Los estados que están reabriendo sus economías, incluso cuando los casos de COVID-19 siguen aumentando, amenazan a sus propios residentes y a todo el país. Pero también se encuentran con dos desafíos a los que se enfrentarán todos los estados: los empleados no quieren volver a trabajar si temen estar expuestos al coronavirus en el trabajo y los empleadores no quieren ser demandados si sus trabajadores o clientes se enferman. Ambas preocupaciones son razonables y ambas podrían paralizar aún más la economía a menos que el Congreso intervenga.
Es fundamental que las empresas tomen medidas que protejan a sus empleados, sin embargo, están recibiendo poca orientación federal sobre lo que eso significa exactamente. No obstante, incluso aquellas que tomen todas las precauciones posibles sentirán la preocupación sin precedentes de que se les impute la responsabilidad de un posible contagio, lo que podría paralizar la inversión y evitar que vuelvan a contratar a los trabajadores despedidos o con permisos.
Para proteger a los empleados, el gobierno federal debe describir exactamente qué salvaguardas deberían tomar las compañías como mínimo y, al mismo tiempo, ofrecer una protección legal a quienes las adopten y las sigan.
Sabemos que los lugares de trabajo son focos potenciales de coronavirus. A principios de abril, más de 9.000 trabajadores estadounidenses del sector de la salud ya habían contraído COVID-19. Hasta el viernes, al menos 170 plantas de procesamiento de carne registraban brotes, con 11.500 contagiados. Los vendedores y cajeros se han visto afectados de forma similar. A medida que el mundo vuelva a funcionar, esas cifras seguramente empeorarán.
Mientras tanto, ya se han presentado cientos de demandas relacionadas con el virus, dirigidas a escuelas, líneas de cruceros, minoristas y más. Las demandas colectivas de los clientes o las demandas de responsabilidad civil de los trabajadores podrían imponer una gran carga a las empresas en un momento en que luchan por mantenerse a flote y cuando la bancarrota significaría aún más pérdidas de empleos y un desempleo aun mayor.
A escala nacional, estas demandas podrían implicar un costo económico significativo, crear incertidumbre permanente para las empresas, obstaculizar la inversión necesaria y potencialmente causar cuellos de botella de producción en industrias que son esenciales para la recuperación del país. El Congreso debe actuar, y pronto.
La creación de un acuerdo de salvaguardias que incentive a los empleadores a tomar medidas específicas ayudaría a garantizar que los lugares de trabajo sean seguros. Para calificar, las empresas podrían estar obligadas a proporcionar a los empleados equipos de protección, como máscaras y guantes, y tomar otras precauciones importantes para evitar los contagios, como desinfectar los lugares de trabajo, ofrecer políticas flexibles de licencia por enfermedad e imponer medidas de distanciamiento social a trabajadores y clientes. Las empresas que no cumplan con las pautas especificadas podrían ser consideradas legalmente responsables ante los tribunales.
Tanto los empleados como las empresas se beneficiarían de este acuerdo. Los trabajadores estarían más protegidos, tendrían condiciones más seguras y un recurso legal si su empleador actuara de manera negligente. Las empresas que actúen de buena fe podrían sentirse más seguras al abrir sus puertas. Y al adoptar las mejores prácticas y cambiar las normas sociales para mejor, ayudarían a frenar la propagación del virus.
El Congreso también debería considerar medidas adicionales para ayudar a los trabajadores y las empresas. Por ejemplo:
Los legisladores deberían establecer un fondo público para los empleados en industrias críticas, similar al Programa Nacional de Compensación de Lesiones Causadas por Vacunas, para ayudarlos si se enferman en el trabajo. El Congreso también debería considerar un programa de seguro de desempleo más amplio para los trabajadores que corren un riesgo especialmente alto de contraer coronavirus y permitir a las compañías ofrecer bonificaciones libres de impuestos (pago de riesgo) para aquellos que deben trabajar de forma presencial durante la crisis.
Con tantas pequeñas empresas que ahora están en peligro de cerrar, el Congreso debería ofrecer beneficios fiscales u otro tipo de apoyo para ayudarlas a cubrir los costos de tomar medidas de protección. También debería enmendar las leyes de privacidad de información de salud que podrían prohibir a los empleadores verificar si los trabajadores se han contagiado, evaluar si tienen un riesgo elevado en el trabajo o rastrear sus contactos dentro del lugar de trabajo. Esas leyes, aunque bien intencionadas, ahora son potencialmente bastante peligrosas.
Hasta que se descubra, produzca y esté disponible para todos una vacuna, este tipo de medidas de sentido común serán necesarias para proteger a los trabajadores estadounidenses y para ayudar a las empresas del país a sobrevivir, contratar empleados y hacer que nuestra economía vuelva a funcionar.
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