Vemos la estructura de ingreso familiar a nivel nacional durante este gobierno medida por el INDEC. Es el último dato disponible.
Sobre esta estructura de ingresos, por ejemplo, se aplicará la “corrección tarifaria”.
Es evidente que un ingreso promedio familiar de $96.957 no parecen admisibles correcciones tarifarias, sin merma importante del ingreso destinado al consumo y eso ralentizará el crecimiento económico.
Se nos dirá que está pensado aplicar una tarifa social. El esquema de segmentar suponiendo que sacamos totalmente el subsidio sólo al decil más alto de ingresos, hace que un hogar cuyo ingreso sea el de un trabajador bancario o un matrimonio de docentes, paguen la tarifa al 100%, igual que un empresario con ingresos millonarios en su casa de Acassuso. No parece justo.
Obsérvese adicionalmente que los ingresos familiares crecieron en promedio de un 61,7% en el lapso comprendido entre el primer trimestre 2020 y el tercer trimestre 2021, mientras la inflación acumulada en igual período fue de 80,4% a nivel general y un incremento de alimentos y bebidas de 81,6%.
Esta es la situación de ingresos familiares realmente existente al momento de firmar el nuevo acuerdo con el FMI, es obvio que exigir corrección de tarifas sobre el conjunto de la estructura social es una imposición del organismo de crédito improcedente. Sin embargo, se hará.
Sucede que se privilegia el pago de la deuda que el país mantiene con los sectores de poder, incluidos los organismos de crédito internacionales.
Nada se dice o muy poco sobre la otra deuda, la social, que supone que hoy el 60% de la población resida en hogares con ingresos apenas superiores a una línea de pobreza para un hogar de cuatro miembros.
Sin embargo, la deuda social produce efectos tanto o más contundentes que la contraída – muchas veces delictivamente- por el Estado nacional con los sectores de poder.
Al respecto y analizando la problemática ya no económica sino político social que históricamente se abre tras la firma de acuerdos con organismos de crédito recordemos que el efecto central de la crisis desatada mediante acuerdos con el FMI en el fin de la convertibilidad –además del paisaje socioeconómico desolador, donde el 27,6% de la población argentina quedó en la indigencia– fue el colapso del vínculo entre representación política y ciudadanía, plasmado en el “que se vayan todos”.
Néstor Kirchner reconstruyó los puentes con las grandes mayorías. “Kirchner recompuso la autoridad presidencial”, se reconocía.
A dos décadas de aquel desastre, el gobierno impulsado por la toma de deuda impagable que realizara el gobierno de Mauricio Macri, vuelve a transitar el largo y sinuoso camino de acordar el diseño de política socioeconómica con el FMI.
Sabemos por experiencia propia y ajena que entre las consecuencias no escritas de acordar con el FMI está el manejo del sistema de decisiones políticas.
En Grecia, la denominada “troika” (Banco Europeo, Comisión Europea y FMI) hasta obligó al premier Alexis Tsipras a desconocer el referendo popular rechazando la continuidad de las políticas de austeridad y el rescate propuesto por los acreedores. Desencadenó así una profunda doble crisis –de gobierno y partidaria en Syriza que se quebró–, precipitando el recomienzo del ajuste neoliberal, ruinoso para la economía y el pueblo griego.
En Brasil, Dilma Rousseff, entregó la economía al sector financiero encarnado por Joaquim Levy –banquero y ex funcionario del FMI–, que obligó a profundizar políticas ortodoxas. Sucedió una fuerte crisis económica, en el PT y caída vertical del poder y la popularidad de Dilma, que asumió con 70% de aceptación para, en menos de 24 meses, caer a un dígito.
Al respecto señalaba Gilberto Maringoni, profesor de la Universidad de San Pablo: “El ajuste dejó de ser una opción para el gobierno. Es su propia razón de ser. Si el ajuste termina, el gobierno cae. La contracción, los recortes, el brutal superávit y toda la catilinaria del neoliberalismo heavy metal –que Dilma acusó a Aécio Neves de querer implantar– llegó para quedarse. No es Dilma quien nos gobierna. Es el ajuste”.
¿Alberto Fernández será la excepción a esta regla?
¿Presenciaremos en cada revisión trimestral vinculante la profundización del ajuste socioeconómico y la inevitable licuación del poder político?
¿Permanecerá unido el FdT?
¿Nos gobernará el ajuste?
*Director Consultora Equis.
