A medida que la ciencia médica logra mejores resultados en el arte de curar, se vuelve más compleja y opinable. Y eso –entre otras cosas– viene generando un aumento de conflictos judiciales entre médicos, hospitales y pacientes. A tal punto son frecuentes los juicios por mala praxis, que –según estadísticas recientes– uno de cada cinco médicos ha recibido una demanda judicial.
“Según la Asociación Civil de Actividades Médicas (Acami), cada año ingresan en los juzgados alrededor de 1.500 demandas, por presunta mala praxis, en todo el país; el 60% se concentra en Capital y en Gran Buenos Aires”, le dijo a PERFIL el licenciado Hugo Magonza, presidente de Acami.
En los registros de esta asociación –que agrupa a instituciones como el Hospital Italiano, el Británico, el Austral, Cemic, Fleni y la Fundación Favaloro, entre muchas otras–, actualmente “uno de cada cinco médicos ha recibido una demanda. Y el monto total de dinero gastado en juicios, durante 2012, llegó a unos $ 3.700 millones”.
Pero estas cifras vienen aumentando en el último lustro. Los costos generados por temas jurídicos pasaron, en los dos últimos años del 2 al 4% del gasto total en salud del país. “Eso significa un aumento del 100% de 2010 a hoy”, graficó Magonza.
Otra arista llamativa de este fenómeno jurídico-médico es que a las tradicionales especialidades más demandadas ante los jueces –traumatología, obstetricia, cirugía general y anestesiología– se suma el hecho de que ahora los juicios incluyen no sólo al médico que realizó la práctica, sino también a técnicos, enfermeras, jefes de servicio y a las propias clínicas.
“Sobre este fenómeno no tenemos datos numéricos, pero los responsables jurídicos de las instituciones asociadas nos comentan que las demandas que les llegan involucran a cada vez más gente del equipo médico. ¿La razón? “Es que al haber más personal involucrado hay una mayor presión para llegar a un acuerdo y cerrar el conflicto con el demandante lo más rápido posible”, explicó Magonza.
Arreglos. No todos esos juicios terminan con una sentencia: menos de un tercio de las demandas prospera en la Justicia. Y de esas, entre 5 y 8% acaba en condena. El resto se suele cerrar con acuerdos, explican en Acami.
Claro que esos convenios también elevan los costos ya que pasan a engrosar las facturas de los seguros individuales e institucionales, honorarios de abogados y –sobre todo– hay un incremento de lo que se conoce como “medicina defensiva”, que suele traducirse en hechos como pedir estudios redundantes o innecesarios para el diagnóstico y tratamiento, que los médicos solicitan para –justamente– cubrirse ante eventuales futuras acusaciones.
Soluciones. “Esta problemática también se está viendo en otros países de la región, pero en la Argentina es más evidente”, le comentó a PERFIL el cirujano Rubén Torres, actual rector de la Fundación Isalud, con una larga experiencia profesional y directiva en instituciones como la Organización Panamericana de la Salud. Y agregó: “Es un gran problema público, porque la judicialización extrema los gastos en salud”.
Para Torres, las causas de este aumento de juicios son tres. La primera es la creciente presión de los abogados (como los retratados en la película Carancho) y la “industria” del juicio. La segunda, la falta de adopción, por parte de médicos y hospitales, de normas y guías clínicas actualizadas y la falta de exigencias para que los médicos se capaciten y recertifiquen periódicamente al ejercer sus especialidades.
“Finalmente, también tiene una parte de la culpa la ‘desmedicalización’ de la práctica cotidiana: por falta de tiempo y exceso de trabajo, en la consulta el médico escucha cada vez menos y el afectado busca información de salud en internet. Muchas veces, eso termina afectando la relación médico-paciente.”
