El lunes comenzará en Manhattan un juicio por el uso de la administración Trump de una pregunta sobre ciudadanía en el próximo censo de Estados Unidos por primera vez en 70 años, mientras docenas de estados y ciudades argumentan que la medida es un descarado abuso de poder.
El juicio, que comienza el día antes de una trascendental elección de mitad de período, podría ayudar a reescribir el mapa político de la nación durante una década. Los resultados del censo se utilizan para repartir los escaños en el Congreso y dividir los votos del Colegio Electoral que eligen al presidente. Los datos también se utilizan para distribuir cientos de millones de dólares al año en ayuda federal a estados y localidades.
La administración ha dicho que demostrará que decidió añadir la pregunta "¿Esta persona es ciudadano de EE.UU? al censo de 2020 para mejorar el cumplimiento de la Ley del Derecho al Voto. Dice que cualquier cambio en la encuesta que se realiza una vez cada diez años está dentro de la autoridad constitucional de la Oficina del Censo, parte del Departamento de Comercio. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, testificó ante el Congreso en marzo que estaba actuando en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia.
Los demandantes, encabezados por la procuradora general de Nueva York, Barbara Underwood, pretenden probar que la incorporación de la pregunta se remonta al comienzo de la presidencia de Donald Trump, cuando el secretario de estado de Kansas, Kris Kobach, y el ex jefe de estrategia de la Casa Blanca, Stephen Bannon, entre otros, influyeron con una agenda antiinmigrante.
La verdadera meta, dicen los demandantes, es diluir el poder político de los inmigrantes y no ciudadanos desalentándolos a participar en el censo. En consideración del lenguaje y las acciones del presidente hacia los inmigrantes, la idea es que temen que los datos puedan ser utilizados por los agentes federales de inmigración para perseguirlos a ellos o a alguien de su familia, incluso si están en el país de forma legal.
"La gente se decidió en febrero de 2017", dijo Justin Levitt, ex asistente del fiscal general adjunto del Departamento de Justicia durante la administración de Obama, en una entrevista, refiriéndose al equipo de Trump. Levitt, ahora profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola en Los Ángeles, lo llamó "una política que sigue adelante en busca de una lógica aparente" y dijo "eso es algo que debería preocuparnos a todos".
Los documentos revelados en el caso muestran que Ross estaba en conversaciones con Bannon y Kobach para agregar la pregunta casi inmediatamente después de que Trump asumiera el mando, a pesar de haber dicho que no fue así, y que la explicación del derecho a voto se elaboró más tarde para darle legitimidad a la medida, afirman los demandantes. EE.UU. argumentó en las presentaciones al tribunal antes del juicio que las afirmaciones de parcialidad se basan únicamente en "insinuaciones".
El juez de distrito de EE.UU. Jesse Furman, nombrado por Barack Obama, supervisará el juicio de dos semanas sin jurado. El resultado podría dar una ventaja a los demócratas o a los republicanos desde 2021 y por lo menos hasta 2031, después de que se realice el próximo censo. Dado lo que está en juego, una apelación ante la Corte Suprema es casi inevitable.
El viernes, el alto tribunal despejó el camino para que comenzara el juicio, desairando al gobierno al negarse a extender una orden anterior que protegía a Ross de ser interrogado bajo juramento por adelantado.
La pregunta no ha estado en el cuestionario desde 1950. La intención -y el peligro- de agregarla ahora sin ponerla a prueba son evidentes, dijo Thomas Saenz, presidente y asesor general del Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación, que no está involucrado en la demanda.
"Lo que está en riesgo es un censo preciso", dijo Saenz. "Esta es la primera vez que vemos a una Oficina del Censo politizar el censo de esta manera, y es un precedente muy peligroso".
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