La oposición política de Venezuela siente la pesada carga de gobernar sin tener mucho poder real. Tal vez no hay persona que la sienta más que José Ignacio Hernández. En febrero, el abogado constitucionalista nacido en Caracas fue nombrado fiscal general del gobierno que intenta crear Juan Guaidó. No obstante, si bien el presidente de la Asamblea Nacional ha sido reconocido por Estados Unidos y otros 50 gobiernos como líder legítimo del país, él y aliados como Hernández tienen poco poder.
A los acreedores del país eso no les importa. Después de meses de impagos y miles de millones de dólares en deudas no honradas, buscan desesperados que alguien vinculado a Venezuela reconozca los atrasos y elabore un plan de pago. Como EE.UU. afirma que Guaidó es presidente, los acreedores ahora consideran que su personal es responsable de definir cómo cumplir con las obligaciones.
Hernández señaló que recibe decenas de llamadas cada semana de todas partes del mundo. Todos quieren saber cuándo recibirán su dinero y él les responde con la dura verdad: no podemos pagar ahora y no sabemos cuándo podremos.
“Cuando tienes un examen en la universidad necesitas un respiro, así que vas a la biblioteca y hay un gran letrero: silencio”, declaró Hernández, de 44 años, en una entrevista en Nueva York. "Necesito silencio. Necesito pensar cuidadosamente y no puedo hacerlo si me llaman reclamantes por teléfono, vienen a mi puerta y los abogados dicen que tenemos una fecha de vencimiento. Nadie puede trabajar así”.
Si bien el gobierno de Guaidó ha ido quitando gradualmente una cantidad no revelada de activos venezolanos al régimen de Nicolás Maduro, debido a las sanciones estos no se pueden tocar sin la aprobación del Departamento del Tesoro y la Asamblea Nacional de Venezuela.
De hecho, la situación financiera es tan delicada que Hernández afirmó que ni él ni sus colegas en Washington reciben un salario. El plan es aprobar una ley de presupuesto especial que establezca una nómina de funcionarios de Guaidó y libere fondos para hacer frente a la crisis humanitaria, indicó. Se designaría a un contralor para que supervise.
Los esfuerzos de la oposición para tomar el palacio de Miraflores se han estancado en las últimas semanas después tras un levantamiento fallido el 30 de abril. Desde entonces, el régimen de Maduro ha tomado medidas enérgicas contra los responsables, obligando a algunos parlamentarios a esconderse en casas seguras. La tensión aumentó aún más el fin de semana pasado después de la muerte de un capitán de corbeta involucrado en la revuelta.
Ante el estancamiento y las sanciones de EE.UU., el trading de la deuda venezolana casi se detuvo hasta hace poco. Los bonos de referencia del país han caído 6 centavos desde mediados de la semana pasada a cerca de 20 centavos por dólar mientras JPMorgan Chase se prepara para bajar la ponderación del país a cero en sus índices de bonos.
Llegar a un acuerdo con los acreedores es una prioridad para el nuevo gobierno, que deberá crear planes para tenedores de bonos, proveedores de servicios petroleros y préstamos de Rusia y China. El pasivo total de Venezuela es cercano a US$114.000 millones, según Barclays, o US$157.000 millones, de acuerdo con Torino Capital, banco de inversiones con sede en Nueva York. El propio Hernández reconoció que el total puede exceder los US$200.000 millones, aunque es difícil estar seguro dado el número desconocido de reclamaciones por títulos, expropiaciones y otros pasivos.
En un recinto diplomático abandonado en Washington dirigido por el agregado militar de Venezuela, quien desertó del régimen de Maduro para unirse a Guaidó, el equipo de cuatro personas de Hernández recibe llamadas de una larga lista de abogados que buscan negociar. El fiscal viaja con frecuencia, compatibilizando sus responsabilidades en la Universidad de Harvard con reuniones en Wall Street y otros lugares.
Uno de los grandes proyectos de Hernández es lo que denomina el plan de recuperación de activos de la cleptocracia. Conforma un equipo mundial de abogados, investigadores y funcionarios de gobierno para identificar los miles de millones de dólares que a su juicio fueron robados al pueblo venezolano en los regímenes de Maduro y su antecesor, Hugo Chávez.
Si bien es imposible predecir cuánto podrían obtener, Hernández acotó que posiblemente se pueda llegar a los US$300.000 millones, una estimación que puede ser muy optimista. Ofreció pocos detalles sobre dónde está ese dinero: "Si digo que estoy buscando dinero robado en París sacarán todo su dinero de París".
Otro tema complicado es qué hacer con el pago del bono de la petrolera estatal PDVSA con vencimiento en 2020 respaldado por una participación en la unidad de refinación Citgo, con sede en Houston. Es el único bono que Venezuela ha seguido pagando por temor a perder la garantía.
"Todas las opciones están sobre la mesa" para octubre, cuando expiren casi US$1.000 millones de la deuda, aunque Hernández confía en que el gobierno de Donald Trump emitirá una orden de protección de activos. EE.UU. hasta ahora ha rechazado las solicitudes de protección hechas por representantes de Guaidó.
El fracaso, ya sea perder Citgo u otros activos, no es una opción, aseguró.
"Estamos en un Titanic que se está hundiendo y tengo la posibilidad de evitar ese desastre, pero al mismo tiempo muchos me dicen: ’sálvame, sálvame, sálvame’", manifestó Hernández. "Así que les digo: ’por favor dame una hora y atenderé tu problema’. De lo contrario nos vamos al fondo del mar”.
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