En un castellano bien hablado, se le dice prócer a alguien “eminente, elevado, alto”. El término también puede funcionar como sujeto, siempre que se hable de una “persona de la primera distinción o constituida en alta dignidad”. Según la Real Academia, y contrariamente a lo que suele creerse, para ser un prócer no hace falta haber muerto con las botas puestas en el Siglo XIX ni tener la mirada hueca de un busto de mármol. Ni siquiera se impone como requisito cuestión alguna de género, pese a que la palabra prócer carece de un modo femenino diferenciado. No temamos decir, entonces, que Hebe de Bonafini es una prócer. El problema es que ella misma lo siente así y actúa como tal. Y que el diccionario nada sugiere acerca de que un prócer es aquel que siempre tiene la razón, hasta ser la razón misma.
Poco y nada han ayudado a la razonabilidad de nuestra prócer de los derechos humanos sus amigos Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Duchos ambos en el arte de manipular la historia y tratar como lacras obsoletas a quienes piensen distinto, convirtieron a la irascible Hebe en un arma filosa destinada a cortar la realidad sin sutilezas quirúrgicas por la línea de puntos que separa al bien del mal (en sus versiones bolivariana y/o pingüina, claro).
Reivindicada por Kirchner y estimulada moral y materialmente por Chávez, la mítica conductora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo ahora se ha propuesto convencer al mandatario argentino de que debe hacer algo parecido a lo que hizo su socio venezolano para poner en caja al que consideran un enemigo común a niveles continentales: los medios de comunicación.
El viernes 23 de marzo, horas antes del acto oficial en lo que fuera el campo de concentración La Perla, Bonafini presentó a Kirchner los 21 puntos del proyecto de Ley de Radiodifusión que promueve para “desterrar la concentración impuesta por la dictadura” al promulgar la normativa hoy vigente, en 1980. En sus tramos conceptuales, la Ley Hebe propone la “democratización de la información”, la creación de una Defensoría del Público y la mayor participación de cooperativas y organizaciones sin fines de lucro en el panorama mediático nacional.
Se trata de una apretada síntesis de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que rige en Venezuela desde hace un año y medio, y que el chavismo prefiere llamar por su curiosa abreviatura: Ley Resorte. Según la ya citada Real Academia Española, un resorte es un “medio material o inmaterial de que alguien se vale para lograr un fin”.
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¿El poder es un fin o es un medio? ¿O es un fin y, a la vez, un medio para conseguir más poder?
Dejemos planteado el acertijo y veamos que quiere decir “democratizar”, “defender al público” y dar “más espacio a los sectores sociales e independientes” en el manejo de los medios de comunicación allí donde ya se aplican esos principios, como en Venezuela.
Todo bajo control. Al amparo de la Ley Resorte, el chavismo está realizando una verdadera revolución mediática cuyo eje es el programa Aló, presidente, que el propio Hugo Chávez comanda una vez por semana, haciendo las veces de director supremo de un holding informativo estatal y paraestatal desplegado desde el recién rebautizado Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MINCI).
El MINCI, bajo el mando de William Lara (ex jefe de campaña de Chávez y uno de los principales promotores del partido único bolivariano, cuya construcción va viento en popa), se consolidó en el último año como un mega-comisariado, capaz de intervenir sin ningún complejo en los contenidos periodísticos y publicitarios de los medios de comunicación. Además, controla y financia una red de “medios alternativos y comunitarios” integrada por más de 300 emisoras radiales y televisivas, periódicos y páginas web.
En Venezuela no existe un “Defensor del Público” como promueve la Ley Hebe para la Argentina, sino algo más potente aún: el gobierno chavista (a través del mismo MINCI) estimula la creación de “comités de usuarios” y “foros itinerantes” que complementan aquella red. Los componen efusivos militantes bolivarianos encargados de fiscalizar todo aquello que es publicado o sale al aire, para denunciarlo de inmediato si se advierte que escapa a lo que el Ministerio considera la “verdad que corresponde” (ver www.minci.gov.ve/ministerio/15/3).
No se equivocan quienes responsabilizan de esta impresionante movida a los grandes medios privados venezolanos. Su papel protagónico en cuanto intento desestabilizador o golpista se produjo desde la llegada de Chávez al poder, justifica a los hombres del comandante a la hora de explicar que “más que acotar los márgenes de libertad se están agrandando los de la justicia”. Un ex embajador argentino, antichavista él y recién llegado de Caracas, me decía esta semana: “Chávez debería hacerles un monumento a los dueños de los grandes medios”.
Ningún medio argentino trabaja o ha trabajado para desestabilizar a Kirchner. Mucho menos para un golpe. Sin embargo, tan deseoso de quedarse en la Casa Rosada como tiene planeado hacerlo su colega en el Palacio de Miraflores, el presidente argentino ha dado ya más de una muestra de lo poco que le gusta el tratamiento que recibe de la prensa. Y así, sin excusas de peso en el presente, suele meter o hacer meter al periodismo crítico en la oscura bolsa del pasado.
En esa lógica encaja el proyecto de nuestra prócer, quien no ha tenido ningún problema de ejercer su concepto de “defensa del público” impidiendo el acceso de periodistas al acto de Chávez en Ferro.
