El grooming o ciber acoso es toda acción deliberada de una persona adulta para ganarse la confianza de un menor a través de internet con el fin de obtener concesiones de índole sexual. Desde esta semana existe en la Argentina una ley específica que tipifica y penaliza el delito del grooming, aprobada por unanimidad en el Senado nacional. Sin embargo, la nueva norma ha despertado severas críticas de ONGs, familiares de víctimas de acoso y de distintos legisladores que advirtieron que la flamante ley podría vulnerar derechos básicos y fomentar la ciber vigilancia.
La aprobada esta semana fue la versión original del proyecto de ley de septiembre de 2011, impulsado por las senadoras Sonia Escudero (Peronismo Federal) y María Higonet (PJ). Entre los principales puntos, la nueva ley propone penar “con prisión de seis meses a cuatro años al que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual”.
Ocurre que la ley aprobada en el Senado desestimó los cambios propuestos por el frente encabezado por los diputados Paula Bertol (PRO), Manuel Garrido (UCR) y Paula Gambaro (Peronismo Federal). Las modificaciones eran resultado de varias jornadas interdisciplinarias donde participaron padres, ONGs, especialistas en tecnología y derecho. Entre los principales cambios, se buscaba: bajar la escala penal adecuándola con los parámetros estipulados para el delito de abuso sexual; aclarar que el autor del delito debía ser mayor de edad y se proponía mayor especificación sobre la acción a penar.
Repercusiones. Al conocerse la aprobación, Manuel Garrido lamentó- el desprecio al trabajo de los diputados, y agregó que por sus errores técnicos y por violar principios constitucionales, la ley de grooming terminará siendo mal aplicada o directamente inaplicable. “Se incrimina al que toma contacto (con un menor) con una finalidad, con lo cual habrá una gran discusión para saber la finalidad que uno persigue cuando toma contacto a través de un medio electrónico, que puede dar lugar a interpretaciones realmente desmesuradas. Por ejemplo, permitiría también, por su vaguedad, que se persigan contactos por medios electrónicos usuales entre menores propios de una actividad sexual normal”, señaló el diputado. Por su parte, Paula Bertol, sobre las penas propuestas, agregó que “es un absurdo que la escala penal, de tomar contacto (con un menor), sea equivalente con el abuso sexual mismo”. Además, señaló, que otra cosa que se contradice con el Código Penal es que lo que hasta ahora era un delito dependiente de instancia privada, pasa a ser un delito de acción pública.
Bea Busaniche, representante de la Fundación Vía Libre, remarcó lo que considera las principales falencias de la nueva ley. “Las penas propuestas son desproporcionadas, no aclara edades a las que se refiere y se pena una intención y no un acto lo que traerá muchos problemas de aplicabilidad”, dijo Busaniche. Al mismo tiempo que alertó sobre una tendencia mundial que, persiguiendo fines en algunos casos nobles, favorecen a la ciber vigilancia de los usuarios vulnerando derechos básicos.
Por su parte, Claudia Roxana Dominguez, una de las madres de chicos víctimas de grooming, que participó activamente durante los debates y jornadas organizadas por el frente de diputados, celebró la ley como un importante primer paso. “Aunque hay mucho por hacer y mucho por cambiar, esto es un alivio. Yo estoy contenta porque con la ley al menos ya se habla de grooming en Argentina, algo que las familias que fuimos víctimas estamos investigando desde 2008 y recién ahora toma estado público”, le dijo a PERFIL. En las próximas semanas, se trabajará en la reglamentación de la ley de grooming y se esperan “ajustes” sobre la redacción aprobada. Serán los casos de ciber acoso plausibles de estar enmarcados dentro de la nueva ley, los que demostrarán su efectividad o no contra un delito que crece en Argentina
