Una de las compañías de alimentos más grandes de Chile ha arremetido contra una ley que convirtió la compra de tentempiés en una tarea espinosa, ya se trate de chocolates o de papas fritas.
Desde hace dos años, varios productos en ese país sudamericano, desde el condimento para ensaladas hasta las galletitas, llevan duras advertencias sobre su alto contenido de calorías, azúcar, grasas o sal, en el marco de una campaña para combatir las tasas de obesidad que rivalizan con las de Estados Unidos. La ley también prohíbe a los productores de alimentos usar personajes que puedan atraer a los chicos: el bigotudo de las Pringles o el Tigre Tony quedaron fuera, ya sea censurados por un círculo oscuro o directamente ausentes.
Carozzi SA, una compañía controlada por una familia que vende de todo, desde pastas hasta jugos y golosinas, no está conforme con que el gobierno exija etiquetas con rótulos que desalienten a los compradores. Chile es el mercado más grande de la empresa y representa más del 60 por ciento de las ventas. En su informe financiero de 2017, Carozzi informó que los ingresos no mostraron variación en Chile, frente a un crecimiento de 12 por ciento el año anterior, en parte a causa de la ley. En una respuesta enviada por email, la compañía afirmó que, tras excluir algunos efectos circunstanciales no relacionados, el crecimiento habría sido cercano al 8 por ciento, el ritmo logrado este año hasta septiembre.
El patriarca
El presidente Gonzalo Bofill, patriarca actual de la familia que dirige la compañía desde 1975, recientemente le dijo al periódico local El Mercurio que las advertencias eran "un fracaso total". Carozzi también compró anuncios que sugerían cambios y una mejor educación para los consumidores. El núcleo de la crítica es que las etiquetas solo cubren un tercio de los alimentos vendidos (lo que se compra de manera informal en la calle está exento) y que la manera en que el gobierno determina si un producto necesita etiquetado —basándose en una porción fija de 100 gramos, no en el tamaño real de las porciones vendidas— es injusta.
Las advertencias octagonales negras ponen a Chile en la vanguardia de una tendencia mundial, ya que los consumidores exigen más información sobre lo que contienen sus alimentos. La ley, que se considera la más estricta del mundo, también era una necesidad: un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2016 mostró que Chile tiene la tasa de obesidad más alta de la región, solo por detrás de EE.UU. entre los países de la OCDE.
En un artículo publicado el año pasado, la OCDE afirmó que hay pruebas de que los sistemas de "semáforo" —una versión menos severa del enfoque chileno, como la implementada en el Reino Unido—, podrían aumentar el número de personas que seleccionan una opción más saludable en alrededor del 18 por ciento, y llevan a una disminución del 4 por ciento en la ingesta de calorías.
Otros países están analizando el sistema de etiquetas. Un informe publicado en marzo dijo que 15 países estudian el sistema, entre ellos Uruguay, Canadá, Australia e Israel. El mes pasado, Brasil aprobó un proyecto de ley para reducir el contenido de azúcar de productos como mezclas para tortas y galletitas rellenas.
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