La administración de Trump está proponiendo revertir los límites a la contaminación por mercurio de las centrales eléctricas impuestos durante la era Obama, bajo el argumento de que son demasiado costosos y ya no son "apropiados ni necesarios", un hallazgo que podría dificultar la imposición de restricciones más estrictas en el futuro.
La Agencia de Protección Ambiental tiene el objetivo de dejar vigentes los niveles establecidos en 2012, en respuesta a un clamor de las empresas de servicios públicos, que ya han gastado al menos US$18.000 millones para cumplir con los requisitos.
Pero en otra reversión a las políticas ambientales del expresidente Barack Obama, la agencia ahora considera que los mandatos sobre el mercurio cuestan mucho más que los beneficios potenciales que surgirían al reducir las emisiones de la toxina. De acuerdo con el nuevo análisis de la EPA, los costos de cumplir con la regla se proyectan entre US$7.400 millones y US$9.600 millones anuales, mientras que los beneficios monetizados se estiman entre US$4 millones y US$6 millones anuales.
Se trata de una reducción drástica de la estimación previa de la EPA de que los requisitos darían como resultado beneficios generalizados, no solo por reducir las emisiones de mercurio, sino también por la reducción indirecta del óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, lo que provocaría menos ataques de asma, ataques cardíacos y muertes prematuras.
Bajo el presidente Donald Trump, ahora la EPA está ignorando los llamados cobeneficios y enfocándose solo en los beneficios potenciales directos de reducir las emisiones mercurio.
Armada con el nuevo análisis de costo beneficio, la EPA propone que no es "apropiado y necesario" regular la contaminación aérea peligrosa emitida por las centrales eléctricas bajo la Ley de Aire Limpio.
Los ambientalistas argumentan que los dos cambios podrían limitar el alcance de la EPA, lo que dificultará que la agencia aumente los requisitos de contaminación por mercurio en el futuro.
Los límites de mercurio han sido objeto de litigios durante años. Después de que se impusieron en 2012, la industria del carbón presentó una demanda, lo que finalmente obligó a la EPA a revisar sus conclusiones. El gobierno de Obama restableció la norma en 2016 y la minera del carbón Murray Energy Corp. demandó para bloquearla, pero un tribunal federal de apelaciones retrasó el caso para que la administración de Trump pudiera reconsiderarla.
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