Pedro Pierluisi violó la constitución de Puerto Rico cuando asumió el cargo de gobernador la semana pasada, dictaminó el miércoles el Tribunal Supremo de la isla. La decisión unánime prolongó la crisis de liderazgo enredada que se ha apoderado del estado libre asociado de EE.UU. durante semanas.
Pierluisi, la elección del exgobernador Ricardo Rosselló para sucederle después de ser derrocado en un escándalo, asumió el cargo el viernes. Pero solo la Cámara de Representantes de Puerto Rico había aprobado su nominación para secretario de Estado, el siguiente funcionario en la línea de sucesión para reemplazar al gobernador. Esta semana, el Senado no votó sobre el tema como lo requiere la constitución del estado libre asociado. Su presidente, Thomas Rivera Schatz, demandó el domingo en busca de una orden para expulsar a Pierluisi.
La orden, escribió el tribunal, entra en vigencia de inmediato. Con Pierluisi fuera de escena, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, de 59 años, se convertirá en la tercera gobernadora en cinco días, a pesar de que ha dicho que no quiere el trabajo.
"Nuestro sistema jurídico exige que el secretario de Justicia asuma la posición de gobernador de Puerto Rico, una posición que estoy dispuesta a asumir con la responsabilidad y la seriedad que se merece", escribió Vásquez en una declaración enviada por correo electrónico. "Puerto Rico necesita certeza y estabilidad. Nuestras acciones están enfocadas a ese objetivo y así será siempre".
Puerto Rico ha estado en crisis durante el último mes, después de semanas de manifestaciones por las calles del Viejo San Juan que obligaron a Rosselló a renunciar. Los residentes estaban furiosos después de la publicación de mensajes de texto en los que funcionarios de la administración ridiculizaban a sus rivales políticos y a ciudadanos comunes. La isla de 3,2 millones de habitantes ha luchado durante años de recesión y una bancarrota récord de US$74.000 millones.
Vázquez asumirá el cargo mientras el caso va en su segundo año y la isla se reconstruye después del huracán María de 2017. Vázquez ha dicho que cumplirá con su deber constitucional, pero nunca buscó la gobernación.
Pierluisi, de 60 años, fue el representante sin voto de la isla ante el congreso de EE.UU. de 2009 a 2017 –un cargo conocido como comisionado residente– y fue uno de los principales defensores de una ley federal llamada Promesa que le dio a Puerto Rico un camino hacia la corte de bancarrota, pero también instaló una junta de supervisión fiscal muy vilipendiada. Más tarde trabajó como uno de sus abogados. Muchos legisladores de la isla, incluido Rivera Schatz, se opusieron a Pierluisi debido a sus vínculos con la junta de supervisión.
Pierluisi, Rivera Schatz y Vázquez son todos del Nuevo Partido Progresista de la isla, que busca hacer de Puerto Rico un estado estadounidense. El partido ha caído en una lucha interna desde que la gobernación entró en disputa.
Del mismo modo, las manifestaciones públicas pueden continuar con la administración de Vázquez, ya que los manifestantes la ven como una continuación de un gobierno problemático. Vázquez es una representante de Rosselló que ha trabajado en el servicio público durante más de 30 años.
En 2018, se enfrentó a una investigación ética sobre si intervino indebidamente en un caso relacionado con un robo en la casa de su hija y su yerno. Renunció temporalmente, pero volvió a incorporarse después de que un tribunal determinase que no había motivo para su arresto.
Vásquez comenzó como abogada del Departamento de Vivienda. En el cargo de secretaria de Justicia, modernizó el Departamento, reorganizó la división de litigios y fue defensora de las víctimas de agresión sexual, según la Asociación General de Abogados Demócratas.
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