El 11 de junio de 1982, una tormenta acompañó la llegada del papa Juan Pablo II al aeropuerto de Ezeiza. El Pontífice descendió del avión sujetándose el solideo para que no se lo llevara el viento y se inclinó a besar la tierra argentina.

Lo esperaba el presidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri, rodeado por la cúpula militar: los responsables de una dictadura que había secuestrado, torturado y desaparecido a miles de argentinos y que ahora había utilizado una causa justa para intentar perpetuarse en el poder.

Faltaban tres días para el final de la guerra. La escena encerraba una contradicción difícil de ignorar: un Papa que llegaba con un mensaje de paz ante quienes habían hecho de la violencia una política de Estado.

Juan Pablo II venía de Gran Bretaña. Entre el 28 de mayo y el 2 de junio había realizado una visita histórica para las relaciones entre la Iglesia católica y la Comunión anglicana, preparada mucho antes de que comenzara el conflicto.

Pero la guerra había alterado el sentido de aquel viaje. Para evitar que su presencia fuera interpretada como un respaldo a Londres, decidió visitar también Buenos Aires. Lo había anunciado el 25 de mayo en una carta dirigida a los argentinos.

Su propósito era acompañar a un pueblo que sufría, sin confundir esa cercanía con un aval a quienes gobernaban por la fuerza.

No era la primera vez que el Papa intervenía ante una crisis que amenazaba con desatar una guerra en el extremo sur de América.

Cuatro años antes, Argentina y Chile habían estado al borde del enfrentamiento armado por el canal de Beagle. En diciembre de 1978, las dos dictaduras habían movilizado sus tropas y la posibilidad de una guerra parecía inminente. Juan Pablo II envió al cardenal Antonio Samore, quien llegó a Buenos Aires el 26 de diciembre.

Su misión consistía en que los gobiernos volvieran a hablar antes de que comenzaran a disparar. El 8 de enero de 1979, Argentina y Chile firmaron el Acta de Montevideo, aceptaron la mediación de la Santa Sede y se comprometieron a no recurrir a la fuerza. El camino sería largo. Recién en 1984, recuperada la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín firmaría el Tratado de Paz y Amistad con Chile.

El Papa ya se había referido a la Argentina cuando en octubre de 1979 las Madres de Plaza de Mayo llevaban más de un mes en Roma intentando que se pronunciara sobre el destino de sus hijos desaparecidos.

Durante una audiencia pública, algunas consiguieron acercarse a Juan Pablo II. Cuando el Pontífice les preguntó cuántos eran los desaparecidos en Argentina, ellas respondieron: “30.000”.

Su perseverancia logró romper el silencio.

El reclamo llegó a las misas de quince parroquias romanas y, finalmente, el domingo 28 de octubre, ante una multitud reunida en la plaza de San Pedro, Juan Pablo II habló públicamente del drama de las personas desaparecidas en Argentina y Chile.

Juan Pablo II pidió consuelo para quienes habían perdido la esperanza de volver a abrazar a sus seres queridos y reclamó que aquellas situaciones fueran esclarecidas. También exigió respeto por la integridad física y moral de los detenidos.

Aquellas palabras tuvieron una respuesta que quedaría grabada en la historia argentina.

En diciembre de 1979, durante una conferencia de prensa, el periodista José Ignacio López le preguntó valientemente a Videla por el pronunciamiento papal. Intentó relativizarlo, afirmó que el Papa había hablado al mundo, no particularmente a la Argentina. Después pronunció la frase que se convertiría en una de las expresiones más brutales del terrorismo de Estado: “No tiene entidad. No está ni muerto ni vivo, está desaparecido”.

Tres años después, ese mismo Papa estaba en Ezeiza, frente a Leopoldo Galtieri y a los integrantes de la Junta Militar.

En su primer discurso, Juan Pablo II cuestionó el “absurdo y siempre injusto fenómeno de la guerra” y recordó que, aún después de tanta muerte y destrucción, permanecía como alternativa “la mesa de negociación que podía y debía evitarla”. Pero entre sus palabras hubo una referencia que trascendía el conflicto bélico.

Al dirigir sus plegarias a quienes sufrían, mencionó también “la incertidumbre acerca del destino de algún ser querido”.

Durante su breve estadía, el Papa visitó el santuario de Luján y rezó por las víctimas de la guerra y sus familias. En sus encuentros con religiosos y obispos insistió en que el amor a la propia patria no debía desconocer el patriotismo de otros pueblos.

El 12 de junio transmitió a los jóvenes argentinos un mensaje de paz que le habían confiado jóvenes británicos durante su visita a Cardiff. El Papa era plenamente consciente que su presencia poco podía aportar a una situación bélica irreversible. En 1987 volvió a la Argentina para celebrar la firma del acuerdo con Chile.

Las palabras y los gestos de los pontífices adquieren un significado particular en cada momento histórico.

Más de cuatro décadas después, entre el 8 y el 11 de noviembre, León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Será el primer Papa en llegar a nuestro país desde 1987. Llega con un nombre que no es casual, el de León XIII, el Papa de la cuestión social, y a una Argentina atravesada por el ajuste, la caída de los ingresos, el hambre y el desfinanciamiento de la educación, la salud y la ciencia. Un país cuyo presidente llegó a calificar la justicia social de “aberración”; el mismo que alguna vez llamó a Francisco “representante del maligno en la Tierra”.

En este contexto, recuperar el legado de la diplomacia pontificia también significa recordar que la paz se construye promoviendo sociedades más justas, solidarias y respetuosas de los derechos humanos.

La experiencia del Papa Juan Pablo II y la siempre presente voz de Francisco nos recuerdan que la paz no se limita a evitar las guerras.

También exige defender la dignidad humana, promover la justicia social y construir sociedades en las que los derechos no sean privilegios de unos pocos. La paz, la soberanía nacional, la justicia y la solidaridad dimensiones de un mismo compromiso.

La visita de León XIV representa una oportunidad para reafirmar esa convicción: no hay futuro posible sin paz, justicia social, solidaridad y un Estado comprometido con el bienestar de su pueblo.