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COLUMNISTAS / eugenio zaffaroni
sábado 10 marzo, 2018

Activista ideológico más que jurista

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Jaime Aparicio O.* y Ruben M. Perina**

Juez. Ahora, llama totalitarios corporativos a los gobiernos de Argentina y Brasil. Foto: na

Las instituciones del sistema interamericano de derechos humanos, la Corte y la Comisión (CIDH), han sido esenciales para la protección y defensa de la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica, especialmente en aquellos países donde las víctimas no tenían acceso a sistemas de Justicia sometidos a gobiernos autoritarios. El prestigio de la Corte y la Comisión en el pasado se debía a que sus jueces y comisionados, con pocas excepciones, fueron juristas independientes que examinaban los casos de violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos con una óptica jurídica y no ideológica.


Esto cambió con el advenimiento de gobiernos populistas/autoritarios que veían al sistema interamericano de derechos humanos con desconfianza. Los gobiernos de Argentina (los Kirchner), Brasil (Lula y Dilma), Bolivia (Morales), Ecuador (Correa), Nicaragua (Ortega) y Venezuela (Chávez y Maduro) intentaron debilitarlo bajo el pretexto de que el sistema requería “reformas.” Cuando esa estrategia falló, decidieron ir por la táctica del Caballo de Troya, a través de la elección  de activistas ideológicos como miembros de la Comisión y la Corte, con el objetivo de politizar el sistema interamericano y destruirlo desde adentro.


De esa manera, el ex presidente Lula da Silva colocó a Paulo Vanucci y Roberto Caldas, en la Comisión y la Corte respectivamente, ambos con la tarea de defender el proyecto político de la izquierda populista en Latinoamérica. El gobierno de Cristina Kirchner hizo algo peor, puso en la Corte al cuestionado juez Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema Argentina. Una extraña designación dada su trayectoria al servicio de la dictadura militar, como encargado por el general Jorge Rafael Videla del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal, hecho detallado en el diario Clarín por el entonces senador Rodolfo Terragno; además, por supuesto, de haber estado enredado en un caso de prostitución ilegal, como dueño de seis apartamentos utilizados para burdeles vip, que no llegó a juicio político gracias a la mayoría kirchnerista en el Poder Legislativo.  


Ahora, desde su posición de juez de la Corte Interamericana, Zaffaroni tiene el descaro de llamar “totalitarios corporativos” a los actuales gobiernos de Argentina y Brasil, y los señala como parte de “una nueva fase del colonialismo para barrer con los Estados de bienestar creados por los gobiernos populistas”, expresando su deseo de que se vayan lo antes posible, en una actitud poco democrática e inapropiada para un juez de la Corte. Zaffaroni ha resultado no ser un jurista, sino un activista político al servicio de líderes autoritarios y corruptos. En el caso de Bolivia, es escandaloso que Zaffaroni, aparezca ahora como asesor de Evo Morales en temas que eventualmente pueden ser objeto de litigio o de consulta en la propia Corte.


En abril del año pasado, el ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, anunció desde Buenos Aires que el gobierno boliviano conformó un equipo jurídico internacional para acompañar la reforma del sistema judicial, integrado, entre otros, por Eugenio Zaffaroni, para emprender un “proceso de revolución de la Justicia boliviana”.  Tiempo después, ya sabemos que “la revolución” resultó ser una confabulación legal para asegurar la reelección inconstitucional de Morales, rechazada por la población en el plebiscito del 21 de febrero de 2016. Con el asesoramiento de Zaffaroni y de otros activistas de la izquierda internacional, el gobierno boliviano fabricó dos argucias legales: primero, utilizar un fallo inconstitucional del Tribunal Constitucional para permitir la reelección indefinida. Segundo, buscar eliminar a la oposición, a través de una legislación penal cuyo objetivo era criminalizar el disenso, utilizando el modelo legal cubano: “Todo con la revolución, nada contra la revolución”.  
Con un mínimo de decencia, nadie puede negar que aquí hay un caso serio de conflicto de intereses y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que separar de esta institución al señor Zaffaroni.


* Ex miembro y presidente del ComitéJurídico Interamericano.   
**Profesor de la George Washington University.


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