La Argentina no participa de ejercicios militares con –entre otras– las fuerzas aéreas de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela y Uruguay por temor a que le embarguen sus aviones, como sucedió con la fragata Libertad en Ghana. Entretanto, Guillermo Moreno es sólo una anécdota para Fernando Navarro, tenaz espadachín mediático del Gobierno. Según Navarro, el kilo de pan que se vende a 24 pesos debe ser entregado a 10 pesos. Dice que la diferencia deriva de la avidez de los formadores de precios para meter la mano en los bolsillos del pueblo.
El mismo gobierno que confirma la obsolescencia casi total de una Fuerza Aérea que fue orgullo del país y combatió dignamente en 1982 durante la Guerra de Malvinas ahora encontró polvorientas listas negras confeccionadas hace casi cuarenta años. Durante los diez años y medio de gobierno, el kirchnerismo nunca se abocó a tamaña hazaña arqueológica. Las gestiones de José Pampuro, Nilda Garré y Arturo Puricelli precedieron a la actual de Agustín Rossi.
El vínculo enfermizo con un pasado remoto es la clave del proceder oficial. Hace ya dos meses que un pequeño grupo, que nunca supera las cuatro/seis personas, mantiene enrejado a la fuerza el local de la Casa de Córdoba en Buenos Aires, en Callao y Corrientes, con un “acampe” patético, debidamente custodiado y preservado por la Policía Federal con varios patrulleros, por lo cual tres carriles de la supercongestionada avenida están cerrados al tránsito. Los acampantes dicen ser “asambleas del pueblo” y piden por la libertad de condenados por la Justicia cordobesa por haber incendiado los tribunales de Corral de Bustos. No es el único “acampe” protegido por fuerzas federales de seguridad. Hay otros en Plaza de Mayo y en la Plaza del Congreso. El ciudadano anónimo resopla ante una realidad laberíntica, pero la asume con resignada naturalidad: es lo que hay. Nadie sabe bien por qué y, sobre todo, para qué, pero, tras una década de “recuperación” del Estado, el espacio público está más privatizado que nunca en la Argentina. Lo mismo sucede con el caos cotidiano de la avenida Dellepiane o de la autopista Illia, sistemáticamente bloqueadas por los cortes de habitantes de villas que exigen planes y otras facilidades.
No es la Argentina un país que se sorprenda de la reiteración de los disparates cotidianos, como los paros sorpresivos en las líneas de subte de Buenos Aires, que así como estallan se evaporan y “arreglan”. Todo continúa normalmente, sin sanciones. También se convalida el escándalo legal y moral de los extorsionadores callejeros tiernamente llamados “trapitos”, actividad infractora grave y en la que es imposible no ver la tolerancia o el visto bueno del Gobierno, abrazado a la ideología de no “judicializar” la pobreza, como si esos “trapitos” no estuviesen encuadrados y explotados por organizaciones con cobertura judicial y/o policial. Días atrás, dos “trapitos” se cruzaron a cuchillazos junto al Zoológico, y uno asesinó a su rival, esfumándose sin dejar rastro.
Gran parte de la vida cotidiana del país permanece detenida en el tiempo y no se entiende bien por qué, como tampoco se puede comprender la sucesión encadenada de bochornosas fugas carcelarias, cada vez más comunes y reiteradas, años después de que el delirio setentista de La Cámpora pusiera en pie de guerra santa a sus “vatayones” (sic) militantes.
Suprimida la racionalidad más obvia, la agenda cotidiana argentina se despliega como eterno zigzagueo de vacíos de sentido y mentiras flagrantes que cortan la respiración. ¿Puede convencer a alguien el argumento oficial de que los viejísimos aviones de guerra argentinos serían embargados por Brasil? ¿Se puede alegar impávidamente que no hay aumentos de precios y que por ende la inflación “no es un problema”? ¿Es capaz el grupo gobernante de hacer creer que su visceral “garantismo” carcelario ha rendido buenos resultados? En suma, la sociedad, o al menos el Gobierno, se muestran enemistados con el principio de la verdad inexorable. Intoxicado tras haberse empachado de relatos, el país deglute uno detrás del otro los atropellos más descarados a la verdad fehaciente. Si ha sido la década de las estadísticas crudamente pulverizadas, ¿puede acaso haber otro sinónimo más obvio y escandaloso de negación de la realidad?
Lo sucedido con el fallo de la Corte por la Ley de Medios resume mejor que nada la espesa sopa de semiverdades, semimentiras y argucias retóricas que cruzan el galimatías argentino. Si el Gobierno libró tamaña batalla al solo efecto de herir de muerte a un poderoso grupo privado, las oposiciones al oficialismo han estado balbuceando desde hace años ante el caso. El discurso oficial fue curiosamente eficaz con quienes deberían haber visto desde el primer día la naturaleza esencialmente autoritaria de un mecanismo de control. Prevaleció, en cambio, la ilusión óptica y se devoraron en gran medida durante la jerigonza de “democratizar la palabra”. Es monumental la penetración del relato del grupo gobernante, como ya se verificó con la patraña de la “comisión de la verdad” con Irán, cuyos resultados están a la vista.
El grupo gobernante maneja con maestría la alquimia política, ideológica y mediática. La leyenda medieval del plomo convertido en oro y el veneno en pócima mágica tiene ahora mismo sabor nacional y popular. La palabra es poderosa, la realidad es lo de menos.
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