La economía no va a recuperarse rápidamente de la pandemia de coronavirus por sí sola. Las reaperturas estatales, prematuras o no, restaurarán un mínimo de la actividad económica, pero no será suficiente para poner a muchas empresas locales en números positivos. Si el virus reaparece en los estados que se reabran, causará una ola de temor que deprimirá la demanda y volverá a cerrar algunos lugares. Mientras tanto, los consumidores cautelosos están ahorrando su dinero, lo que deprimirá la demanda. Y las redes comerciales mundiales y las cadenas de suministro permanecerán en ruinas durante algún tiempo a medida que la pandemia reverbere en todo el mundo. Por mientras, aunque el ritmo de las solicitudes de desempleo se ha desacelerado ligeramente, millones de estadounidenses continúan perdiendo sus empleos:
Por lo tanto, el Gobierno federal no puede permitirse el lujo de aflojar en sus intentos por aliviar el dolor de los estadounidenses y preservar tanta actividad económica como sea posible. La Ley CARES de US$2 billones fue un ejemplo alentador de acción audaz bipartidista que abordó muchas de las necesidades más urgentes del país a fines de marzo. Pero como el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizó la semana pasada, el país está atrasado con otra ronda de estímulo.
La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada su versión de esa segunda ronda, llamada Ley HEROES. Es poco probable que el proyecto de ley de gasto de US$3 billones pase por el Senado controlado por los republicanos sin cambios sustanciales, pero representa una buena propuesta para comenzar las negociaciones.
El elemento más importante del plan de ayuda de la Cámara de Representantes es el dinero para los gobiernos estatales y locales. Aunque la pandemia ha aumentado sus necesidades de gasto, muchos de estos gobiernos tienen una capacidad limitada para gastar mediante enmiendas presupuestarias equilibradas escritas en las constituciones estatales. Incluso aquellos que no tienen limitaciones suelen tener que pagar tasas de interés mucho más altas que el Gobierno federal. Por lo tanto, tiene sentido financiero que el Gobierno federal quite la mayor parte de la carga financiera de los gobiernos más pequeños.
El proyecto de ley de la Cámara de Representantes otorga US$500.000 millones a los gobiernos estatales y US$375.000 millones a los gobiernos locales. El número anterior coincide con un informe reciente del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, un grupo de expertos de centro izquierda, que predice un déficit presupuestario estatal de US$500.000 millones durante los próximos tres años. Es probable que esos números se reduzcan en el proyecto de ley final y eso está bien. Por ejemplo, parte del gasto del gobierno local es redundante porque los estados utilizan algunos de sus presupuestos para apoyar a las localidades. Pero una ayuda sólida a los gobiernos estatales y locales ayudará a evitar uno de los mayores errores de la Gran Recesión.
Una segunda parte importante del proyecto de ley es más financiamiento para los esfuerzos de pruebas y seguimiento de contactos. La mayoría de Estados Unidos aún no tiene suficientes pruebas o seguimiento de contactos para contener futuros brotes del virus. Como han señalado varios economistas y expertos en salud pública, estas capacidades de contención ofrecen el mayor retorno de la inversión que el gasto gubernamental puede obtener en este momento. Los sistemas de prueba y seguimiento son la herramienta esencial utilizada por Nueva Zelanda, Corea del Sur y otros países que han contenido la COVID-19. Con la amenaza del virus bajo control, la reapertura económica estará a salvo de reversiones repentinas.
Sin embargo, cuando se trata de la ayuda económica para los hogares, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes podría ser mejor. El enfoque principal del proyecto de ley es redoblar las estrategias de la Ley CARES: pagos universales modestos por vez única de US$1.200 por persona, más una gran extensión de los beneficios ampliados del seguro de desempleo hasta fin de año.
Esto es mucho dinero, lo cual es bueno. Pero se deberían realizar pagos universales por mucho más dinero y asignar menos recursos en forma de beneficio por desempleo. La razón principal es que muchos estadounidenses desempleados han tenido problemas para acceder a los beneficios que la Ley CARES les asignó y no hay razón para esperar que sea diferente en los próximos meses. Los sistemas estatales de desempleo no están preparados para manejar el número o la escala de solicitudes que se realizan. Hasta ahora, esto ha significado que una gran parte de los trabajadores desempleados, casi la mitad según algunas estimaciones, no han recibido beneficios o aún están esperando.
Esto es inaceptable. Hasta ahora, los trabajadores a los que se les han negado los beneficios o se han visto obligados a esperar han estado gastando sus ahorros, pero no hay manera de que esto pueda continuar por el resto de 2020.
Si el Gobierno quiere minimizar el sufrimiento humano y amortiguar el impacto a largo plazo a la demanda de los consumidores, debería destinar gran parte del esfuerzo de ayuda del sistema de seguro de desempleo hacia pagos universales. En lugar de un pago único de US$1.200 por persona, la ley de ayuda debe incluir pagos universales recurrentes para el resto del año. Debido a que estos pagos se administran a través del sistema tributario, son mucho más rápidos y confiables que los controles estatales de desempleo. Además, debido a que son universales, en lugar de basarse en la situación laboral, es menos probable que estos pagos disuadan a los trabajadores a volver a trabajar rápidamente una vez que haya pasado la amenaza de la pandemia.
Ha pasado el momento de preocuparse por los destinatarios de los beneficios. Esta depresión afectará a todos los estadounidenses y la solución es un proyecto de ley de ayuda que se centre más en apoyar a todos los estadounidenses.
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