”Nuestro rol no es la promoción de la industria del cannabis. Somos un organismo de regulación”, se presenta Daniel Radío, secretario general de la Junta Nacional de Drogas en Uruguay y presidente de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), el corazón del sistema al otro lado del río.
En las horas posteriores a la publicación del decreto presidencial en la Argentina que abría la puerta a un demorado reclamo a favor del autocultivo con fines medicinales, PERFIL se comunicó con la otra orilla para volver sobre su experiencia, mucho más amplia. Radío es uno de los funcionarios con más experiencia en la administración de Luis Lacalle Pou a partir de sus diez años como legislador, en las comisiones de Adicciones y Salud Pública. Además, se formó como médico.
—¿Cuánto se reformó el sistema tal cual había sido pensado en 2013?
—Hay ajustes permanentes. El cambio de gobierno en Uruguay (en marzo pasado), con una orientación política opuesta al anterior, podía generar expectativas de que esto se revirtiera. Pero estamos interesados en que esto sea una política de Estado, independientemente de algunas modificaciones, que tenga continuidad.
—¿Subsisten prejuicios sociales a siete años de su legalización?
— Sigue habiendo muchos cuestionamiento de sectores de la sociedad y a mí me parece que tenemos que curarnos en esto. El uso problemático de drogas es el emergente de realidades previas de las personas, relacionadas con ellas o sus entornos, familiares y comunitarios. Lo que tenemos que manejar ahí es la noción del vínculo. Que haya violencia de género es un dato de la realidad y, sin embargo, a nadie se le ocurre que la solución es prohibir las parejas. En el caso de las sustancias sí, para muchas personas la solución es prohibir la pareja. Es raro...
—¿Ese rechazo se relaciona con grupos definidos o es transversal?
—Cuando la norma se discutió en Uruguay, había un porcentaje que estaba en contra. Me imagino que eso se ha ido modificando, en el sentido de tener una mirada más favorable, pero no tengo datos. Creo que son transversales: que no se cortan por partido político u otras variables.
—Un prejuicio habitual es que la legalización estimula el consumo, ¿qué registro tienen?
—No hubo un cambio en el inicio de la edad de consumo ni tampoco se consume más desde más joven. Al contrario. Se incorporaron muchos consumidores de edad adulta. Ahora, en lo que respecta a la gráfica del consumo en el tiempo, no tiene un punto de quiebre. El aumento del consumo venía desde antes de la norma y siguió después. En todo caso, la crítica puede ser que no lo desaceleró. La pendiente es la misma que antes.
—Salvo el caso de Uruguay, Canadá y 15 estados de Estados Unidos que autorizaron el uso no medicinal, junto al autocultivo, la mayoría se queda en la primera etapa, la del placebo. ¿Es una decisión política?
—Para nosotros, en realidad, la primera etapa fue el debate sobre el uso adulto del cannabis. Lo otro vino casi como un anexo. Tal es así que empezamos a correr desde atrás. La clave fue que hubo un sinceramiento rápido en Uruguay en el sentido de que había muchos movimientos sociales que reivindicaban el uso adulto del cannabis y nos parecía que teníamos que abordar ese tema con mayor urgencia. Hubo quienes lo plantearon en términos de lucha contra el narcotráfico. En lo personal, pienso que el tema debe centrarse en los derechos y un efecto secundario es que le robemos el mercado. La lógica debe ser si el Estado le tiene que decir a las personas qué consumir y qué no.
—¿Se redujo la actividad del narcotráfico en Uruguay?
—Vinculado al cannabis, sí. Vinculado a otras drogas, no. Tenemos denuncias que se detectó cannabis uruguayo en la frontera con Brasil. No sabemos de dónde procede, suponemos que de cultivos ilegales, que los hay en Uruguay. Pero capaz que no, que es de gente que está haciendo las cosas mal.
—¿De qué modo se puede lidiar con ese mercado clandestino a escala sin afectar los derechos de quienes siguen las reglas?
—Es un riesgo y no debe ser permitido. Tenemos una dificultad respecto a cómo lo fiscalizamos. Pero no es lo mismo que un pibe ponga un kiosco y venda para la cuadra de su planta que una banda que contrata sicarios para matar. Las magnitudes son distintas.
— Tengo entendido que hay una idea de mayor industrialización pensando en el cannabis como uno de los grandes rubros de exportación para Uruguay...
—Es una de las indicaciones del Presidente de la República: tratar de ser agentes catalizadores para propiciar el afincamiento de inversiones, cultivos y todos los procesos que tiendan a agregar valor de forma tal de hacer del cannabis un rubro importante de exportación para el Uruguay. Ahí las expectativas varían: hay quienes dicen que esto puede ser de primer nivel pero yo diría que estoy un decibel por debajo. Puede crecer mucho pero no alcanzar el nivel de la carne, como dicen. Creo que los mercados más importantes del mundo son Canadá y Estados Unidos y es muy difícil entrar. Claro que, en nuestro caso, si entras un poquito ya nos mueve la aguja.
—¿Hay posibilidades de pensar en una asociación regional, con Argentina?
—Ojalá que sí. No está definido cómo juegan los actores si ni siquiera está definido el campo de juego. Falta ver el mercado brasileño, que es lo más grande que hay en América. Cuando se abra, podemos jugar todos o destrozarnos compitiendo porque va a querer exportar Colombia, Paraguay, Perú, Argentina, Uruguay... Dependerá de la cabeza que tengamos. Creo que va a haber espacio para que acordemos todos en una perspectiva de crecimiento en conjunto.
