Tras la contundente aprobación de la Ley de Fertilización Asistida en la Cámara de Diputados, con 204 votos a favor, diez abstenciones y uno en contra, los próximos 90 días serán cruciales. Es que ahora se discutirá la letra chica de la reglamentación de la nueva norma que permite el acceso gratuito a tratamientos de fertilización asistida. Y las palabras y números que allí se plasmen reflejarán las visiones y acuerdos que sumen el Estado, ONGs, especialistas en salud reproductiva y empresas.
Sebastián Gogorza, presidente de la Sociedad de Medicina Reproductiva consideró que la ley es un gran adelanto y que dos de las ideas que deberán guiar la reglamentación son la responsabilidad y la mayor tasa de éxitos en embarazos. “Hoy en Argentina acceden a tratamientos 250 pacientes por cada millón de habitantes, mientras que en Europa son mil por millón”. Esta doble duplicación implica discutir temas controvertidos como la edad de los candidatos o la cantidad de intentos y la complejidad y el costo de los tratamientos.
Las ONGs relacionadas con esta temática proponen la mayor apertura y cobertura posible. María Teresa Bravo, directiva de “Sumate a Dar vida”, explicó a PERFIL que ya pidieron al Ministerio de Salud que convoque a las asociaciones a participar y detalló algunas ideas: “Creemos que el límite de las prácticas debe rondar los 50 años y que no debe haber un mínimo tiempo de espera, porque cuanto antes se empiece hay más chances de éxito”. Bravo también propuso que se incluya a toda mujer menor de 35 años que intente embarazarse durante un año sin éxito y, si es mayor, que baste con seis meses de pruebas naturales. “También deben quedar cubiertos todos los tratamientos hoy reconocidos y los que surjan”, agregó.
Por su parte, Guillermina Pieroni, asesora legal de Concebir, aclaró que la ley es declarativa: “En la reglamentación tenemos que poner el qué, cuándo, dónde y cómo”. Otro punto que Concebir pide discutir son los porcentajes de cobertura de medicamentos y procedimientos que “deberían ser del 100%”. En cuanto a los límites de las prácticas manejan la idea de que se incluyan entre dos y cuatro de cada tipo (baja y alta complejidad) y que los límites de edad se fijen entre los 45 y 50 años.
Límites. Los médicos especializados tienen ideas similares, aunque marcan algunas diferencias mínimas. Fernando Neuspiller, director de la clínica especializada IVI, le dijo a PERFIL que “es necesario detallar la reglamentación de la ley para evitar situaciones puntuales complejas, como las que ya ocurrieron en Italia o la India, con sexagenarias embarazadas”. Y aclaró que será importante cómo determinar que la persona que pide tratamiento sea realmente infértil, ya que la ley no habla de la infertilidad como enfermedad. “También se debería formar alguna comisión de expertos y pacientes para determinar cómo resolver casos ‘fronterizos’. Por ejemplo, una mujer que exceda el límite de edad por unos meses, pero aún tenga altas chances de embarazo por sus condiciones físicas”.
Sergio Pascualini, director del Instituto Halitus, le explicó a PERFIL que deberían contemplarse entre dos y cuatro intentos para lograr embarazos, pero puso énfasis en que éstos deberían ser realizados en centros debidamente acreditados, que son los que obtienen mayor tasa de éxitos. También defendió la libre elección de la institución por parte de cada paciente. Por otra parte, para evitar abusos con el financiamiento –la sobreindicación de tratamientos– el experto propuso un sistema de auditorías que involucre al ministerio y a otras instituciones especializadas para evitar que el sistema colapse. A la hora de resolver los altos costos de algunas de las prácticas (que pueden llegar hasta $ 50 mil), su idea es –al menos con las obras sociales– desarrollar un mecanismo de reembolso similar a los que hoy ya se usan en patologías de alto impacto económico.
Críticas de las prepagas. Si bien la ley fue casi unánimemente bienvenida, algunos sectores hicieron críticas. “Nos pone contentos porque es una mejora para todos, pero faltó el debate sobre cómo se financiará, tanto en el sector privado como el público”, le dijo a PERFIL Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical. “No se hizo un análisis económico completo, ya que también habrá que usar otros servicios, como neonatología, y embarazos múltiples o partos prematuros. Todo eso sin que esté claro el origen de los recursos”. Algo parecido expresó Federico Díaz Mathé, director ejecutivo de Cimara, cámara que agrupa empresas de medicina privada, que afirmó que parecía una irresponsabilidad de parte de los legisladores sancionar una ley sin saber cómo se va a financiar.
Dudas sobre los embriones. Algunos temas y técnicas comprendidos por la nueva ley son complejos de resolver en el corto plazo. Por ejemplo, la criopreservación de embriones que no serán utilizados, pero que permanecerán congelados y sin que sus progenitores puedan decidir qué hacer con ellos (donarlos o destruirlos).
Sergio Pascualini de Halitus, también predijo que no cree posible que la ley actual pueda dar cobertura a la temática relacionada con el alquiler de vientres, ya que es un tema que –si bien médicamente es posible– no está jurídicamente resuelto y habrá que esperar a la futura reforma del Código Civil para poder considerarlo. Finalmente, lo más eficiente, aunque difícil, sería armar un sistema de atención mixto privado-público para tratar casos complejos sin duplicar esfuerzos y presupuesto.
