Las ciudades de Puerto Rico enfrentarían su propia crisis fiscal si el gobierno central en bancarrota se viera obligado a dejar de subsidiar las pensiones de los trabajadores municipales, dijo el jueves un abogado de la isla a una jueza.
Para evitar esa calamidad, la jueza de la Corte de Distrito de Estados Unidos Laura Taylor Swain debería negarse a revocar una ley que excusa a los 78 pueblos y ciudades del territorio de cubrir gran parte de sus propios costos pensionales, dijo ante la corte William J. Sushon, un abogado que representa al gobernador de la isla.
Eliminar la ley significa “poner en riesgo la capacidad de proporcionar servicios básicos como saneamiento y extinción de incendios”, argumentó Sushon.
Los funcionarios electos del estado libre asociado están defendiendo su decisión del año pasado de asumir los pagos de pensiones adeudados por los gobiernos municipales de la isla. Esa ley está siendo cuestionada por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, que fue creada por el Congreso de EE.UU. para reestructurar la deuda pública del Estado.
El Congreso otorgó a la junta un poder limitado para rechazar las leyes del estado libre asociado que están en conflicto con la misión del panel de reducir los más de US$100.000 millones en deuda y pasivos pensionales que Puerto Rico no puede pagar.
La junta ha dicho que las ciudades deben aprender a vivir dentro de sus finanzas y han presionado para terminar con todos los subsidios para el año fiscal 2024, según documentos judiciales presentados por Municipal Revenue Collection Center, una agencia independiente que maneja los pagos de impuestos locales.
Si la junta tiene éxito, 28 ciudades en Puerto Rico irían a la bancarrota, afirma la agencia.
La cancelación del subsidio de pensión es necesaria para obligar al estado libre asociado a cumplir con la ley federal, conocida como Promesa, que estableció la Junta de Supervisión, dijo a Swain el abogado del panel, Hadassa R. Waxman.
“Estas medidas han tenido y seguirán teniendo un impacto significativo y negativo”, dijo Waxman.
Puerto Rico pagará casi US$2.000 millones de su fondo general en el año fiscal 2020 para cubrir los costos de las pensiones, según los documentos presupuestarios. Se espera que aumente en US$192 millones si los municipios pasan sus gastos de pensión al estado libre asociado.
El sistema de pensiones de la isla está en quiebra y paga a los trabajadores públicos retirados directamente del presupuesto del estado libre asociado. A los jubilados actuales y futuros les debe unos US$50.000 millones. La junta está tratando de abordar la crisis de financiación a través del tribunal de quiebras.
Los cambios propuestos incluyen un recorte de beneficios de 8,5% para los jubilados que ganen más de US$1.200 al mes, lo que afectaría a 40% de los jubilados. La gobernadora Wanda Vázquez no apoya esas reducciones y ha dicho que todavía dirigiría los pagos completos a los trabajadores jubilados. Vázquez también se opone al acuerdo revisado de reestructuración de la deuda de la junta, diciendo que el órgano ha aumentado los pagos a los tenedores de bonos y no ha hecho lo mismo con los jubilados.
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