Con lo peor de la pandemia por venir, las autoridades latinoamericanas están luchando, y no solo por camas de hospital y ataúdes. Junto con la COVID-19, ha estallado una fiebre de preocupación sobre cómo revertir la contracción económica colectiva y continuar una vez que la emergencia de salud haya pasado.
Después de siete años consecutivos de crecimiento decepcionante, los efectos colaterales de la crisis de salud retrasarán el producto interno bruto regional en al menos 5% este año, un colapso que rivaliza con la Gran Depresión. El desempleo aumentará en alrededor de 35% a 37,7 millones, y es probable que otros 16 millones de latinoamericanos caigan en la pobreza extrema. Solo en América Central, el PIB caerá un 6% y recortará unos US$3.900 millones del 48% de los hogares que dependen de la economía en la sombra, según Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano. Y en las sociedades donde casi seis de cada 10 trabajadores en América Latina viven de los trabajos ocasionales, la asistencia social es a menudo poco más que una oración.
Tales perspectivas terribles han movilizado a los gobiernos para desplegar ayuda a los hogares más vulnerables y crédito a las empresas en situación de cierre. Muchos analistas quieren ir más allá, romper el pacto social de la región y convertir a América Latina en el epicentro de una revolución de protección social.
Es hora de que los ricos den la cara, a través de medidas como el “impuesto nacional” propuesto por Argentina a las grandes fortunas. Otros recuperarían la economía de mando, impulsarían el estado de bienestar y enterrarían de una vez por todas el modelo “neoliberal”.
El arma de política social de elección es aún más audaz: el ingreso básico universal. La idea es atractiva y simple: en lugar de una ayuda torpe y a menudo derrochadora de las burocracias de bienestar hinchadas, el argumento es que los gobiernos deberían entregar un cheque a todos. Las familias ricas, de clase media y pobres serían elegibles para este salario mínimo garantizado, sin condiciones, sin exclusiones y sin burocracia.
Versiones del IBU han funcionado durante décadas, y tal vez siglos. Últimamente, han ganado masa crítica: un estudio del Banco Mundial contó 126 libros sobre IBU, 91 de ellos publicados desde 2010. Los aficionados abarcan todo el espectro político. Milton Friedman, el decano de la economía de libre mercado, se convirtió temprano. Lo llamó un impuesto sobre la renta negativo. Para muchos de la izquierda, es el bienestar del siglo XXI. El papa Francisco está a bordo. Al menos 22 experimentos piloto se están ejecutando en todo el mundo.
La pandemia ha llevado al IBU a la cima de la agenda regional. Las crisis sanitarias y económicas en cascada han llevado a América a una encrucijada civilizadora, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, el 21 de abril. Para construir un “futuro civilizador”, dijo Bárcena, los países deben proporcionar un ingreso básico universal que eleve a todos por encima del umbral de la pobreza. “El esquema fiscal del Estado debe cambiarse, pongamos los recursos públicos en apuntalar los ingresos”, dijo.
Apasionados como suenan estos llamamientos, el ingreso básico no es una solución mágica. Sí, dar dinero a todos elimina la costosa tarea de identificar y examinar a las familias para aliviar la pobreza. Tanto mejor para el último en la fila cuyos beneficios ya no dependerían del criterio de los guardianes del estado, una doble victoria para la transparencia y la justicia social. O al menos eso parece.
Sin embargo, al enviar efectivo a todos, incluidos aquellos que no lo necesitan, el ingreso universal hace que la agenda de la equidad retroceda. Claro, los adinerados tendrían que devolver sus extras con impuestos. Si esa generosidad realmente se abre paso a través de los sistemas tributarios con fugas y desigualdades de la región, de vuelta a las arcas del gobierno, es otro asunto. “Los países latinoamericanos no tienen impuestos progresivos”, dice Víctor Bulmer-Thomas, miembro asociado de Chatham House, académico de la historia económica latinoamericana. “El peligro es que los pobres terminen pagando desproporcionadamente las transferencias universales de ingresos básicos”.
Los defensores del ingreso universal reconocen el desafío y argumentan que implementar el IBU requeriría reformas fundamentales en materia de impuestos, pensiones y alivio tradicional de la pobreza. Esa es una lista de tareas desalentadora para cualquier nación, mucho más para los mercados emergentes donde los constituyentes defienden un status quo regresivo. Tales obstáculos pueden explicar, al menos en parte, por qué, a pesar de años de debate, el ingreso básico garantizado sigue siendo principalmente una idea. “Hablando estrictamente, hay muy poca evidencia sobre los efectos del IBU en los países en desarrollo”, señalaron los autores del estudio reciente del Banco Mundial. “Ninguno de estos ha sido evaluado experimentalmente”.
Además, América Latina ya tiene un sistema comprobado de llevar efectivo a quienes más lo necesitan. Al menos 110 millones de familias latinoamericanas obtienen beneficios mensuales siempre que cumplan con condiciones básicas, como mantener a sus hijos en la escuela y vacunados. Eso significa que una de cada cinco de los 552 millones de personas que reciben transferencias de efectivo a nivel mundial vive en América Latina.
Las transferencias monetarias condicionadas superan el bienestar tradicional al transferir beneficios directamente a quienes califican, a menudo a través de tarjetas de efectivo magnéticas personalizadas. Las familias elegibles figuran en un registro nacional de hogares, que se actualiza con frecuencia. En Chile, Colombia y Brasil, estos registros incluyen alrededor del 60% de las familias en todo el país, asegura Armando Barrientos, economista chileno especializado en políticas de asistencia social de la Universidad de Manchester, Inglaterra. El programa pionero de transferencia de efectivo, Bolsa Familia de Brasil, incluso combate la tuberculosis al acelerar los beneficios para los pacientes registrados y mantenerlos comprometidos con las rigurosas terapias con múltiples medicamentos. “Estos sistemas están basados en reglas, no son discrecionales, lo que desalienta la corrupción. Hay una mejora continua en la implementación”, dice Barrientos.Las transferencias de efectivo no son perfectas. Millones de trabajadores están por cuenta propia o trabajan duro en la economía informal (58% en Brasil, 60% en México, 66% en Ecuador) y, por lo tanto, pasan desapercibidos oficialmente.
En Ecuador y Brasil, estos pobres invisibles enfrentan colas épicas, trámites burocráticos o cosas peores para retirar los fondos de emergencia que se les deben en los cierres económicos inducidos por la pandemia. Sin embargo, las exclusiones son un argumento para mejorar la focalización en el bienestar, no para eliminarlo.
Consideremos a Brasil, donde la profunda recesión de 2015-2016 afectó más a los de abajo. Si bien el ingreso nacional promedio cayó 2% de 2014 a 2018, el 5% de los hogares más pobres experimentó una caída de 39%, según el economista Marcelo Neri, quien estudia política social en la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro. ¿La solución lógica? Cerrar la brecha de pobreza recargando los pagos a los más de 13 millones de familias inscritas en el programa tradicional de transferencia de efectivo de Bolsa Familia. Brasil, loablemente, hizo eso y luego extendió los beneficios a millones más que habían pasado por las grietas del bienestar y ahora están en riesgo por las consecuencias de la crisis de salud.
Entonces, ¿qué pasaría si el gobierno decidiera abandonar los requisitos de elegibilidad y difundir la generosidad a los 211 millones de brasileños, con o sin dificultades? Neri hizo los cálculos: distribuir un ingreso básico universal cuesta a Brasil 22 veces más que si se enfocara solo en aquellos por debajo del umbral de pobreza. “Es como tirar dinero desde un helicóptero”, dijo.
El resultado, dijo, sería un desperdicio de ingresos públicos cuando la deuda pública de Brasil está disparada y la carga tributaria ya equivale a 35% del PIB del país. Eso es particularmente preocupante en un país donde “los gastos temporales tienen una forma de convertirse en permanentes”, dice Neri. “Necesitamos identificar la ayuda y obtener beneficios directamente para aquellos que más los necesitan”.
Nadie sugiere que las redes de seguridad existentes sean suficientes. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Para revertir ese legado arruinado, la región debería mirar más allá de la pandemia y fortalecer su pacto social. Sin embargo, más que dar salida al efectivo del gobierno, América Latina necesita arreglar su desigual edificio social. Un buen comienzo sería reducir su sector informal improductivo. La mitad de la fuerza laboral de la región no tiene un trabajo fijo, el 65% no tiene cuenta bancaria y el crédito es casi desconocido. “La medida más precisa de la equidad en la sociedad es el acceso financiero”, dijo Orozco. “La incapacidad de formalizar sus ahorros impide crear riqueza. No se puede hacer esto con dinero el efectivo debajo del colchón”.
La pandemia y la miseria económica que ha provocado no han reinventado la agenda civilizadora de la región. Pero en lugar de luchar por la utopía, los líderes de América Latina deben apoyar y mejorar las herramientas de política social que funcionan.
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