El máximo tribunal de Perú comienza el martes el debate sobre la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y convocar elecciones parlamentarias después de que los políticos de la oposición presentaran una demanda alegando que la medida era inconstitucional.
El Tribunal Constitucional, constituido por siete miembros, entrará en sesión el martes por la mañana en Lima para escuchar un borrador del relator, el juez Carlos Ramos, quien argumenta que la disolución del Congreso fue legal. Posteriormente, los jueces comenzarán a deliberar y es probable que haya un fallo en los próximos días.
Vizcarra cerró el Congreso el 30 de septiembre y convocó elecciones parlamentarias tras meses de estancamiento político mientras su Administración se enfrentaba a la legislatura, controlada por la oposición, sobre medidas para combatir la corrupción. Una serie de escándalos de corrupción que involucra a ex presidentes, jueces y legisladores ha sacudido al país en los últimos años. La disolución del Congreso, la institución menos popular del país, disparó el índice de aprobación de Vizcarra a niveles muy altos, aunque los partidos de la oposición calificaron la medida de un “golpe”.
“La corte tiene que cerrar este capítulo para construir la paz social”, dijo Milagros Campos, que imparte derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima.
Las elecciones para un nuevo Congreso están previstas para el 26 de enero. Si el tribunal declara que la disolución fue inconstitucional, ello no afectará al proceso electoral y el tribunal no tomará ninguna medida contra Vizcarra. Su principal objetivo es determinar si respetó la Constitución y si la ley requiere una aclaración para evitar enfrentamientos similares en el futuro, dijo Campos. Pero un fallo en contra podría incitar a los políticos a investigar la decisión del presidente. Algunos ex diputados que quieren ser reelegidos dicen que se debería destituir al presidente.
Por su parte, Vizcarra dijo que la disolución del Congreso alivió la tensión política y contribuyó a evitar el tipo de disturbios masivos que ha afectado a los países vecinos en los últimos meses.
El núcleo de la disputa es si el Gobierno perdió o no un voto de confianza el 30 de septiembre y, por lo tanto, si tenía derecho a disolver el Congreso unicameral de Perú.
La demanda también mantiene que el Gobierno violó la independencia del Parlamento al intentar forzar cambios en la forma en que se elige a los jueces.
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