Confiscación de tierras, condiciones de trabajo peligrosas, maltrato a poblaciones nativas. Durante décadas, esas prácticas estuvieron asociadas en el pensamiento colectivo con las industrias del petróleo y el gas. Esa percepción, a su vez, perjudicó la confianza en los combustibles fósiles y, a medida que el cambio climático empeoraba, ayudaba a preparar el camino hacia un auge generalizado en el negocio de las energías renovables.Ahora ese sector se encuentra bajo escrutinio, y por algunas de las mismas prácticas.
Según un nuevo informe, en los últimos años se han formulado al menos 197 acusaciones de abusos a los derechos humanos contra proyectos de energía renovable, entre los que se cuenta la apropiación de tierras, condiciones de trabajo peligrosas e incluso asesinatos. Mientras tanto, muchas de las compañías de energía solar y eólica que cotizan en bolsa no cumplen con los estándares de derechos humanos ampliamente aceptados.
El informe proviene del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, un grupo con sede en Londres que promueve los derechos humanos en el mundo corporativo y que ha estado monitoreando el negocio de las energías renovables durante varios años.
En 2019, el grupo documentó 47 ataques, desde demandas frívolas hasta violencia, a personas que expresaron su preocupación por los abusos a los derechos humanos en la industria.
Esa categoría ocupó el cuarto lugar, después de los sectores de minería (143 ataques), agronegocios (85) y eliminación de residuos (51). Ese no es el tipo de compañía que la mayoría de los ejecutivos de energías renovables quiere mantener, y el informe ofrece una idea de lo que salió mal.
El grupo evaluó a 16 de las mayores compañías públicas de energías renovables del mundo frente a estándares como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como frente a varios criterios que el grupo desarrolló específicamente para la industria de la energía verde. Los resultados no fueron buenos.
Ninguna de las compañías contaba con políticas para “respetar los derechos sobre la tierra, su proceso de adquisición de tierras o reubicar a los habitantes”.
Lo que es quizás más preocupante, la investigación reveló que las compañías tenían poca o ninguna capacidad para identificar violaciones a los derechos humanos en sus extensas cadenas de suministro. Esas acusaciones se suman a otros inquietantes hechos. Comunidades indígenas en México, ya hartas de la situación, ahora están demandando al desarrollador francés de un gran parque eólico nuevo después de años de quejarse de que han sido hostigados para aprobar proyectos, por ejemplo, mientras que Noruega ignora una apelación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (ONU) para que suspenda un proyecto de energía eólica respaldado por el Estado que podría dañar a las comunidades ganaderas indígenas.
Este tipo de incidentes son especialmente desalentadores debido a las esperanzas que muchos han invertido en la industria de las energías renovables. Activistas y encargados de política monetaria han considerado durante mucho tiempo la energía verde no solo como un medio para mejorar el medio ambiente sino para también mitigar las injusticias relacionadas con los combustibles fósiles, ya sea por la contaminación del aire, las condiciones laborales abusivas o la incautación de tierras que afectan de forma desproporcionada a las comunidades indígenas y de bajos ingresos. Desde esta perspectiva, una “economía verde” no solo significaba separar el crecimiento económico de los combustibles fósiles; también significaba vecindarios y empleos más saludables.
La incapacidad de reducir los abusos contra los derechos humanos podría acabar con esas esperanzas. Y eso debería servir como una advertencia para toda la industria, especialmente a medida que se intensifican los llamados a una recuperación “verde” de la recesión provocada por el COVID-19.
Ese tipo de abusos ha alterado la percepción colectiva de otros sectores, incluidos los de indumentaria y TI, y seguramente también podrían afectar a las empresas ecológicas. En primer lugar, las empresas y los organismos de la industria deberían adoptar políticas de derechos humanos en consonancia con las normas internacionales. La falta de tales políticas, según el informe, “se correlaciona fuertemente con las acusaciones de abuso”. También deberían considerar un ejemplo poco probable de buena conducta corporativa: en los últimos años, la industria del petróleo y el gas, en consulta con los gobiernos, ha adoptado políticas de derechos humanos a escala global. Esas políticas no cambian nada en cuanto a los daños ambientales o el cambio climático, pero sí muestran que incluso las empresas que alguna vez se consideraron irredimibles pueden reformarse con los incentivos adecuados. En este caso, al menos, las energías renovables deberían evaluar seguir el ejemplo de los combustibles fósiles.
