El 1 de diciembre comienza la autoproclamada Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en lugar de iniciar un cambio de transformación positivo, la misión personalista del nuevo presidente busca poner fin a años de logros institucionales difíciles de conseguir.
En las últimas tres décadas, México ha cambiado. La que una vez fue una economía cerrada impulsada por los productos básicos, ahora es abierta, globalmente competitiva y dominada por la manufactura. Una nación alguna vez conocida por lo que no tenía más que por lo que tenía, ha visto caer la pobreza extrema al 2,5 por ciento, la mortalidad infantil ha disminuido a un tercio, el promedio de vida aumentó en una década y el número de años que los niños permanecen en la escuela creció a la mitad. Políticamente, las décadas de gobierno unipartidista terminaron en una democracia competitiva, aunque a veces complicada.
Esta lenta transformación también incorpora un logro mayor: un alejamiento del poder informal, personalista y centralizado a través del fortalecimiento de las instituciones.
Impulsado por políticos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, periodistas de investigación, empresarios y las decisiones de millones de dueños de empresas, trabajadores y votantes, México se ha convertido en un lugar con un sector privado diverso y cada vez más independiente, con mayor transparencia y acceso a la información y con incipientes pero crecientes controles y equilibrios políticos.
La transformación de México no ha sido del todo buena, y las partes buenas han sido desiguales. La delincuencia, la violencia y la corrupción (o al menos el conocimiento público de ella) han aumentado, afectando la vida cotidiana de muchos. El crecimiento económico, el acceso a la atención médica, la educación de calidad y los empleos con beneficios difieren drásticamente entre el norte y el sur: en Nuevo León, hogar del centro industrial de México, menos de 2 de cada 10 ciudadanos viven en la pobreza, similar a sus homólogos cercanos de Texas; en el sur, casi 8 de cada 10 enfrentan esta dificultad económica diaria.
Y la transformación queda incompleta. El TLCAN ayudó a abrir México a los mercados internacionales, pero hizo poco para enfrentar los monopolios y oligopolios que aumentaron los precios en el país y dificultaron que las personas con menos conexiones salieran adelante. Las recientes reformas estructurales están comenzando a eliminar estas barreras: la reforma financiera ha aumentado el acceso al crédito, la reforma de las telecomunicaciones ha bajado los precios, la reforma energética ha traído nuevos hallazgos y suministros más estables, las autoridades antimonopolio han derrocado prácticas comerciales desleales y la reforma a la educación apenas comienza a preparar mejor a los jóvenes mexicanos para los empleos del siglo XXI.
Las instituciones políticas también tienen un camino por recorrer. El poder todavía importa demasiado. Y el estado de derecho, en particular, sigue siendo débil.
Sin embargo, la Cuarta Transformación no busca construir sobre esta base, lo que haría que los beneficios, como están, sean más incluyentes y generalizados. En cambio, parece reducir los logros institucionales tan importantes para la transformación de México, ya que López Obrador, un líder obsesionado con su lugar en la historia, impulsa el retorno al enfoque más personalista del pasado.
Estos juegos de poder político ya han comenzado a través de referendos vinculantes legalmente dudosos. Al justificar sus decisiones encuestando a un pequeño porcentaje de la población con preguntas importantes sobre proyectos de infraestructura, programas sociales e incluso si se debe procesar a los expresidentes, López Obrador está anulando años de precedentes y normas legales y disminuyendo la importancia y el papel de los poderes legislativo y judicial. Al nombrar "delegados" leales a los estados, desplazando a gobernadores y alcaldes electos, amenaza al federalismo de manera más generalizada. Al revivir el clientelismo, comenzando con subsidios agrícolas de subsistencia y estipendios para jóvenes y mayores, está construyendo una base política cautiva animada por una división cada vez mayor entre los favorecidos y el resto. Y al continuar sus críticas a la prensa y desestimar a la sociedad civil, busca socavar estas voces y respaldos democráticos.
Esta toma de poder está destinada a empobrecer a México. Cancelar el nuevo aeropuerto de Ciudad de México retrasará el paso no solo de millones de pasajeros, sino de decenas de millones de toneladas de carga que conectan a México con las cadenas de suministro de América del Norte.
Reafirmar el dominio en el sector energético de la estatal Pemex disminuirá el dinero, la tecnología, el conocimiento y la producción futura, y arrastrará con ello las finanzas públicas y el crecimiento económico. Limitar a las agencias autónomas antimonopolio y de protección al consumidor libera a los actores dominantes para eliminar la competencia y continuar cobrando de más a sus clientes. Y replegar el nuevo sistema de educación pública significa que solo los niños de los ricos estarán preparados para el futuro más automatizado del trabajo.
En términos más generales, el regreso de una presidencia imperial debilita la promesa de México, lo que erosiona las crecientes ventajas de sus instituciones y los controles y equilibrios sobre el poder.
La reputación de México de tener políticas fiscales sólidas, desarrolladas a lo largo de dos décadas, le ha dado una nueva ventaja sobre otros mercados emergentes en términos del precio de sus bonos, líneas de crédito del FMI y financiamiento externo en general, lo que ha ayudado a sobrellevar la creciente volatilidad financiera mundial.
Apuntalada por el marco de normativas y regulaciones del TLCAN y los ministerios que las aplican, cientos de miles de millones en inversión extranjera directa han contribuido a diversificar la economía de México y proporcionar cientos de miles de empleos. Aunque el nuevo TLCAN debilita estas garantías, la participación de México en el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés) y su acuerdo con la Unión Europea establecen reglas firmes para una mayor inversión.
Y la profundización de la democracia ha obligado a los políticos a, al menos, comenzar a abordar las preocupaciones de los votantes: de hecho, la victoria electoral de López Obrador y la barrida en el Congreso de su partido validaron este nuevo poder real de la votación.
Sin embargo, estas ventajas no son fijas o permanentes. Los niveles de deuda y las tasas de interés ya están aumentando. El sentimiento de los inversores está empezando a debilitarse, lo que ha llevado a una caída del peso y una salida de miles de millones en flujos de cartera. Y la voz de los votantes mexicanos se está debilitando con cada maquinación ejecutiva. Sí, la Cuarta Transformación traerá cambios a México, pero trágicamente parece ir en la dirección equivocada, haciéndolo menos democrático, menos inclusivo y menos seguro, y postergando el día en que todo el pueblo mexicano finalmente se beneficie de sus múltiples ventajas.
Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.
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