El presidente Donald Trump y sus aliados republicanos están presionando para desenmascarar al informante sobre Ucrania, en una deslumbrante desviación de cómo las acusaciones de corrupción y desperdicio han sido manejadas por ambas partes durante años.
El impulso para identificar al funcionario de inteligencia anónimo presenta el riesgo de disuadir a futuros informantes, particularmente en la actual investigación de juicio político de los demócratas de la Cámara, incluso cuando los abogados del funcionario están negociando con los comités de la Cámara y el Senado una comparecencia para entrevistas a puerta cerrada.
La queja del informante es fundamental para la actual investigación de juicio político de los demócratas de la Cámara, con el potencial de llevar a otros testigos con conocimiento de primera mano de la llamada telefónica de Trump el 25 de julio con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.
Pero la identidad del denunciante también podría ayudar a los aliados de Trump a identificar a otros funcionarios de la Casa Blanca que le dieron a esta persona información sobre la conversación telefónica y los esfuerzos para “bloquear” los registros de la llamada.
Trump se refirió al denunciante como un “espía” en una reunión a puerta cerrada la semana pasada y ha dicho varias veces que merece conocer la identidad del informante. El martes, Trump pidió que sus representantes entrevistaran al informante, en medio de una serie de declaraciones sobre el contenido de su informe que han sido desmentidas por la transcripción de la Casa Blanca y el inspector general de la comunidad de inteligencia designado por Trump.
“Entonces, si el llamado ‘informante’ tiene toda la información de segunda mano, y casi todo lo que ha dicho sobre mi ‘perfecta’ llamada con el presidente de Ucrania está mal (para vergüenza de Pelosi y Schiff), ¿por qué no tenemos derecho a entrevistarlo y conocerlo todo?”, dijo Trump en Twitter sobre “el informante y también la persona que le dio toda la información falsa”.
El memorando de la llamada del 25 de julio de Trump con Zelenskiy corroboró la descripción de la conversación por parte del informante, y la Casa Blanca también corroboró la afirmación de que el memorando se almacenó en un sistema destinado a información altamente confidencial.
La senadora Lindsey Graham, de Carolina del Sur, una de las aliadas más cercanas de Trump en el Congreso, hizo eco de la opinión de otros republicanos en un tuit: “[E]s imperativo que averigüemos qué funcionarios proporcionaron al denunciante información para presentar una queja. ¿Quiénes son? ¿Cuál era su objetivo?”.
Los expertos dicen que será difícil en esta atmósfera mantener en secreto la identidad del informante.
“No estoy al tanto de una circunstancia en la que” un informante de la comunidad de inteligencia “haya hecho acusaciones de esta magnitud y lograra permanecer en el anonimato”, asegura Patrick Eddington, un exempleado de la CIA que reveló la exposición de los soldados estadounidenses a toxinas durante la guerra del Golfo de 1991. Ahora es investigador en el Instituto Cato, un centro de estudios libertario.
Andrew Bakaj, uno de los abogados del informante, alertó a los legisladores de que se había ofrecido una “recompensa” de US$50.000 por información sobre la identidad de su cliente y advirtió que podría hacer que sea más peligroso para otros presentarse.
“El informante de la comunidad de inteligencia tiene derecho al anonimato”, tuiteó Bakaj. “La ley y las políticas apoyan esto y no se debe tomar represalias contra el individuo. Hacerlo es una violación de la ley federal”.
Respuesta ‘peligrosa’
El vicepresidente de inteligencia del Senado, Mark Warner, demócrata de Virginia, tuiteó el lunes: “[V]amos a llegar al fondo de las acusaciones del informante, pero no podemos perder de vista lo verdaderamente peligrosa que ha sido la respuesta del presidente a estas acusaciones”. Algunos republicanos, incluido el miembro del Comité Judicial del Senado Chuck Grassley, de Iowa, se han presentado durante mucho tiempo como protectores vigilantes de los informantes.
Esas posturas se están poniendo a prueba ahora.
Grassley dijo el martes que el informante que alertó sobre la llamada de Trump al presidente de Ucrania cumplió con la ley y merece ser protegido. La declaración del legislador republicano de alto rango representa una reprimenda del llamado de Trump para que se desenmascare al oficial de inteligencia anónimo. “Siempre debemos trabajar para respetar las solicitudes de confidencialidad de los informantes”, dijo Grassley.
Se supone que los informantes deben estar protegidos de represalias por parte de sus superiores, y la ley describe los procedimientos. Los procesos en la comunidad de inteligencia tienen algunas variaciones con respecto al resto del gobierno federal. Su alcance también depende de si el informante es un empleado del gobierno, un contratista o un militar.
El inspector general de la comunidad de inteligencia reiteró el lunes que la denuncia del informante “parece creíble”. También refutó las acusaciones en medios de comunicación conservadores –repetidas por Trump y algunos republicanos– de que el proceso había sido cambiado recientemente para permitir denuncias basadas en información de segunda mano.
El inspector general Michael Atkinson dijo en una declaración que el informante siguió los procedimientos correctos en la presentación de formularios para su denuncia.
Las referencias al conocimiento de primera mano por parte del informante en versiones anteriores de los formularios de denuncia de irregularidades se eliminaron porque “podían leerse, incorrectamente, como que los informantes deben poseer información de primera mano para presentar una denuncia urgente ante los comités de inteligencia del Congreso”.
Aún así, en este asunto, Atkinson agregó, “el informante declaró en el formulario que él o ella poseía información de primera mano y de otro tipo”.
Grassley también desestimó las quejas de que el informante no tenía conocimiento directo.
“Nadie debería emitir juicios o pronunciamientos sin escuchar primero al informante y seguir cuidadosamente los hechos”, dijo. “Cuando se trata de si alguien califica como informante, las distinciones entre el conocimiento de primera y segunda mano no son legales”.
Samuel Everett Dewey, un exabogado del Congreso que dirigió las investigaciones de los comités de la Cámara de Representantes y el Senado, dijo que incluso si la mayoría de la gente considera que el informante tiene protecciones legítimas bajo la ley, quedan dudas sobre las garantías para las personas que hablaron con él o ella.
“¿Las personas que tenían esta información siguieron la ley de informantes? ¿Tenían autorización para compartir la información? Una cosa es tener la información de primera mano”, dijo. “Pero no deberías contarle a un amigo sobre algo que no tiene necesidad de saber”.
También puede haber una larga batalla judicial si la Casa Blanca invoca el privilegio ejecutivo para evitar el testimonio de los funcionarios que trabajan en la Oficina Ejecutiva del presidente.
“Ahí es cuando las cosas se pondrán realmente interesantes”, dice Eddington. Y con esta investigación más profunda y posibles batallas legales por delante, es poco probable que la identidad del denunciante pueda mantenerse en secreto.
“Este es, por supuesto, un caso único”, asegura Eddington. “Por lo general, la acusación está dirigida a personas dentro de la propia organización del informante. En este caso, las acusaciones están dirigidas al presidente de Estados Unidos”.
