El proyecto de ley de estímulo económico del Gobierno Federal de Estados Unidos por US$2 billones, elaborado para ayudar a que el país a enfrente las consecuencias de la pandemia de coronavirus, tiene muchos aspectos destacables. La cantidad de dinero es importante, probablemente suficiente para proteger y sustentar la economía durante los próximos dos meses. Hasta cierto punto, el proyecto de ley aborda las necesidades de personas, familias, pequeñas empresas, grandes empresas, y gobiernos estatales y locales.
Pero hay dudas acerca de las consecuencias imprevistas del proyecto de ley. Muchas de ellas tienen relación con la gran dependencia del proyecto de ley del sistema de seguro de desempleo. El programa de préstamos para pequeñas empresas recompensa a los empleadores por mantener a los trabajadores en nómina durante el período de cuarentena, mientras que el proyecto de ley les otorga un modesto pago universal. Pero principalmente el diseño del proyecto de ley espera que las personas pierdan sus empleos para luego darles dinero.
Un problema con esto es que el sistema de seguro de desempleo no está diseñado para manejar tantas solicitudes. El aumento ya no tiene precedentes y no hará más que empeorar.
La sobrecarga del sistema podría llevar a que las solicitudes se retrasen o incluso se denieguen, y dejar a las personas sin un sustento económico.
Algunos legisladores y críticos han identificado otra preocupación: que los generosos beneficios del seguro de desempleo desincentiven el trabajo. Además de los beneficios normales de desempleo, el proyecto de ley ofrece US$600 por semana a los trabajadores despedidos. Para muchos estadounidenses de bajos ingresos, este monto es mucho mayor que su ingreso mensual normal.
¿Esto significa que los trabajadores encontrarán racional renunciar a sus trabajos y recibir los pagos del gobierno? Normalmente esto no es un problema porque solo califican para los beneficios los empleados despedidos, no aquellos que dejan de trabajar voluntariamente. Pero el proyecto de ley de estímulo por el coronavirus permite a las personas solicitar el beneficio semanal de US$600 si tienen que renunciar por cualquier motivo relacionado con el coronavirus, como el cuidado de los niños durante el cierre de las escuelas. Cada persona determina si es necesario o no renunciar mediante la denominada autocertificación. Los sistemas de desempleo estatales están sobrecargados y probablemente no verifiquen muchas de esas solicitudes. Esto significa que algunas personas realmente podrán abandonar sus trabajos y aumentar sus ingresos durante un par de meses si así lo desean.
Aun así, una ola de renuncias no es una gran preocupación. En primer lugar, claramente no es racional que la mayoría de los trabajadores renuncien ante una crisis inminente que duraría años, solo para recibir un par de miles de dólares de ingresos adicionales a corto plazo. En segundo lugar, no es tan malo que renuncien los trabajadores no esenciales, es decir, aquellos que no participan en distribución de alimentos, atención médica, servicios públicos y mantenimiento básico, entre otros. Lugares de trabajo menos concurridos ayudan a frenar la propagación de la infección, lo que a la larga tiene dividendos económicos.
El problema son los trabajadores esenciales, como los empleados de tiendas de comestibles, trabajadores de reparto y trabajadores del sector de la salud: si un gran número de ellos renuncia, las industrias cruciales para el funcionamiento de la sociedad podrían quedar sin mano de obra. El beneficio también podría obstaculizar los planes de contratación de estas compañías: si los trabajadores están demasiado cómodos cobrando los generosos pagos por seguro de desempleo podrían no estar dispuestos a ocupar las crecientes vacantes de empleos en supermercados o servicios de entrega.
La respuesta obvia es que los empleadores aumenten los salarios. Pero el coronavirus en sí mismo ha hecho que estos trabajos sean mucho más riesgosos, lo que significaría que los salarios deben aumentar aun más. Y esto ya parece destinado a suceder, al tiempo que trabajadores de Amazon, Instacart y Whole Foods amenazan con ir huelga, o ya están en huelga.
El aumento de los salarios a menudo es algo positivo, y las tiendas y las empresas de entregas pueden hacer frente a tener poca o ninguna ganancia de forma temporal. Pero si necesitan aumentar mucho los salarios para que las personas no prefieran los generosos beneficios por desempleo y puedan emplearlas en condiciones laborales peligrosas, algunas compañías esenciales tendrían que reducir su tamaño o simplemente cerrar. Eso podría causar que algunas personas tengan acceso reducido a alimentos u otros suministros. Otra opción es que estas compañías aumenten mucho los precios, lo que afectaría más a los consumidores de bajos ingresos.
No está claro cuánta escasez de trabajadores esenciales podría crear la combinación de coronavirus más los incentivos del proyecto de ley de estímulo económico. Pero el gobierno debería actuar para evitar el riesgo. La forma más obvia es que, si los trabajadores despedidos vuelven a trabajar en una industria esencial, se les permita continuar cobrando los beneficios de desempleo por la pandemia, además del salario. La desventaja de este enfoque es que podría causar una interrupción de las actividades, ya que los trabajadores renunciarían a las tiendas de comestibles o los servicios de entrega para comenzar a cobrar el seguro de desempleo y luego tratar de ser recontratados.
Una solución más eficiente es subsidiar los aumentos salariales para los trabajadores en industrias esenciales, tal vez a través de un programa donde el gobierno cubra una parte de los aumentos. Esto permitiría que los salarios aumenten a los niveles necesarios, al tiempo que evita que las empresas quiebren. También ayudaría a no presionar aún más el sistema de seguro de desempleo porque esta modalidad implicaría pagos directos del gobierno a las empresas.
A medida que se desarrolla la pandemia, el gobierno experimentará muchas consecuencias imprevistas y muchas situaciones en las que los esfuerzos iniciales resultan ser insuficientes. Es importante que los legisladores se adapten, aprendan y solucionen vacíos constantemente. Los incentivos de beneficios por desempleo son solo un ejemplo. Será una pelea larga, dura y tensa.
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