“Narcisista y perverso”: suspendieron a un psicólogo tras denuncias de acoso

El Colegio de Psicólogos de Quilmes suspendió por 12 meses la matrícula de un profesional tras una serie de denuncias que apuntaron a un posible abuso de su rol terapéutico y docente para establecer vínculos personales e íntimos con mujeres que se encontraban bajo atención clínica o en situación de dependencia académica y laboral.

La decisión se adoptó luego de un proceso disciplinario contra Paolo Becerra, que reunió testimonios y material digital aportado por denunciantes, incluyendo capturas de conversaciones por mensajería. Según fuentes vinculadas al expediente, se trata de una medida excepcional en el distrito.

La investigación comenzó tras una serie de presentaciones realizadas ante el Colegio y después de que se difundieran, en redes sociales, testimonios de mujeres que aseguraban haber mantenido vínculos con el profesional mientras eran pacientes, alumnas o trabajaban con él. Las denunciantes compartieron chats, conversaciones y capturas de mensaje en los que –según relataron– el psicólogo iniciaba un acercamiento afectivo y personal progresivo desde el marco terapéutico o académico.

En los intercambios relevados, una expaciente lo describió como “narcisista y perverso” y afirmó que en ámbitos laborales él la “tocaba sin que lo vean”. Otra mujer señaló que el vínculo “se tornó confuso” porque él era su profesor y aseguró que pidió fotos y hacía comentarios de connotación sexual. Un tercer testimonio relató situaciones de contacto físico y referencias constantes a la vida íntima del profesional y su entorno.

Los relatos reunidos describen un mismo patrón: contacto frecuente por mensajería, derivación hacia conversaciones personales y hasta pedidos de imágenes. En algunos casos, las denunciantes indicaron que el profesional generaba una dependencia emocional o que ofrecía oportunidades laborales y académicas como parte del vínculo.

Según las presentaciones recibidas, el accionar se habría extendido durante varios años y alcanzado tanto a pacientes como a alumnas y terapeutas que trabajaban con él. Algunas mujeres manifestaron temor a denunciar inicialmente, por tratarse de una figura con acceso a información sensible y vínculos dentro del campo profesional.

El proceso disciplinario derivó en la suspensión por 12 meses de la matrícula profesional. Durante ese período, el psicólogo no podrá ejercer.

En paralelo, existen denuncias penales tramitadas en la UFI Nº8 del Departamento Judicial Quilmes vinculadas a hechos de índole sexual presuntamente cometidos contra mujeres adultas que realizaron consultas terapéuticas. Las actuaciones se encuentran en curso y bajo reserva.

Otro caso. Casi en paralelo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos inició una investigación penal de oficio para determinar si existieron delitos de índole sexual o situaciones de abuso de poder en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

La actuación se dispuso tras la difusión de publicaciones en medios y redes sociales donde estudiantes y egresadas describieron situaciones de violencia de género vinculadas a integrantes del ámbito académico.

La medida surgió después de que se viralizaran declaraciones del psicólogo rosarino conocido como “Doctor Chinaski”, quien fue docente de la carrera de Psicología hasta 2019.

En una entrevista pública, el profesional sostuvo que “siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis”, y agregó que “no hay impedimento moral” para mantener relaciones sexuales con pacientes.

Tras el repudio que generaron esos dichos y la aparición de testimonios en redes sociales, la Facultad informó que desde 2016 cuenta con un Protocolo de Actuación frente a las Violencias y Conductas Discriminatorias, y anunció el inicio de una información sumaria interna para reunir antecedentes y evaluar posibles responsabilidades institucionales.

El MPF precisó que la investigación busca esclarecer “posibles situaciones de abuso de poder y/o delitos contra la integridad sexual” en el ámbito universitario. Asimismo, la Unidad Fiscal de Género habilitó canales para recibir información y denuncias de forma reservada en la Oficina de Atención Primaria de Paraná.

Con esta intervención, la Justicia entrerriana analizará si los episodios relatados en redes y medios constituyen delitos perseguibles de oficio y si existieron vulneraciones de derechos en el marco de relaciones académicas o profesionales dentro de la institución.