Con San Luis a la vanguardia, crece el uso de la firma digital

Con la mira puesta en un hasta ahora utópico futuro en donde directamente no haya necesidad de usar papeles, en algunas provincias del país ya se implementan medidas para reemplazar su uso por nuevas tecnologías. Así, la aplicación de la firma digital ya es una realidad en San Luis, mientras que en otras provincias su uso crece lentamente. La firma digital permite enviar y recibir documentos encriptados de manera electrónica, con la certeza de que no pueden ser adulterados y con un código de cifrado que sólo es conocido por el remitente y el destinatario. Según Carlos Gabriel Varela, director del Instituto de Firma Digital de San Luis, dependiente de la Universidad de La Punta, la firma digital es el “resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control”.
San Luis es la primera provincia argentina que asegura haber logrado la total ‘despapelización’ en su administración pública. Desde 2009, los expedientes se envían utilizando la firma digital. Así, hasta ahora ya se llevaron a cabo más de 450 mil expedientes digitales, que poseen más de 3 millones de actuaciones firmadas digitalmente. En total, la digitalización de expedientes permitió ahorrar 44 toneladas de papel, 660.937 litros de agua, el uso de 423.000 kW/h, además de haberse evitado la generación de 66 toneladas de residuos.
La firma digital primero se utilizó en el Poder Judicial y desde 2011 en los tres poderes. Pero no se quedaron en el gobierno: “Implementamos su uso también en el Colegio de Abogados y el de Escribanos, e integramos a este proceso a más de noventa empresas del sector privado. Se está generalizando en los habitantes de la provincia a través de la Cédula de Identidad Provincial Electrónica”, explicóVarela.
El éxito en San Luis busca repetirse en otras provincias. Es así como en mayo se firmó la instrumentación de la firma digital en Buenos Aires, que permitirá, por ejemplo, efectuar en forma inmediata el envío de información sobre antecedentes penales a una fiscalía. En un principio, se utilizará en la Secretaría General de la Gobernación y luego se extenderá su uso para otros organismos. En otras provincias ya hay avances, aunque por ahora su uso está lejos de ser algo uniforme.