Según la opinión de 13 de los 14 jueces de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, cuando Uruguay decidió autorizar la construcción de la pastera Botnia y de un puerto afiliado, incurrió en la violación de los deberes que le impone el Tratado celebrado con la Argentina vigente desde 1975, cuyo objeto es asegurar la calidad de las aguas de un río compartido. También transgredió preceptos básicos del derecho internacional ambiental, poniendo en riesgo el bienestar de las comunidades adyacentes. Estas violaciones se materializaron ignorando los sucesivos esfuerzos hechos por Argentina. Años atrás, alguien (cuyo nombre he olvidado) me dijo que había dejado todo para ir a vivir al paraíso que era Gualeguaychú; no he podido olvidar ni esas palabras ni aquel rostro.
El 9 de octubre de 2003, el Ministerio de Vivienda del Uruguay autorizó a la empresa española ENCE la construcción de una pastera –violando por primera vez el Estatuto del Río Uruguay, al no consultar previamente como debía a la Comisión Administradora del Río (CARU)–. Ese mismo día, el entonces presidente Jorge Batlle se reunió con su par argentino Néstor Kirchner. En tal encuentro se comprometió a “no liberar la autorización del contrato”. Acaba de declarar que si se hubiese hecho lo que determinó la Corte de la Haya no se habría construido la pastera. No es un hombre que inspire confianza, pero ¿resulta reprochable haberle creído?
Cuando el 14 de febrero de 2005 Uruguay violó nuevamente el Estatuto, al autorizar la realización de la planta proyectada por la empresa Botnia, había acordado con anterioridad la consecución de una iniciativa de tres escalones, que comenzaba con la provisión de información por la parte uruguaya, continuaba (si ésta era aceptada) con la supervisión argentina de la construcción de las plantas y finalizaba con un monitoreo conjunto del río. Este plan hubiera evitado lo que continuó, pero no pudo llevarse a cabo porque Uruguay incumplió la primera parte, con lo cual los siguientes pasos no pudieron materializarse. La actitud del país vecino fue enérgicamente reclamada en la Cumbre de Jefes de Estado Miembros del Mercosur (Puerto Iguazú, julio 2004), en la Reunión de Cancilleres del grupo de Río (Brasil, agosto 2004) y en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (San José de Costa Rica, noviembre 2004).
Cuando el 5 de mayo de 2005 se reunieron nuevamente Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner para crear el Grupo Técnico Bilateral de Alto Nivel, integrado por expertos gubernamentales y académicos, además de representantes del gobierno de Entre Ríos y de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, se verificó un nuevo incumplimiento por parte del país limítrofe al autorizar unilateralmente la construcción de un puerto para la planta de Botnia. Hacia fines de 2006 el grupo concluyó sus tareas sin la información indispensable.
Agotadas tanto las instancias como los interlocutores, se decidió recurrir a la Corte Internacional de Justicia con el acompañamiento del Congreso de la Nación. Los arqueológicos diputados que ahora piden rendición de cuentas por el resultado judicial deberían releer las versiones taquigráficas de entonces.
La controversia con Uruguay es un episodio triste que el Gobierno argentino trató consistentemente de evitar. Esto vale para quienes afirmaban –sin explicar cómo– que había que dejar atrás el problema inmediatamente, “porque así lo exigía la calidad de la relación con nuestros vecinos”.
¿Por qué Uruguay, “país natural”, se negó a dar información básica sobre cuestiones que tienen que ver precisamente con el cuidado de la naturaleza? Mi respuesta personal es que no la dio porque no se puede dar lo que nunca se tuvo. Para fundamentar esta apreciación me baso entre otros motivos en lo expresado por el fiscal letrado en lo Civil de Tercer Turno domiciliado en Montevideo, doctor Enrique Viana, quien en una demanda contra el Estado uruguayo sostuvo que “…la demandada no evaluó, en forma y por sí misma, los múltiples impactos ambientales que ocasionan estas industrias. En primer lugar, no lo hizo porque (...) carecía de los conocimientos científicos y empíricos para hacerlo”. A esto deben añadirse las condiciones extremas a que obligan a Uruguay el acuerdo de protección de inversiones extranjeras suscrito con Finlandia en 2002, el “humillante tratado”, según las palabras del diputado oriental Ricardo Castromán. ¿Qué se estaría diciendo y escribiendo por estas costas si un decidido fiscal compatriota se expresara en términos semejantes acerca del comportamiento de nuestro Gobierno?
Las ideas que el Gobierno argentino puso en práctica fueron las que técnicamente debía materializar. Todas las iniciativas –provinieran desde donde provinieren– que ayudaran a superar este diferendo fueron bienvenidas. Hasta ahora, no se escucharon otras diferentes y más idóneas que las puestas en práctica.
Palabras más, palabras menos, ésta fue la posición argentina, dicha y escrita desde que se inició el conflicto. El pasado 20 de abril, la Corte Internacional de Justicia observó que el Uruguay “incumplió” las normas procesales previstas en los artículos 7 a 12 del Estatuto, que imponían la obligación de realizar consultas previas a dar la autorización para que la planta se instalara y desestimó “todas las otras demandas presentadas” (entre las que se incluía la que buscaba relocalizar la planta de pasta celulosa), al considerar que “no hay motivos subsistentes para ordenar el cese” de las operaciones.
La Argentina, lejos esta vez del estereotipo que se le suele asignar, prefirió en su relación con el país hermano eventualmente “ser embaucada” (como afirmó una esférica lumbrera aborigen) que embaucar; insistió en su razón y en su derecho de buena fe y profesionalmente. El mundo progresa sobre la verdad, la justicia y la paz. Sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay paz. Las instalaciones de Botnia siguen en pie y es natural que haya compatriotas que sientan que esto es un agravio. Lo dije muchas veces: nada tengo que decir ni aconsejar a la Asamblea Ambiental de la que tanto aprendí durante años. Apenas reflexiono en voz alta: ojalá que Uruguay y Argentina tengan a partir de ahora dosis crecientes de verdad, de justicia y de paz. “Estará en quienes deban hacer prevalecer las razones por sobre las naturales pasiones, lograr que aquéllas sean más sólidas, comunes y duraderas.”
