoneda $Libra, que Milei promocionó el 14 de febrero desde la misma cuenta en la que injurió a Moche. Aquel posteo del presidente generó una suba exponencial del valor de la criptomoneda, pero más tarde Milei retiró el tuit y se desplomó, provocando pérdidas por cientos de millones de dólares. Interviene la jueza federal María Servini, pero la investigación está a cargo del fiscal Eduardo Taiano. Comparada con la acción civil iniciada en EE.UU. por los damnificados, la causa local tiene un andar cansino.

Marlene Spesso, la mamá de Ian Moche tendrá que hacerse cargo de las costas del proceso. Y el tuit de Milei seguirá en X. 

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No es fácil abstraerse en la Argentina de la impresión de que la Justicia no actúa con severidad frente al poder político en ejercicio. La falta de correspondencia en un conflicto que involucra la voz de un presidente y la de un niño de 12 años exime de comentarios.

Sin embargo, en una simetría algo caprichosa, otro fallo se conoció este lunes. Un juez también con jurisdicción federal, Adrián González Charvay, de Zárate-Campana, declaró la invalidez del veto a la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad aprobada por el Congreso nacional, en abierto desafío a Milei. El juez hizo lugar a un amparo presentado por los papás de dos chicos de 11 años que vieron amenazado el acceso a sus tratamientos y escolaridad. 

La oposición llamó a una sesión especial este miércoles en Diputados para tratar un temario que incluye esta y otras impugnaciones presidenciales, como la del aumento en las jubilaciones y la moratoria previsional, además de debatir los proyectos para regular aportes coparticipables y liberar el funcionamiento de la comisión de investigación del caso $Libra. Veremos una lucha libre en el umbral de las elecciones.

Como se dijo la semana pasada aquí, es probable que, como ocurrió con Donald Trump en EE.UU., la causa Ian Moche termine en la Corte Suprema.

ML