Líderes de la oposición rusa se regocijaron por la renuncia forzada del presidente boliviano, Evo Morales, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia lo calificó de "golpe de Estado orquestado". El interés de Moscú en el drama que se desarrolla hasta ahora es comprensible, y no solo porque Morales ha entregado proyectos lucrativos a las empresas estatales rusas. En 2024, el presidente Vladimir Putin se enfrentará a la misma opción que Morales este año: obedecer el límite constitucional del mandato o hacerlo a un lado y tratar de mantener el poder.
Bolivia tiene una larga historia de golpes militares y presidencias abortadas. Carlos Mesa, actual líder de la oposición, renunció después de dos años como presidente en 2005 en medio de protestas masivas. Eso allanó el camino para la primera victoria electoral de Morales en diciembre de ese año. El nuevo presidente declaró que el poder ahora pertenecía a los pueblos indígenas de Bolivia y que los recursos naturales del país serían nacionalizados, una decisión que había sido respaldada por un referéndum celebrado durante la presidencia de Mesa pero no implementada por él.
Morales, que no tiene un título universitario, resultó ser el líder más exitoso en la dolorosa historia de pobreza, lucha y derrota militar de Bolivia. La pobreza disminuyó durante su gobierno.
Entretanto, la producción económica per cápita aumentó más rápido que el promedio regional.
Sin embargo, Morales era un gobernante autoritario que rápidamente forjó una buena relación con los líderes de Cuba y Venezuela, y con el régimen de Putin en Rusia, al que se le facilita hacer negocios de armas y energía con autócratas. Rosatom Corp., el monopolio nuclear del estado ruso, obtuvo un contrato para construir un centro nuclear de US$300 millones cerca de La Paz, la capital boliviana, y comenzó a negociar una concesión para desarrollar las grandes reservas de litio de Bolivia. Gazprom PJSC, la estatal rusa de gas natural, tiene presencia en Bolivia desde 2010. Rusia también ha tratado de vender armas a Bolivia, especialmente helicópteros; el propio Putin ha tratado de convencer a Morales, pero las ventas reales se han visto frenadas por la escasez de fondos de Bolivia.
La Constitución de Bolivia ha incluido un límite de dos períodos para presidentes desde 2009, lo que significa que Morales podría servir por tres períodos porque el primero comenzó antes de que el límite entrara en vigencia. En 2016, trató de eliminar el límite pero perdió un referéndum.
Morales pareció aceptar que tendría que irse, pero en 2017, el Tribunal Constitucional del país falló polémicamente contra el límite y se le permitió volver a postularse. Supuestamente, Rosatom incluso envió un equipo de expertos electorales rusos para respaldar su campaña y así proteger los intereses de las estatales rusas. Sin embargo, el 20 de octubre, Morales aun no lograba vencer a Mesa por el margen que necesitaba para evitar una segunda vuelta, y luego las irregularidades en el conteo de votos se volvieron tan obvias que estallaron protestas masivas e incluso los sindicatos de Bolivia se volvieron contra el presidente.
No obstante, Morales solo renunció cuando el ejército dijo que no oprimiría las protestas y lo instó a irse. Claramente, los generales bolivianos aprendieron las lecciones de 2003, cuando siguieron las órdenes del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de hacer uso de la fuerza contra manifestantes que exigían la nacionalización de los depósitos de gas natural del país. Al menos 67 personas murieron y unas 400 resultaron heridas; Lozada fue demandado por las familias de las víctimas en Estados Unidos, donde vive ahora, pero fue absuelto el año pasado porque el juez consideró que la evidencia de su culpabilidad era insuficiente (Mesa, que se desempeñó como vicepresidente de Lozada, se había opuesto a la violencia).
Morales describió los eventos que lo obligaron a renunciar como un golpe de Estado, y sus palabras tuvieron eco no solo en Rusia, cuyos contratos en Bolivia están en riesgo ahora, sino también a través de una lista de izquierdistas internacionales, que van desde la congresista estadounidense Ilhan Omar hasta Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista del Reino Unido. Los opositores de Putin en Rusia se sintieron, por el contrario, alentados.
Alexei Navalny, quien lucha contra la corrupción, tuiteó una foto de Morales con Putin, acompañada de esta leyenda: “Un presidente corrupto que se aferraba ilegalmente al poder a través de mentiras y falsificaciones, ha huido del país. Por ahora, solo el de la izquierda".
Leonid Volkov, otra figura destacada de la oposición, tuiteó: "Realmente desearía que pudiéramos ser como Bolivia".
El júbilo y la envidia no pasarán desapercibidos en el Kremlin. Putin tiene más de cuatro años para explorar sus opciones para 2024, cuando su propia presidencia se enfrente a un límite de mandato constitucional, pero no hay un escenario obvio cuasi legítimo que le permita permanecer en el Kremlin. Parece que no hay apetito para arriesgarse con una república parlamentaria, lo que convertiría a la oficina del primer ministro en la más poderosa y permitiría a Putin ser reelegido tantas veces como sea posible. Además, gobernar por poder, como lo hizo Putin durante la presidencia de Dmitry Medvedev entre 2008 y 2012, claramente decepcionó al propio Putin ya que actuó para deshacer el débil intento de Medvedev de liberalizar el país.
La opción más obvia es simplemente alterar la Constitución para eliminar el límite de plazo. Pero el ejemplo de Morales muestra las trampas de esta estrategia. Si bien es respetado y su contribución a la reducción de la pobreza es ampliamente reconocida, incluso sus seguidores están cansados de él después de 13 años en el poder; es natural que las personas se agobien sin cambios. Cuando eso sucede, los militares y la policía deben tomar decisiones críticas.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha logrado mantener leales a los militares, y aún no ha sido derrocado. En Bolivia, Morales había retenido el apoyo militar durante todo su gobierno porque no exigía demasiado de sus ejecutores. Pero cuando la protesta popular alcanzó un punto álgido, los generales no se movieron contra los manifestantes, y fue el final de Morales.
Toda esta experiencia latinoamericana, monitoreada de cerca en Moscú debido a los negocios de las estatales en la región, servirá para convencer a Putin de que el límite de plazo natural de un autoritario no es el especificado en la Constitución. En realidad, puede gobernar hasta que sus ejecutores decidan que no pueden permitirse seguir sus órdenes.
Eso significa que Putin debe seguir comprando la lealtad del vasto aparato de seguridad de Rusia, que ya le cuesta al gobierno alrededor de 10% de su presupuesto no clasificado. Se vienen grandes aumentos de gastos en los próximos cuatro años para la Guardia Nacional, que incluye a la policía antidisturbios.
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